Aldama se reunió en el Consolat con Armengol para venderle PCRs

El Análisis de las Contrataciones formalizadas por la Comunidad de Balears a la presunta organización criminal del ‘caso Koldo’, documento de doscientas páginas elaborado por la UCO de la Guardia Civil, contradice radicalmente las declaraciones de Francina Armengol en prensa y en el Senado o ante el Tribunal Supremo.

El informe no se ha ceñido a los 3,7 millones adquiridos en mascarillas fraudulentas, sino que se adentra en los rentables test de antígenos o PCRs, donde el Govern «adjudicó varios contratos públicos» por un importe superior a 1,1 millones de euros. El PSOE negó esta entrega, jugando a la confusión porque se materializaron al año siguiente de la propuesta, en 2021. Sobre todo, en el informe se establece un vínculo personal entre la entonces presidenta de Balears y el empresario corrupto Víctor de Aldama, «figura determinante de la trama».

En concreto, y siempre de acuerdo con la UCO, Aldama se reunió en el Consolat con Armengol para venderle las PCRs, a través de la sociedad Eurofins-Megalab controlada de facto por el eje de la presunta organización criminal. La reunión en la sede de la presidencia de Balears tuvo lugar en noviembre de 2020, a finales del primer año de covid.

Aldama no se limitó a acudir al Consolat a pie como un ciudadano más, sino que exigió y consiguió que su vehículo pudiera acceder al interior del complejo. Las gestiones se inician el 13 del mes citado, cuando un miembro de la trama envía el mensaje de «El miércoles a Palma con Víctor». A continuación, se pone en marcha Koldo, beneficiario de tal confianza con Armengol que la presidenta le responde durante el Consell de Govern «que le llama después».

Koldo le precisa con familiaridad a Armengol que «necesito una cita contigo el miércoles». La titular del Govern le pasa el contacto de «Águeda Quiñonero, su secretaria». El número dos de Ábalos se deshace en zalamerías. «Le insta si ‘por favor, puedes comer con ellos algo rápido en un reservado, si comes con ellos en una hora te voy a querer siempre’».

De inmediato, Koldo remite a su jefe Aldama «el contacto de Quiñonero, junto con un pantallazo de la conversación que mantuvo con Armengol». Todos los contactos de la entonces presidenta con la mano derecha de Ábalos son «actuaciones concretas solicitadas por Aldama», a cambio de los diez mil euros mensuales que abonaba a su subordinado en la trama.

Sin salir del triángulo, Aldama urge a «su facilitador» Koldo para que acelere la cita con Armengol, «¿y cómo hacemos?, nos puede ver al medio día?». El empresario «ya por la tarde, le envía una placa de matrícula para que le autoricen mañana a entrar en presidencia, se entiende que balear». El intermediario transmite los datos del vehículo a la secretaria de Armengol, que contesta con un explícito «¡Perfecto! Ahora mismo aviso».

La reunión tuvo lugar según la UCO el día 18, que coincide con el «miércoles» requerido por Koldo a Armengol. Previamente, Aldama se cercioró de que en el Consolat disponían de los datos de su matrícula, para dejarle pasar. El documento que constituye la base del negocio de más de un millón de euros portaba el encabezamiento de Presentación proyecto covid Balears.

Previamente, se había entregado el proyecto en una reunión «a Juli», por Juli Fuster Culebras, a la sazón director general del IB-Salut. El esposo de la consellera de Sanidad intentó moderar el entusiasmo de los proponentes, lo cual motivó la insistencia en buscar una reunión en la cumbre con Armengol.

La aprobación del Govern del Pacto de Progreso catapultó con posterioridad una petición similar a la comunidad de Canarias, presidida en aquel momento por el hoy ministro Ángel Víctor Torres. Según el testimonio escrito remitido por Armengol al Supremo, dentro del proceso a Ábalos, Koldo y Aldama, en ningún momento participó en las contrataciones sanitarias. La UCO le lleva la contraria.

La sola entrada del coche de Aldama en el recinto del Consolat describe una intimidad relevante entre los gestores de la trama y las autoridades de Balears. El empresario, que se ha autoinculpado de los manejos, siempre ha destacado que se pagaron comisiones por la obtención de los contratos. Los investigadores resaltan, en su informe remitido al juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, que los participantes «se lucraron con la realización de test para la detección de covid».

Este periódico adelantó que el Govern se había mostrado tan solícito con la trama que anunció la introducción de la obligatoriedad legal de las pruebas, a quienes llegaran al archipiélago o a colectivos vulnerables, en cuanto recibió la solicitud. La medida era tan arriesgada que fue anulada por el Tribunal Constitucional como contraria a la Carta Magna. La reunión en el Consolat venció las reticencias expresadas en un escrito de Juli Fuster, donde se refugiaba en que «todavía estamos esperando los permisos del Gobierno de España».

El peso adquirido por Aldama en Balears lleva a los investigadores a determinar que «este informe, relativo a la adjudicación de contratos públicos a Baleares, muestra no solo la influencia de Aldama en el ministerio de Transportes, sino también en otros órganos de decisión, mediante el empleo del binomio Koldo-Ábalos».

La línea de defensa del PSOE balear vuelve a quedar desarbolada tras la publicación del Análisis concretado en las contrataciones del Govern de Armengol a la trama. Por si la acumulación de evidencias fuera insuficiente, los investigadores reseñan que la investigación no ha terminado, y se advierte de que «cabría la posibilidad de hallar nuevos indicios».

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