Una experta jurídica de Mallorca alerta de que «no hay que pagar» por las citas necesarias para el proceso de regularización extraordinaria

El arranque de la regularización extraordinaria ha situado a los especialistas en derecho de extranjería en una carrera contra reloj. María Crespí, abogada de Càrtias Mallorca y experta en la materia, analiza el despliegue de este proceso tras participar en sesiones de formación técnica para desgranar la nueva normativa. Con las líneas de consulta saturadas, la jurista desgrana un procedimiento que divide a los beneficiarios en dos grandes grupos: solicitantes de asilo y personas en situación administrativa irregular (vía general), siempre que su llegada a España sea anterior al 1 de enero de 2026.

Ante la avalancha de dudas, la abogada hace un llamamiento a la calma y a la información veraz. «Sobre todo estén atentos a las informaciones que se ofrecen por canales oficiales. No hay que pagar para obtener citas presenciales», advierte de forma tajante, recordando que este trámite no requiere obligatoriamente de profesionales externos. «Las personas pueden hacer este trámite sin necesidad de un abogado o gestor», aclara, haciendo énfasis en que no existe un «cupo» limitado de plazas que deba alarmar a los beneficiarios.

Para acceder a esta medida, los solicitantes deben cumplir una serie de condiciones de forma acumulativa. Entre ellas, encontrarse en España al presentar la solicitud, demostrar una permanencia ininterrumpida de cinco meses y carecer de antecedentes penales. «La novedad es que también lo podemos presentar con el pasaporte caducado», explica la abogada, aunque recomienda iniciar la renovación cuanto antes: «Nosotros recomendamos que pidan cita lo antes posible en su consulado para solicitar la renovación».

Recomienda que los beneficiarios «estén atentos a las informaciones de canales oficiales»

Uno de los puntos que genera más controversia es la acreditación de antecedentes penales del país de origen. Ante la dificultad que esto supone, Crespí detalla la solución prevista: si el consulado no contesta en un mes, el interesado puede autorizar a la administración para que ella los solicite vía diplomática. «Con esto ganamos tiempo y la posibilidad de que algún consulado conteste a la administración pública española», señala, aunque advierte que si tras tres meses de paralización no hay respuesta por ninguna vía, la petición podría ser rechazada.

Informe de vulnerabilidad

La vía general de regularización exige acreditar al menos un requisito específico: una oferta laboral de mínimo 90 días, la existencia de una unidad familiar con menores, o un certificado de vulnerabilidad. Este último documento ha sido el detonante de las primeras aglomeraciones. «Creo que todo el mundo está yendo a solicitar este informe sin, a lo mejor, necesidad, porque igual hay gente que tiene menores o que contará con una oferta de trabajo», lamenta la experta.

Este documento, aclara la abogada, está pensado solo para casos de especial fragilidad, como personas solas o con necesidades específicas que no pueden acreditar contratos o lazos familiares directos.

La saturación de estos servicios sociales en los primeros días responde, según su análisis, a una inquietud lógica pero que debe canalizarse con orden. «Es que estamos en los dos primeros días. Yo creo que hay buena voluntad y que la semana que viene entiendo que podrá funcionar esto un poco mejor», afirma, instando a los solicitantes a evaluar primero si cumplen otros requisitos antes de saturar las oficinas de servicios sociales.

Asegura que todas las personas pueden hacer este trámite «sin necesidad de un abogado o gestor»

A medida que el calendario avanza hacia el 30 de junio de 2026, fecha límite del proceso, la prioridad para los expertos es garantizar que nadie quede fuera por falta de acompañamiento técnico. «Estamos atendiendo a gente que ya de por sí es doblemente vulnerable por temas cognitivos, idiomáticos o de mucha precariedad de vivienda. Con estos casos son los que tenemos que tener un poquito más de cuidado», concluye Crespí.

La abogada concluye añadiendo que en las próximas semanas coordinará con Càritas asesoramientos en Palma, Inca y Manacor para asegurar que el proceso sea una vía accesible y segura hacia la legalidad.

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