Nueva derrota legal del Govern: Los tribunales obligan a rectificar el currículum de Religión

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB) ha dictado una nueva sentencia, con fecha del pasado 7 de abril, que vuelve a poner en jaque la regulación autonómica de la asignatura de Religión. En esta ocasión, el fallo anula el artículo 8 del Decreto 31/2022, que establecía el currículum de Primaria, al considerar que su redacción es contraria a la normativa básica estatal.

Esta resolución llega tras el recurso interpuesto por Escola Católica y los obispados de Mallorca, Menorca y Eivissa. Se trata de la segunda sentencia en el mismo sentido, después de que hace unos meses el TSJIB fallara de igual manera respecto al currículum de Educación Secundaria Obligatoria.

A pesar de que el actual Govern ya introdujo correcciones parciales en sus últimos decretos para adaptarse a la doctrina judicial, la patronal educativa ha decidido ir un paso más allá. Escola Católica ha impugnado los nuevos Decretos 41/2025, 42/2025 y 43/2025, al considerar que siguen conteniendo referencias "abiertamente contrarias a la legislación estatal" en lo que respecta a la oferta de la asignatura de Religión.

Según la entidad, el conflicto radica en que la administración no está distinguiendo entre los centros públicos o de carácter no confesional y aquellos que, como los concertados, poseen un "carácter propio" católico.

"Las tres leyes que regulan los acuerdos entre el Estado y las confesiones islámica, judía y evangélica tienen un artículo específico que establece una exclusión para los centros confesionales", explican. "Quiere decirse que, si tú eres el titular de un centro confesional católico, obviamente no estás obligado, aunque tengas alumnos musulmanes, evangélicos o judíos, a ofrecer una asignatura de religión distinta de la que forma parte de tu carácter propio".

Confusión en la comunidad educativa

El problema, advierten desde Escola Católica, no es solo legal, sino práctico. Al omitir esta exclusión en los decretos autonómicos, se crea un escenario de inseguridad que afecta directamente a las familias.

Realmente tenemos en nuestros colegios muchos alumnos, sobre todo musulmanes, y tenemos un evidente interés en que esto esté muy claro en la norma para que no se induzca a confusión

"Cuando tú dictas una norma y una determinada exclusión que contiene la ley y tú no la reflejas en el decreto, obviamente generas confusión", explican a este diario. Desde la organización lamentan que se induzca a error a los padres, ya que, al leer el decreto, estos podrían creer erróneamente que el centro tiene la obligación de ofertar otras confesiones ante la existencia de demanda, algo que la legislación nacional explícitamente excluye para los centros con ideario confesional.

"Realmente tenemos en nuestros colegios muchos alumnos, sobre todo musulmanes, y tenemos un evidente interés en que esto esté muy claro en la norma para que no se induzca a confusión", añaden.

Exigencia de diálogo y consenso

Más allá de la cuestión religiosa, la impugnación incluye otras discrepancias, como la imposición de un modelo específico de medios digitales por parte de la Conselleria de Educación y Universidades.

Desde Escola Católica insisten en que estas situaciones podrían evitarse con una mayor voluntad negociadora. "La administración, a la hora de regular según qué temas, haría muy bien en sentarse con las partes y escuchar a quienes conocen el tema en profundidad", sostienen.

La patronal expresa su malestar por tener que recurrir sistemáticamente a los tribunales, "para impugnar regulaciones normativas que vulneran los derechos de sus centros y de las familias".

Con esta nueva batalla judicial abierta, los centros concertados de ideario católico esperan que el Govern balear rectifique su técnica legislativa y abra un proceso de diálogo para adaptar los currículums a un marco legal que, según defienden los tribunales, debe ser respetado escrupulosamente.

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