Nuevo decreto de educación inclusiva de Baleares: el apoyo escolar ya no dependerá de un diagnóstico clínico
La Conselleria de Educación presenta el informe de expertos que fundamentará la nueva normativa, apostando por un modelo que prioriza las "necesidades reales" del alumno sobre las categorías administrativas

Un momento de la reunión mantenida con los expertos, este jueves en la UIB. / CAIB

La Conselleria de Educación y Universidades ha recibido este jueves el informe final del grupo de expertos encargado de sentar las bases del futuro Decreto de educación inclusiva y equidad de las Illes Balears. Tras mantener una reunión de trabajo con los especialistas en la Universitat de les Illes Balears (UIB), el conseller Antoni Vera ha comparecido ante los medios para explicar las conclusiones técnicas que le han sido presentadas y que marcarán el nuevo rumbo de la atención a la diversidad en las islas.
Este documento propone un cambio estructural en la gestión de los recursos, estableciendo que el acceso a los apoyos en las aulas no quede condicionado a la existencia de un diagnóstico clínico previo o a categorías administrativas cerradas. El objetivo de esta medida es que la respuesta educativa sea inmediata y se base en la evaluación pedagógica de las necesidades del alumno en su propio entorno escolar, evitando que la burocracia médica retrase la intervención en el aula.
Durante su comparecencia, Vera ha detallado que el informe subraya la necesidad de actualizar una normativa que, al datar de 2011, "no responde a la realidad actual de los centros". El futuro decreto regulará figuras profesionales que han ganado peso en la última década pero que carecían de un marco jurídico sólido, como los psicólogos educativos en los institutos de Secundaria y el refuerzo de los perfiles de orientación en la etapa de Primaria.
"La realidad del año 2011 ha cambiado; encontramos nuevas figuras y nuevas funciones de responsables de atención a la diversidad que deben ser plasmadas en este nuevo decreto", ha señalado el conseller. Asimismo, se actualizarán las funciones de los asesores técnicos educativos (ATE) para adaptarlas a las necesidades actuales del sistema, "buscando una mayor eficacia en la atención directa al alumnado", ha matizado.
El decreto no estará vigente para el inicio del próximo curso escolar, aunque su tramitación se desarrollará durante el ejercicio académico
Centros de recursos
Una de las piezas clave de la propuesta presentada este jueves es la transformación de los centros de educación especial en centros de recursos. Bajo este modelo, estas instituciones actuarán como nodos de apoyo para la escuela ordinaria, proveyendo materiales específicos y asesoramiento técnico a los docentes. El objetivo es que estos centros no funcionen como espacios aislados, sino que se integren en una red de apoyo global para todo el sistema educativo.
Asimismo, el documento pone el foco en el aula de referencia del alumno, que debe ser el espacio principal de aprendizaje y no un lugar de paso. "Esta aula no tiene que ser complementaria, sino que debe ser la principal en un centro educativo", ha remarcado Vera. El informe también subraya la importancia de reforzar la corresponsabilidad de las familias en todo el proceso de atención a la diversidad, garantizando su participación activa.
Coordinación sociosanitaria
El nuevo marco normativo obligará a una coordinación efectiva entre las carteras de Educación, Salud y Bienestar Social. El informe técnico subraya que, dado que la educación toca ámbitos sanitarios y sociales, es imprescindible regular la colaboración entre departamentos para ofrecer una respuesta integral. "Es muy importante regular la colaboración entre los diferentes ámbitos de la misma administración autonómica", ha incidido el conseller.
En cuanto al calendario administrativo, Vera ha confirmado que el decreto no estará vigente para el inicio del próximo curso escolar, aunque su tramitación se desarrollará durante el ejercicio académico. El borrador será sometido a debate en las mesas de educación y en el Consell Escolar, con el objetivo de que sea aprobado de forma definitiva por el Consell de Govern antes de que finalice la presente legislatura.
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