Vox apuesta por retirar ayudas públicas a ONG como Cáritas por su apoyo a la regularización: "Viven del negocio millonario de la inmigración"

La portavoz de Vox en el Parlament balear, Manuela Cañadas, ha defendido este lunes la eliminación de las ayudas públicas a organizaciones como Cáritas, al considerar que "viven del negocio millonario de la inmigración", en referencia directa a su respaldo a los procesos de regularización. Sus declaraciones se producen tras el acuerdo alcanzado entre Vox y el Partido Popular en Extremadura, que incluye una revisión del destino de fondos públicos vinculados a entidades de la Iglesia.

Las críticas de Vox se dirigen de forma explícita a Cáritas, entidad de la Iglesia católica con una amplia implantación en el ámbito de la asistencia social, después de que esta haya mostrado su apoyo a procesos de regularización de inmigrantes en situación administrativa irregular. Para Cañadas, este posicionamiento refuerza un sistema que considera fallido y que, según su diagnóstico, genera "colas en oficinas municipales" para obtener el informe de vulnerabilidad, presión sobre los servicios públicos y un "colapso administrativo" en distintos niveles de la administración.

En esta línea, ha defendido que esos recursos deberían reorientarse hacia políticas de retorno o cooperación en origen. "Cuando estos millones de euros que nos cuesta la inmigración ilegal se destinan a supuestas ONG o empresas que viven de este drama, ese dinero tendría que emplearse en pagar billetes de vuelta a sus países o en ayudar a que no exista ese efecto llamada", ha afirmado.

Por su parte, la portavoz adjunta del PP, Marga Durán, ha defendido la labor del tercer sector, subrayando la colaboración constante de las entidades con el Govern. En este sentido, recuerda que la consellera de Servicios Sociales, Sandra Fernández, se sentó la semana pasada con representantes de estas entidades, que "día a día ayudan a las familias vulnerables", por lo que destaca que tanto Cáritas como el conjunto del tercer sector "realizan una labor encomiable, trabajando mano a mano con el Govern para garantizar la prestación de servicios a quienes más lo necesitan".

Hace unas semanas, Cáritas publicó un comunicado bajo el título Regularizar por dignidad y justicia social en el que mostraba su apoyo a la medida: "En Mallorca, como en el resto de España, muchas personas migrantes forman parte de nuestra vida cotidiana. Trabajan, cuidan a personas mayores, participan en la comunidad y tienen niños en las escuelas. Pero una parte importante de ellas no dispone de autorización administrativa para residir y trabajar en el país. Ante esta realidad, Cáritas apoya la propuesta de una regularización extraordinaria de personas migrantes; un instrumento que ya se ha utilizado en varias ocasiones en España y en otros países europeos para dar respuesta a situaciones sociales consolidadas que el sistema ordinario no ha podido resolver".

También explicaba que la organización ha puesto en marcha un conjunto de charlas informativas en Palma y en la Part Forana para informar a participantes y población en general sobre los detalles del proceso de regularización, sobre todo para detallar qué tienen que preparar como documentación a presentar de cara a la regularización. "Desde Cáritas se considera que una regularización extraordinaria puede representar un cambio profundo en la vida de muchas personas. Disponer de una autorización administrativa permite acceder a un trabajo digno, cotizar, contribuir al sostenimiento de los servicios públicos y planificar un proyecto de vida con estabilidad. También facilita el acceso a servicios esenciales como la sanidad, la educación o la vivienda y reduce el riesgo de explotación laboral o discriminación", apuntaban en el comunicado.

Todo empieza con Aznar

La portavoz de Vox ha insistido en que la política migratoria actual responde a una "arquitectura del efecto llamada" que, a su juicio, se ha consolidado durante décadas con la participación de PP y PSOE. "Llevamos 25 años generando este modelo y ahora vemos sus consecuencias", ha señalado, recordando que durante los gobiernos del PP de José María Aznar se sentaron las bases del sistema de inmigración actual en España, incluyendo la introducción de figuras de regularización por arraigo y normativas sobre reagrupación familiar. 

En su intervención, ha vinculado directamente la inmigración irregular con problemas de seguridad, presión a la baja sobre los salarios y saturación de servicios como la sanidad o la administración local. "Son políticas irresponsables que pagan los ciudadanos", ha afirmado, al tiempo que ha defendido que Vox es "el único partido que habla con claridad sobre este tema".

Cañadas también ha criticado el sistema de reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas, al considerar que extiende el problema a territorios que inicialmente no estaban afectados por las rutas migratorias. "Aunque algunas comunidades no sean puntos de entrada, están recibiendo las consecuencias de decisiones que se toman a nivel estatal", ha advertido.

Preguntada por la conveniencia de establecer diferencias entre inmigrantes según su procedencia, Cañadas afirma que "si tenemos que escoger entre una inmigración musulmana o de Sudamérica, siempre elegiremos países hermanos en lengua, religión, valores y creencias". No obstante, introduce matices territoriales al comparar la situación de Baleares con la de Madrid, donde, según afirma, "existe un problema muy grave con bandas latinas en las calles que aquí, por suerte, de momento no sufrimos".

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