El Govern respalda a la directora general de Costas tras el intento de soborno: "Actuó como corresponde"
La investigación apunta a que el acusado, un empresario de Porto Cristo, le entregó una caja de bombones en cuyo interior había 20.000 euros para intentar conseguir unos permisos para poner en marcha su negocio

Maria Joaquina Ferrer Matas, directora general de Costas y Litoral del Govern. / CAIB
El Govern defiende la actuación de la directora general de Costas y Litoral, Maria Joaquina Ferrer Matas, tras el presunto intento de soborno que investiga la Policía Nacional. Desde el ejecutivo autonómico subrayan que la responsable "actuó como corresponde", al presentar de inmediato la denuncia ante las autoridades.
A partir de ese momento, explican, el caso quedó en manos policiales y judiciales, donde continúa en fase de investigación. El Govern evita ofrecer más detalles para no interferir en las diligencias en curso, en una causa que permanece bajo máxima discreción.
Ferrer Matas ocupa la Dirección General de Costas y Litoral y cuenta con una dilatada trayectoria en la administración pública. Funcionaria de la Comunidad Autónoma desde 1996, acumula más de 25 años de experiencia en ámbitos administrativos, jurídicos y de gestión, con un perfil técnico consolidado dentro del sector público balear. Ferrer llegó a la Dirección General tras la renuncia de Carlos Simarro, exalcalde de Sóller, al convertirse en diputado del PP balear en el Congreso de los Diputados tras la remodelación que llevó a cabo la presidenta del Govern, Marga Prohens, y que supuso el fichaje de Sandra Fernández como nueva consellera de Familias.
Licenciada en Derecho por la Universitat de les Illes Balears, ha completado su formación con cursos especializados en derecho administrativo, contratación pública, gestión económica y prevención de riesgos, así como en materias vinculadas al medio litoral y el cambio climático. A lo largo de su carrera, ha participado en programas y jornadas centradas en transparencia, responsabilidad patrimonial e innovación en la gestión pública.
Su nombramiento en agosto de 2025 buscaba el refuerzo de la Dirección General de Costas y Litoral, un área estratégica tras el traspaso de competencias en materia de gestión del litoral a la comunidad autónoma. Entre sus principales líneas de actuación figuran la ordenación del dominio público marítimo-terrestre, la protección ambiental de la costa, la seguridad jurídica de los concesionarios y la elaboración de la futura ley de ordenación y gestión integral del litoral de Baleares.
Intento de soborno
La Policía Nacional ha detenido a un empresario de Porto Cristo por ofrecer un soborno de 20.000 euros a la directora general de Costas y Litoral del Govern. El acusado, según la investigación, se presentó en el despacho de Ferrer tras los problemas surgidos con los permisos para poner en marcha un negocio de excursiones turísticas. Además de rechazar el dinero, la política presentó una denuncia. El empresario fue arrestado ayer por un delito de cohecho y, tras acogerse a su derecho a no declarar, quedó en libertad por orden judicial. El caso sigue bajo investigación y el juzgado encargado del asunto ha decretado el secreto de sumario.
Según han explicado fuentes conocedoras del asunto, la dirección general de Costas había denegado ciertos permisos para un negocio de excursiones que el empresario quería llevar a cabo en el litoral de Porto Cristo. El acusado y Ferrer habrían mantenido una fuerte discusión y el hombre acabó acudiendo a principios de abril al despacho de la mujer. Le entregó una caja de bombones en cuyo interior había 20.000 euros. Un dinero con el que el empresario pretendía sobornarla para que diera luz verde a los permisos, según la investigación.
Ferrer rechazó el dinero y acudió a la Policía Nacional para presentar una denuncia. El Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos, que asume las pesquisas sobre casos de corrupción, puso en marcha una investigación. Tras realizar diversas diligencias y recabar información, ayer por la mañana los agentes detuvieron al empresario, acusado de un delito de cohecho. El hombre fue trasladado a dependencias policiales y por la tarde fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Palma. Asistido por el abogado Eduardo Valdivia, el empresario se acogió a su derecho a no declarar. El magistrado acordó su puesta en libertad. La investigación sigue abierta.
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