Més denuncia un posible delito de prevaricación de Le Senne y Rovira en el Parlament: "Es una deriva trumpista"

Més per Menorca y Més per Mallorca denuncian un posible delito de "prevaricación" por parte del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y del vicepresidente de la Mesa, Mauricio Rovira, por la admisión a trámite de enmiendas a la ley de proyectos estratégicos que, a su juicio, son ilegales y ajenas al contenido de la norma.

El diputado de Més per Menorca, Josep Castells, asegura que "la Mesa del Parlament ha hecho el trabajo sucio al Govern" al permitir la tramitación de "decenas de enmiendas que no tienen nada que ver con este proyecto de ley". Según afirma, se trata de iniciativas que "vulneran los derechos de los diputados" y que no deberían haberse admitido.

Castells sostiene que algunas de estas enmiendas modifican hasta 40 artículos, lo que en la práctica supone "una nueva ley". "Entonces yo como diputado tengo que tener tiempo a presentar alegaciones, enmiendas, y todo esto se nos niega", critica.

El parlamentario señala que los letrados del Parlament advirtieron "de forma muy clara y unánime" de la ilegalidad de estas enmiendas, pero que la Mesa decidió seguir adelante. En este sentido, acusa directamente a Rovira de actuar con conocimiento de causa, al recordar que en Junta de Portavoces reconoció que las enmiendas "no tienen que ver con el título del proyecto de ley", aunque posteriormente votó a favor de admitirlas. "Esto tiene un nombre: prevaricación, porque está adoptando una decisión ilegal con plena consciencia de que está cometiendo una ilegalidad", afirma Castells.

Més per Menorca ha presentado un escrito de reconsideración ante la Mesa que, según explica, ha permitido "parar momentáneamente la maniobra". Además, advierte de que el escrito de PP y Vox para defender sus enmiendas se presentó "fuera de plazo", lo que supondría "la nulidad radical del procedimiento". "Hemos avisado a Gabriel Le Senne y a Mauricio Rovira de que pueden estar cometiendo un delito de prevaricación", insiste Castells, que no descarta acudir a los tribunales. "Si tenemos que recurrir a la vía penal o constitucional, lo haremos", añade.

El diputado denuncia también un "uso chapucero del Parlament" y alerta de una "deriva autoritaria". "Esto no puede ser un decorado en el que se hace ver que hay un funcionamiento democrático y luego se pasa el reglamento por el arco del triunfo", señala, al tiempo que rechaza la "deriva trumpista" en la institución.

Por su parte, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, acusa a PP y Vox de mantener una "actitud de saltarse todo el reglamento" y de cometer "un atropello al buen trabajo de los diputados" y al funcionamiento del Parlament.

Apesteguia critica que la Mesa "no ha rectificado" pese al criterio de los letrados y avanza que su grupo trabaja en la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. "Consideramos que se han vulnerado los derechos de los diputados, se ha obrado mal de forma deliberada y consciente", afirma.

Enmiendas

El PP y Vox aprovecharán la tramitación de la ley de proyectos estratégicos, la conocida ley ómnibus del Govern, para introducir un amplio paquete de reformas que desbordan el objetivo inicial de la norma. Entre las medidas que previsiblemente saldrán adelante figuran cambios en política lingüística, fiscalidad, vivienda y acceso a ayudas sociales, en una operación que la oposición considera una transformación "por la puerta de atrás". Entre las iniciativas más sensibles destaca la eliminación del requisito de catalán en plazas docentes de difícil cobertura y en parte de la función pública, junto con la rebaja de exigencias para obtener certificados lingüísticos.

El bloque de reformas incluye también la creación de la Oficina Antiocupación, el endurecimiento del acceso a la renta social con la exigencia de tres años de residencia legal y la reserva de plazas de policía local para exmilitares. En el ámbito económico, se plantean incentivos fiscales para vivienda y limitaciones al alquiler turístico, mientras que el cambio más profundo afecta a la Administración, con la extensión de la declaración responsable y la entrada de entidades privadas en la tramitación de procedimientos. Muchas de estas medidas, inicialmente rechazadas en comisión por no guardar relación con la ley, serán recuperadas en el pleno gracias a la mayoría de PP y Vox.

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