La izquierda en Palma acusa al alcalde de "boicotear" la regularización de migrantes y de "racismo institucional"

La izquierda en el Ayuntamiento de Palma ha acusado al alcalde y al equipo de gobierno del PP de "boicotear" el proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras en situación irregular, además de "racismo institucional", al "impedir" el refuerzo de la OAC Social para atender el aumento de solicitudes. El PSOE, Més y Podemos han reaccionado así a un comunicado de los trabajadores de Servicios Sociales en el que denuncian "instrucciones políticas" para no reforzar la OAC Social pese a la avalancha de ciudadanos que han acudido a solicitar documentación para este proceso.

Según ha señalado el PSOE, ante la sobrecarga de trabajo prevista, el equipo directivo técnico del área de Bienestar Social había preparado medidas de refuerzo de personal para garantizar la atención a las personas solicitantes, el cumplimiento de los plazos y el correcto funcionamiento del servicio público. Sin embargo, los socialistas aseguran que "se han dado instrucciones políticas para no reforzar el servicio, de modo que la atención queda en manos únicamente del personal habitual de la OAC Social".

El secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela, ha afirmado que "el PP está boicoteando la regularización porque ha decidido no reforzar el servicio". A su juicio, se trata de una situación "inadmisible". "Las personas tienen derechos y deben ser atendidas con dignidad. Lo que está haciendo hoy el Ayuntamiento es indigno", ha manifestado.

Negueruela ha criticado además que esta decisión afecte a personas que solicitan información y documentación necesaria para acogerse al proceso extraordinario de regularización. En este sentido, ha asegurado que "es un trato indigno para personas que solicitan información y una documentación que les puede servir para la regularización en este país".

El dirigente socialista ha subrayado que esta decisión se ha adoptado, según su versión, "en contra de los criterios de los profesionales técnicos", que sí habían planteado una respuesta organizativa para absorber el incremento de demanda.

"Exigimos al alcalde que, de manera inmediata, refuerce los puntos de atención y dé una solución a las personas que viven en esta ciudad, que trabajan en ella, que tienen unos derechos reconocidos desde el martes y que no merecen el trato inhumano que están recibiendo", ha reclamado Negueruela.

Por su parte Més per Palma también ha denunciado que el PP está "boicoteando" el proceso de regularización. La formación sostiene que los trabajadores del área de Servicios Sociales han recibido instrucciones políticas para no reforzar el servicio, a pesar de que el equipo técnico había previsto aumentar el personal ante la carga de trabajo esperada. Según la formación, esta decisión no solo afecta a las personas que quieren acogerse al proceso de regularización, sino también al funcionamiento ordinario de una oficina que atiende cada día a vecinos de Palma con importantes necesidades sociales.

El concejal Miquel Àngel Contreras ha afirmado que "es una decisión política que pretende dejar fuera del sistema a miles de personas". "El PP utiliza la administración para negar derechos a la ciudadanía de Palma. Hablamos de personas que trabajan y viven en nuestra ciudad y las están dejando al margen. Esto es racismo institucional", ha declarado.

La formación considera que esta situación no es puntual, sino que responde a una estrategia política deliberada. En este sentido, Contreras ha asegurado que "el PP de Palma está aplicando la misma agenda que Vox: dificultar la vida de las personas migrantes para que no puedan regularizar su situación".

Asimismo, Més acusa al PP de utilizar un discurso xenófobo también en la gestión institucional. "El Partido Popular está actuando de forma totalmente irresponsable. Prohens y Martínez atacan constantemente a las personas migrantes con discursos xenófobos. Además, lo aplican dentro de la administración: saturan el sistema, crean caos y después utilizan este caos para justificar recortes de derechos", ha señalado el edil.

Contreras ha ido un paso más allá y ha advertido de que "el alcalde Martínez ha decidido competir con la extrema derecha en lugar de gobernar para todo el mundo", una deriva que ha calificado de "peligrosa e indigna de una ciudad como Palma".

Més también pone el foco en las advertencias lanzadas por los propios profesionales de los Servicios Sociales y de la OAC Social, que han alertado del colapso del servicio y han reclamado refuerzos para poder garantizar una atención adecuada. Según la formación, pese a estas advertencias, los trabajadores han recibido órdenes de no ampliar el dispositivo.

"Eso es lo más grave: ni siquiera escuchan a los trabajadores públicos. Los profesionales dicen que así no se puede garantizar el servicio, y lo que hace el PP es boicotearlos. Cuando quienes sostienen el sistema denuncian que se están vulnerando derechos y el gobierno no actúa, eso tiene un nombre: racismo institucional", ha afirmado Contreras.

Comparecenia de la coordinadora general de Servicios Sociales

El grupo municipal Mixto-Unides Podem ha solicitado la comparecencia de la coordinadora general de Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Palma, Patricia Pizà, en la Comisión de Servicios prevista para el próximo 23 de abril, con el objetivo de que dé explicaciones sobre la gestión del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes.

En su escrito, Unidas Podemos sostiene que se ha tenido conocimiento de "una planificación inicial de refuerzo de personal en los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Palma" para garantizar la correcta tramitación de estos expedientes, así como de la "posterior retirada de este refuerzo".

La formación considera que, dada la relevancia social, administrativa y humanitaria del proceso, resulta necesario aclarar cómo se ha organizado el dispositivo municipal y bajo qué criterios se ha actuado. Por ello, reclama que la responsable del área comparezca para detallar cuál era la previsión inicial de refuerzo de personal, cuántos efectivos se han destinado finalmente y por qué motivo se retiró el apoyo previsto en un primer momento.

Asimismo, el grupo municipal quiere saber si "existe alguna instrucción política al respecto" y, en caso afirmativo, de qué órgano o autoridad partió esa decisión.

Entre las cuestiones planteadas, Unidas Podemos también pide conocer cuántas solicitudes se han atendido hasta la fecha, cuántos informes de vulnerabilidad se han emitido y cuántos de ellos han sido desfavorables o han terminado en denegación.

El escrito también pone el foco en las garantías administrativas del procedimiento. En este sentido, solicita que se aclare si, en los casos de denegación, estas resoluciones "se están notificando por escrito de acuerdo con el procedimiento administrativo" y si se está registrando y sistematizando toda la información relativa a esas denegaciones.

Por último, la formación reclama explicaciones sobre si el Ayuntamiento prevé rectificar la decisión adoptada y restablecer el refuerzo de personal, además de detallar qué medidas se están adoptando para evitar la saturación de los Servicios Sociales durante la tramitación de este proceso.

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