Los Ayuntamientos, desbordados en busca de los certificados de vulnerabilidad para la regularización extraordinaria de inmigrantes

La puesta en marcha del proceso de regularización migratoria extraordinaria ha provocado ya los primeros efectos en los ayuntamientos de Mallorca, donde los servicios sociales municipales alertan de colapso, confusión y falta total de información institucional sobre el procedimiento. El presidente de la Felib y alcalde de Maria de la Salut, Jaume Ferriol, resume la situación con contundencia: “Es un desastre, un desastre”.

Según explica Ferriol, desde primera hora de la mañana ha contactado con varios alcaldes para conocer cómo estaba afectando el inicio del proceso en sus municipios. En el caso de Maria de la Salut, donde los servicios sociales están mancomunados, no se ha producido una gran afluencia en el consistorio, pero la radiografía que hacen desde la Felib de la situación es que “está todo colapsado”: “El teléfono no para de sonar y la gente comparece en los ayuntamientos sin hora y eso hace que las personas que tienen cita previa o una necesidad específica no puedan ser atendidas. No podemos seguir con la normalidad del día a día”, lamenta Ferriol.

“Es un desastre, un desastre”

Jaume Ferriol

— Presidente de la Felib

La principal causa del colapso es la demanda masiva del certificado de vulnerabilidad, uno de los tres supuestos que pueden acreditarse dentro del proceso extraordinario, siempre que no se trate de solicitantes de Protección Internacional. Además de la vulnerabilidad, también se puede acceder acreditando haber trabajado con contrato por cuenta ajena o propia en España, o contar con una unidad familiar compuesta por hijos menores de edad o mayores con discapacidad y ascendientes de primer grado. Sin embargo, en la práctica, muchos solicitantes están acudiendo directamente a los servicios sociales municipales a pedir ese certificado de vulnerabilidad, aunque, según la información recabada por la Felib, lo necesitaría una minoría.

En este sentido, Jaume Ferriol sostiene que “no habrá ni un 20% de la gente que lo necesite, pero todo el mundo viene a buscarlo”. A su juicio, la falta de información oficial ha extendido la idea de que ese documento es imprescindible para todos los casos, lo que está saturando la atención municipal. “Delegación de Gobierno afirmó el miércoles que no habría ningún problema, pero la realidad es que la gente acude a los ayuntamientos, que es lo que conoce”, señala. “Es un desastre porque no se ha dado ningún tipo de información a los ayuntamientos”.

"No habrá ni un 20% de la gente que necesite el certificado de vulnerabilidad, pero todo el mundo viene a buscarlo”

Jaume Ferriol

— Presidente de la Felib

Esa desinformación está teniendo efectos directos sobre el funcionamiento cotidiano de los consistorios y algún que otro alcalde ha reconocido, desesperado, que, debido al aluvión de gente, está para cerrar el Ayuntamiento. Y es que la situación en algunos consistorios ha llegado a un punto crítico. Las personas acuden para realizar trámites relacionados con la regularización y eso impide el acceso normal a quienes acuden por otras gestiones. “La gente que acude a hacer los trámites normales no puede acceder y se colapsa”, advierten desde la Felib.

VÍDEO | Largas colas en Palma para obtener el informe de vulnerabilidad, clave en la regularización extraordinaria de muchos inmigrantes

Por ejemplo, los datos de Son Servera reflejan la dimensión del problema. Solo el miércoles, los servicios sociales municipales registraron más de 150 peticiones. Desde este departamento admiten que, con el plazo abierto hasta el 30 de junio, será muy difícil poder emitir los certificados de vulnerabilidad en tiempo y forma. Y es que este documento, especifica Ferriol, no puede elaborarse de manera inmediata: una trabajadora social debe revisar los ingresos de la persona solicitante, visitar su domicilio y dedicar al menos un día a su elaboración. Por ello, el temor es que la carga administrativa desemboque en un “colapso total”. En este sentido, apuntan desde el departamento ‘serverí, que, si el Ministerio facilita un modelo, el trabajo podría agilizarse. En Son Servera se han encontrado, además, con un problema añadido: personas que ya tenían en marcha un proceso de regularización por arraigo social también están acudiendo a pedir este certificado, pese a que no pueden adherirse al proceso extraordinario de regularización, lo que incrementa todavía más la presión sobre los servicios municipales.

Protocolos efectivos en Inca

La situación contrasta con otros municipios que han logrado contener mejor la presión inicial. En Inca, reconocen que el primer día del proceso se ha registrado más afluencia de lo habitual, pero aseguran que era algo previsible y que estaban preparados con un protocolo específico. En los servicios sociales se ha implantado un sistema de triaje en la entrada para determinar si la persona realmente necesita un informe de vulnerabilidad o si únicamente debe realizar el registro. En caso de necesitar el informe, se la deriva al mediador cultural. De momento, el sistema “ha funcionado bien”, y el Ayuntamiento incluso estudia extender este tipo de registros a otros departamentos si fuera necesario. También en Calvià se ha detectado desde el miércoles una mayor afluencia de personas tanto en el Ayuntamiento como en la Oficina Municipal de Tributs para solicitar el informe de vulnerabilidad. En cambio, en Manacor, la jornada ha transcurrido dentro de la normalidad.

En otros municipios, el impacto es por ahora más moderado, aunque ya se perciben señales de que la carga irá en aumento. En Binissalem, los servicios sociales no se han visto desbordados, pero durante la mañana han acudido unas 15 personas para informarse sobre el proceso. Las citas comenzarán a darse a partir del lunes 20 de abril. Además, este viernes está prevista una reunión de distintos municipios del Raiguer en Consell para fijar criterios sobre la emisión de estos certificados de vulnerabilidad.

En Sineu, en el momento de la visita no había usuarios en los servicios sociales, pero la funcionaria municipal ha explicado que trabajan con cita previa y que previsiblemente sí notarán un incremento del trabajo en los próximos días. Y es que durante la mañana ya habían recibido numerosas llamadas pidiendo información sobre el certificado de vulnerabilidad.

La imagen más gráfica del impacto la ha ofrecido Palma, donde a las siete de la mañana ya había unas 300 personas esperando, pese a que las oficinas no abren hasta las nueve. Para los ayuntamientos, esta presión ciudadana responde a un problema de origen: la ausencia de instrucciones claras y de una campaña informativa que explique qué documentación necesita cada solicitante y en qué casos corresponde realmente acudir a los servicios sociales municipales.

Ferriol insiste en que los ayuntamientos “no pintan nada en este proceso” salvo en aquellos casos en los que deban emitir el certificado de vulnerabilidad. Pese a ello, los consistorios se han convertido de facto en la primera puerta de entrada para una ciudadanía que busca respuestas inmediatas y que, en muchos casos, llega sin saber exactamente qué trámite debe realizar. “La información que tenemos los ayuntamientos es cero”, denuncia. De hecho, asegura que muchos trabajadores sociales se están enterando de los detalles por los propios inmigrantes y que la única referencia oficial con la que cuentan es lo publicado en el BOE.

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