Cierran la puerta a la cogestión aeroportuaria en Baleares: "Los aeropuertos son propiedad exclusiva de Aena"

Aena cierra la puerta a la cogestión de los aeropuertos a las comunidades autónomas, alejando una vez más la reivindicación de Baleares de poder tomar decisiones sobre sus infraestructuras. Una reclamación histórica sobre la cual estaban avanzando Més per Mallorca, Més per Menorca y el Partido Popular a través de una ley para reforzar la capacidad de decisión de las instituciones autonómicas.

Sin embargo, el presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ha vuelto a rechazar este jueves cualquier fórmula de cesión, transferencia o cogestión de los aeropuertos. Así, Lucena ha subrayado que las demandas de participación en la gestión procedentes de diversas autonomías como es el caso de Baleares son incompatibles con el marco constitucional y legal vigente.

"El derecho de propiedad está consagrado nítidamente en la Constitución española, al igual que la competencia exclusiva del Estado en materia de aeropuertos de interés general y la libertad de empresa", afirmó.

El directivo, que ha sido reelegido hoy como presidente de Aena, ha recordado que los aeropuertos españoles de interés general están sujetos a un régimen jurídico específico recogido en la Ley 18/2014, que está protegida por la Constitución, que declara la competencia exclusiva del Estado sobre estas infraestructuras y que protege la propiedad privada y la libertad de empresa.

"Propiedad exclusiva de Aena"

"Los aeropuertos de Aena funcionan muy bien y son propiedad exclusiva de Aena. Cualquier cesión o participación en la gestión que vulnere estos principios sería incompatible con la Ley 18/2014 y con el deber fiduciario de los administradores", ha añadido Lucena.

El consejero delegado insiste en que la gestión de los aeropuertos corresponde exclusivamente a los órganos de gobierno de la sociedad mercantil Aena (Junta General de Accionistas, Consejo de Administración y equipo directivo), en defensa del interés societario y no según decisiones de actores externos.

Colaboración sí, cesión no

El directivo también ha valorado positivamente la colaboración y coordinación con las comunidades autónomas y ayuntamientos, siempre que respete los límites constitucionales y no altere la autonomía de gestión ni la estructura de red de Aena. "Colaboración sí, cesión no", resume. En este sentido, se ha referido al reciente acuerdo con el País Vasco para crear un órgano bilateral de carácter estrictamente consultivo y no vinculante, que no modifica el régimen legal ni la autonomía de Aena.

Ley de cogestión aeroportuaria

Cabe señalar que la postura de Aena respecto a esta cuestión choca con la petición de Baleares de poder decidir sobre el volumen de vuelos. De hecho, PP, Més per Mallorca y Més per Menorca están trabajando en una ley de cogestión para influir en cuestiones clave como el modelo de crecimiento del tráfico aéreo. En este sentido, los partidos han pactado el texto final de la normativa que prevé informes vinculantes sobre capacidad de carga, planes estratégicos y tarifas.

El nuevo Comité de Coordinación Aeroportuaria de Baleares integraría al Estado, AENA, Govern, consells insulares y ayuntamientos. Además, modifica la arquitectura institucional que regula la gestión de los aeropuertos del archipiélago. La transacción pactada establece la creación de un Comité de Coordinación Aeroportuaria de las Illes Balears con una composición amplia y con nuevas funciones que permitirían a las instituciones autonómicas influir directamente en la política aeroportuaria.

El nuevo órgano sería el instrumento mediante el cual la Comunidad Autónoma participaría en la gestión de los aeropuertos de interés general situados en Baleares, incorporando a las administraciones insulares y locales en la toma de decisiones sobre aspectos estratégicos del sistema aeroportuario. Cabe señalar que dicha ley, en el caso de aprobarse en el Parlament, se elevaría al Congreso de los Diputados para poder ser ratificada.

No obstante, desde Aena vuelven a cerrar la puerta a esta posibilidad al considerar que es incompatible con el marco constitucional y legal vigente

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