Armengol sostiene que el informe de la UCO centra gran parte de su contenido en un contrato de PCR en aeropuertos que nunca llegó a realizarse

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, considera que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la contratación de material sanitario durante su etapa al frente del Govern balear refuerza la versión que ha mantenido desde el inicio del caso. Según defiende su entorno, el documento confirma que “jamás dio instrucciones” para contratar con empresa alguna y que no tuvo relación con la supuesta trama integrada por el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

La interpretación que hace el equipo de la expresidenta balear pone el foco en que una parte sustancial del informe se dedica a una operación para implantar pruebas PCR en los aeropuertos de Baleares que finalmente nunca se llevó a cabo. Desde su entorno subrayan que el documento desarrolla de forma pormenorizada ese intento de contratación, pero omite, a su juicio, el dato esencial de que dicha adjudicación no llegó a formalizarse.

En este punto, las fuentes próximas a Armengol diferencian entre dos cuestiones distintas. Por un lado, recuerdan que el Govern balear promovió con el Ministerio de Sanidad la puesta en marcha de controles en los aeropuertos para permitir una reapertura segura de las islas en plena crisis sanitaria, una reivindicación que, sostienen, compartía buena parte de la sociedad balear para reactivar la economía. Por otro, recalcan que esa operativa no implicó en ningún caso la contratación de la supuesta trama.

De hecho, según esta versión, los controles y test vinculados a la reapertura de los aeropuertos sí llegaron a autorizarse y se llevaron a cabo, pero con medios y personal propios del Govern balear. El entorno de la presidenta insiste en que no se contrató a la trama para realizar las PCR en los aeropuertos, pese a que, a su juicio, el informe sí deja acreditados los intentos de sus integrantes por hacerse con esa adjudicación.

Desde el círculo de Armengol se expresa además una dura condena a esas maniobras. Consideran “lamentable” y “absolutamente condenable” que, en plena emergencia sanitaria, la trama Koldo se intentara aprovechar la situación para hacer negocio, y sostienen que el informe refleja cómo los supuestos integrantes de la trama trataban de ocultar al Govern y a los técnicos baleares sus movimientos para lograr contratos. A su juicio, también resulta especialmente grave que intentaran ampararse en la credibilidad institucional que otorgaba el hecho de que determinadas operaciones aparecieran vinculadas al Ministerio de Transportes.

Pese a ello, la conclusión política que extrae el entorno de la presidenta del Congreso es que el hecho de que finalmente no se materializara aquella contratación demuestra precisamente que no existieron instrucciones políticas para adjudicar contratos y que las decisiones quedaron en manos de los técnicos. En esa línea, recuerdan que los responsables técnicos de Baleares rechazaron varias ofertas de la supuesta trama al no considerarlas útiles, entre ellas una segunda remesa de mascarillas, mascarillas infantiles y la propia operativa de PCR en aeropuertos.

“Siempre, sin excepción, las decisiones las tomaron los técnicos, no los políticos”, remarcan desde el equipo de Armengol, que entiende que el informe avala esa tesis. También sostienen que la UCO no cuestiona el contrato de mascarillas ofrecido por el Ministerio de Transportes, que fue derivado al Servicio de Salud balear para su análisis técnico y que posteriormente fue reclamado “en tiempo y forma”.

En relación con la estrategia sanitaria desplegada entonces, el entorno de la expresidenta recuerda además que la contratación que sí se realizó en materia de pruebas diagnósticas fue con tres grandes empresas de laboratorio con presencia en España —Quirón, Megalab y Med— para efectuar PCR en origen en distintos puntos del territorio nacional. El objetivo de esa operativa, explican, era facilitar que los residentes baleares pudieran regresar a las islas con mayores garantías de seguridad y agilidad.

Su entorno concluye que, tras meses de acusaciones, el contenido del documento confirma que Armengol “dijo la verdad” y que la actuación del Govern durante la pandemia se rigió por criterios técnicos y no por decisiones políticas dirigidas a favorecer a ninguna empresa.