El PP niega un "boicot" a la regularización de inmigrantes y acusa a Sánchez de "querer provocar el colapso" de los ayuntamientos
El PSIB acusa a los 'populares' de obstaculizar el proceso en los consistorios donde gobierna y Més vincula el debate a un modelo económico basado en mano de obra vulnerable

Los alcaldes y alcaldesas del PP se reunieron hace unos días para expresar su rechazo al proceso de regularización. / PP

La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, ha acusado este lunes al Gobierno central de "querer provocar el colapso" de los ayuntamientos al encomendarles la expedición de los certificados de vulnerabilidad necesarios para que algunos migrantes puedan acogerse al proceso de regularización extraordinaria. En la rueda de prensa previa al pleno de mañana, la dirigente 'popular' ha negado cualquier boicot por parte de los consistorios gobernados por su partido: "Los ayuntamientos que gestiona el PP no han hecho ningún tipo de boicot, es una falacia".
Durán ha sostenido que es el Ejecutivo el que ha trasladado a las administraciones locales una carga "improvisada", al aprobar el modelo de certificado "un día antes", lo que, a su juicio, ha dejado a los servicios sociales municipales "desbordados". Según ha denunciado, esta situación ha obligado a "bloquear cualquier tipo de servicio" más allá de la expedición de estos documentos. La diputada ha añadido que el sistema tampoco está beneficiando a los propios migrantes, que están teniendo que hacer largas colas para poder tramitar el certificado. "Querían buscar esta foto, querían hacer ver que hay boicot, pero no lo hay", ha afirmado, para insistir en que "se han hecho las cosas muy mal, intencionadamente, para colapsar los servicios".
Críticas del PSOE
Frente a esta versión, el portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Iago Negueruela, ha acusado al PP de estar "boicoteando el proceso de regularización de las personas migrantes" en lugar de facilitar su tramitación. El socialista ha reprochado a los 'populares' que, si aspiran a ser un partido de gobierno, "lo han de ser para todo, para las leyes que les gustan y para las que no". Negueruela ha reconocido la existencia de situaciones de "caos" en algunos servicios sociales municipales, especialmente en Palma, pero ha responsabilizado de ello a la actuación del PP.
Según ha denunciado, los 'populares' reunieron a sus alcaldes para instarles a frenar el proceso en lugar de reforzar la atención. "El PP debería evitar boicotear leyes", ha afirmado. Además, ha subrayado que la regularización cuenta con un amplio respaldo social, desde sindicatos y organizaciones empresariales hasta entidades sociales y la Iglesia, que "homilía tras homilía" ha expresado su apoyo.
Negueruela ha reclamado al PP que aclare "en qué lado está" y le ha exigido abandonar discursos que, a su juicio, "rozan el racismo" hacia personas que ya viven y están empadronadas en Baleares. En este contexto, ha advertido de que su formación ha abierto las puertas de sus sedes para asesorar a los migrantes en este proceso, donde, según ha asegurado, perciben "ilusión" y voluntad de regularizar su situación administrativa. "Permite un salto enorme en calidad de vida, para trabajar con plenos derechos", ha defendido, al tiempo que ha cuestionado si el PP pretende que estas personas "continúen trabajando como esclavos, sin derechos".
Més apunta a los empresarios
Por su parte, el coordinador de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha rechazado el argumento del "efecto llamada" que atribuye el PP a la regularización y ha asegurado que este fenómeno lo generan en realidad determinados sectores empresariales que se benefician de mano de obra vulnerable. "Hay sueldos y condiciones que no están dispuestos a aceptar los residentes y acaban cubriendo por necesidad personas en situación irregular", ha señalado.
Apesteguia ha ido más allá y ha afirmado que "el efecto llamada es que Europa siga explotando África", al tiempo que ha acusado a los partidos que critican la regularización de querer mantener a los inmigrantes "sin derechos". El dirigente nacionalista ha calificado de "indecencia" que algunos ayuntamientos estén obstaculizando el proceso por motivos partidistas, aunque también ha considerado que la necesidad de una regularización masiva evidencia que "el sistema ordinario de inmigración no funciona".
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