El PP, obligado a abrir una nueva negociación con Vox para salvar sus enmiendas a la ley ómnibus

El PP de Marga Prohens vuelve a depender de Vox para sacar adelante sus enmiendas a la ley de aceleración de proyectos estratégicos, la conocida como ley ómnibus. La formación liderada por Manuela Cañadas advierte de que no dará su apoyo a las propuestas registradas por los ‘populares’ hasta que no se abra una nueva negociación y subraya que este proceso queda desvinculado del acuerdo alcanzado hace unas semanas. En la práctica, esto obliga al PP a sentarse de nuevo a pactar el contenido de unas enmiendas que ya han sido presentadas en el Parlament sin el aval de su socio preferente.

Las enmiendas registradas por los ‘populares’ buscan introducir cambios de calado en el modelo administrativo de la comunidad, con el objetivo declarado de reducir la burocracia y agilizar tanto la actividad económica como la prestación de servicios sociales. Una de las enmiendas más importantes busca blindar la amnistía urbanística en rústico para conseguir que no sea declarada inconstitucional. Sin embargo, su aprobación queda ahora condicionada al visto bueno de Vox.

Uno de los ejes principales del paquete es la ampliación del uso de las declaraciones responsables y las comunicaciones previas, un mecanismo que permitiría a ciudadanos y empresas iniciar actividades sin esperar autorizaciones administrativas sujetas a trámites largos. El modelo, según el PP, se basa en un principio de confianza con control a posteriori por parte de la administración.

A cambio, los ‘populares’ plantean endurecer el régimen sancionador en los casos de falsedad o incumplimiento, incluyendo la posibilidad de sustituir la actividad del infractor. Además, pretenden que estas declaraciones responsables no solo sirvan para iniciar actividades, sino también para sustituir documentación en distintos procedimientos administrativos.

Otro de los elementos clave es la introducción de la llamada colaboración social administrativa, que permitiría a entidades como colegios profesionales o cámaras de comercio verificar documentación, emitir certificaciones y validar requisitos técnicos. De este modo, la administración podría considerar completa una solicitud desde el primer momento si está avalada por estas entidades.

En el ámbito de la atención a la ciudadanía, el PP propone una reorganización del sistema que diferencie entre oficinas de registro, como puntos de entrada general, y oficinas especializadas por ámbitos. El nuevo modelo incluiría también un registro de funcionarios habilitados para asistir a los ciudadanos en trámites electrónicos, desde la identificación hasta la firma digital.

También quedarían fuera, en caso de no haber acuerdo,varias iniciativas en materia de vivienda como elevar el umbral del precio de la vivienda que permite optar a ayudas públicas, que pasaría de los actuales 307.000 euros a 331.000 euros en Mallorca y Menorca, o la bonificación del 50% en el impuesto de transmisiones patrimoniales y en actos jurídicos documentados en la compra de Viviendas de Precio Limitado.

Acuerdo anterior

En el acuerdo firmado hace unas semanas entre PP y Vox sí se incorporaban reformas de calado que siguen su tramitación y que, a diferencia del nuevo paquete, ya cuentan con respaldo de ambos partidos. En política lingüística, se pactó la posibilidad de eximir del requisito de catalán en la función pública en casos de falta de aspirantes, con un margen posterior para acreditar el nivel exigido. En educación, también se introducen excepciones en este requisito para especialidades docentes de difícil cobertura.

En el ámbito social, el pacto incluye una reforma profunda de la Renta Social Garantizada (Resoga), con la exigencia de un mínimo de tres años de residencia legal en Baleares, un endurecimiento de las condiciones de acceso y un refuerzo del régimen de control y sanciones. Asimismo, en vivienda, ambas formaciones acordaron la creación de una Oficina de Atención a las Personas Afectadas por la Ocupación Ilegal, orientada a prestar asistencia, mediación y coordinación institucional.

Sin embargo, el nuevo bloque de enmiendas registrado ahora por el PP, centrado en la simplificación administrativa, la ampliación del uso de declaraciones responsables, la reorganización de la atención a la ciudadanía o la agilización de servicios sociales, no formaba parte de ese acuerdo previo. Vox exige renegociar este segundo paquete antes de dar su apoyo, lo que obliga al PP a volver a sentarse a pactar si quiere garantizar la aprobación de sus propuestas.

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