El modelo pedagógico de los profesionales que detectan dificultades en el desarrollo de 0 a 3 años, en jaque ante la nueva normativa horaria de Educación

El futuro de la atención a los menores de 0 a 3 años en Baleares se encuentra en un punto de inflexión. Así lo ponen de manifiesto una serie de documentos internos, actas de reuniones y testimonios técnicos de la comisión redactora original a los que este medio ha tenido acceso, que evidencian la creciente fractura entre la Conselleria de Educación y Universidades y los profesionales de los Equips d’Atenció Primerenca (EAP). La documentación, que incluye análisis sobre el impacto del servicio y advertencias de expertos, alerta de que la propuesta de nueva normativa horaria impulsada por la Dirección General amenaza con desmantelar un modelo pedagógico consolidado tras años de consenso.

El 16 de abril, las directoras de los EAP mantuvieron una reunión con el conseller Antoni Vera y la Directora General de Primera Infancia, Neus Riera, para expresar su rechazo "ante la inminente publicación de la nueva normativa de horarios de los equipos". Según cuentan los allí presentes, la respuesta de la Conselleria "fue negativa, a pesar de las recomendaciones realizadas por expertos en esta etapa educativa".

"Esta falta de receptividad por parte de la administración ha generado una profunda preocupación", señalan los afectados. Y es que, según detallan los informes técnicos consultados, el borrador presentado "ignora las necesidades operativas reales de un servicio que se sustenta en el trabajo interdisciplinar y la supervisión de casos complejos", explican. Los profesionales sostienen que "el reparto de las horas es una medida poco efectiva, que no optimiza los recursos e imposibilita la formación y la mejora del servicio de los EAP hacia las escoletes".

Pérdida de especialización

La preocupación central de los equipos radica en la desaparición de los espacios de coordinación interna. Los testimonios recogidos en los expedientes advierten que el modelo actual es "un referente en el estado por la base teórica que lo sustenta". Sin embargo, la nueva normativa impone una carga lectiva que impide el encuentro necesario entre los miembros de los equipos. "Si los equipos no se pueden encontrar, ¿cómo harán su trabajo? ¿Cómo aprenderán los unos de los otros? ¿Cómo acompañarán a los nuevos miembros?", se cuestionan los redactores del modelo original, quienes señalan que la especialización es "fruto de compartir experiencias, estudiar casos y formarse entre iguales".

Los documentos entregados a Vera también ponen el foco en la falta de justificación técnica. En las reuniones mantenidas recientemente, los profesionales han expresado su malestar por el hecho de que se estén tomando decisiones de gran calado "sin ningún estudio previo ni evidencia que avale el impacto sobre la detección precoz y la inclusión educativa". Para el sector, este vacío de análisis es "una temeridad", dado que la etapa de 0 a 3 años es un periodo -dicen- "crítico en el que una intervención rápida y especializada puede marcar una diferencia determinante para el desarrollo futuro del niño".

Pulso entre "equidad" y rigidez administrativa

La Directora General de Primera Infancia ya defendió en su momento ante este diario la reestructuración bajo el argumento de la "corresponsabilidad" para ganar horas de presencia física en las aulas. Sostiene que la medida busca equiparar a los EAP con otros servicios de orientación. No obstante, voces expertas en la materia han replicado este argumento desde los documentos técnicos. Argumentan que el concepto de equidad se malinterpreta en este contexto, ya que "la equidad debería ser la adaptación de la norma jurídica a las particularidades de cada caso, y no puede ser un argumento para uniformar" de manera rígida un servicio que, por su propia naturaleza clínica y pedagógica -explican- requiere de una flexibilidad que la nueva propuesta pretende anular.

El impacto en las familias es otra de las grandes preocupaciones que atraviesan los escritos. La normativa vigente reconoce a los padres como protagonistas, algo que, según los profesionales, exige un acompañamiento basado en la escucha, la confianza y la flexibilidad horaria. Los documentos advierten que, con la imposición de cinco horas lectivas diarias fijas, el seguimiento de las familias será "prácticamente imposible" de llevar a cabo, perjudicando especialmente a las personas con mayores necesidades de apoyo y mayor precariedad laboral.

La exigencia de una escucha "real"

La controversia normativa también se extiende a la seguridad jurídica. El análisis técnico al que este diario ha tenido acceso sostiene que la resolución es un "acto administrativo de rango inferior" que no tiene capacidad para derogar la Orden 4/2023, la cual sigue vigente y garantiza otras condiciones laborales y funcionales. Esta discrepancia añade incertidumbre a un colectivo que, pese a todo, mantiene la mano tendida.

A pesar de que la Conselleria ha pospuesto la aplicación de los cambios hasta septiembre de 2026, el sector insiste en que el tiempo ganado debe servir para revisar la propuesta. Más de un centenar de profesionales, junto a plataformas de familias y asociaciones de atención a la discapacidad, exigen a la administración que abandone la imposición y promueva un estudio riguroso antes de implementar cualquier modificación. "La infancia merece profesionales fiables y supervisados; no queremos ser gente dispersa que hace de auxiliares, queremos ser el equipo especializado que detecta a tiempo lo que nadie más ve", concluyen los documentos.

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