El PSIB, tras el informe de la UCO: "Aldama no era el interlocutor, la reunión era con Globalia"

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, rebaja el papel atribuido por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) a Víctor de Aldama en la reunión mantenida durante la pandemia en el Consolat de Mar, defendiendo que su presencia carecía de relevancia en aquel momento y situando al grupo Globalia como verdadero eje del encuentro. "Aldama no era el interlocutor, la reunión era con Globalia", asegura.

"En noviembre de 2020 nadie sabía quién era Víctor de Aldama", ha afirmado Negueruela, en respuesta a las preguntas sobre ese contacto con la entonces presidenta del Govern, Francina Armengol. A su juicio, la polémica se ha construido a posteriori, otorgando protagonismo a una figura que, en aquel contexto, no lo tenía. Según la UCO, Aldama se reunió en el Consolat con Armengol para venderle las PCRs, a través de la sociedad Eurofins-Megalab controlada de facto por el eje de la presunta organización criminal.

El dirigente socialista ha insistido en que la reunión debe interpretarse en clave económica y sectorial, en pleno impacto de la pandemia sobre el turismo. En ese escenario, ha subrayado la presencia de Pepe Hidalgo, propietario de Globalia, a quien ha señalado como el verdadero interlocutor institucional. "Estamos hablando del dueño de una de las empresas más importantes del país en una situación crítica para el sector turístico", ha remarcado.

En este sentido, ha planteado una pregunta retórica para reforzar su argumento: "¿Quién entra en el despacho de la presidenta? ¿El dueño de una gran compañía estratégica o un desconocido?". Con ello, el PSIB busca trasladar la idea de que la interlocución política se producía con el máximo responsable de Globalia y no con Aldama.

El coche de la polémica

Uno de los elementos que más ha enfatizado Negueruela ha sido el del vehículo con el que Aldama habría accedido al Consolat, utilizado en el debate político como indicio de su supuesto protagonismo. El portavoz socialista ha negado esa interpretación y ha asegurado que los datos oficiales demuestran que la matrícula corresponde a un coche de Globalia. "He visto la matrícula en el informe y cualquiera puede comprobar en la Dirección General de Tráfico a quién pertenece", ha señalado, insistiendo en que el vehículo no era de Aldama. "No era su coche, era el coche de Globalia", ha reiterado.

En este sentido, Negueruela ha insistido en que Aldama tenía un papel secundario en el encuentro. Según ha defendido, su presencia respondía a una lógica de acompañamiento dentro del entorno empresarial, pero sin capacidad real de interlocución política.

"Si el propietario de una gran empresa turística, en una situación crítica, solicita una reunión, se le recibe", ha explicado, normalizando el contacto institucional en aquel contexto. En cambio, ha advertido contra la construcción de relatos basados en conversaciones entre implicados que, a su juicio, responden a cómo "se vendían favores entre ellos" y no a la realidad de las decisiones oficiales.

"Difamado"

Negueruela también ha reclamado al Govern balear que pida "disculpas" tras conocerse el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso de los contratos de mascarillas, al considerar que "queda claro" que no hubo irregularidades en la tramitación y que durante meses se ha construido un relato político basado en "acusaciones sin fundamento".

Negueruela ha asegurado que, tras analizar el documento "dos o tres veces", el Partido Socialista concluye que cualquier oferta se derivaba a los servicios técnicos y que eran estos los que tomaban las decisiones. Según ha defendido, el informe no cuestiona el procedimiento seguido ni detecta anomalías en los contratos investigados, lo que, a su juicio, desmonta las críticas vertidas durante la investigación parlamentaria y el debate político en las islas.

En esta línea, ha criticado que se haya "investigado y difamado" en torno a un caso que, según la lectura socialista del informe, no presenta irregularidades. También ha subrayado que la UCO dedica un análisis "extenso y prolijo" incluso a contratos que finalmente no se formalizaron, lo que interpreta como un intento de reconstruir el comportamiento entre los implicados más que de acreditar ilegalidades concretas.

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