Choque político en Baleares por la regularización de inmigrantes: "¿Cuál es la alternativa?"

El debate sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes se instala en el centro del pulso político en Baleares, con posiciones enfrentadas que recorren todo el arco parlamentario. Desde la advertencia sobre un posible "efecto llamada" del PP hasta la defensa de los derechos de quienes ya viven y trabajan en las islas de Més.

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, enmarca la regularización en un contexto de aumento de llegadas a las costas de Baleares, apuntando que en abril se ha registrado una nueva "oleada de pateras" y que más de 1.300 personas han arribado en lo que va de año, lo que, a su juicio, evidencia la presión que soporta el territorio. En este escenario, critica que el Gobierno central impulse una regularización "masiva y general" sin tener en cuenta la capacidad de acogida, y advierte de que la medida puede "agravar aún más el problema". Sagreras insiste en que el proceso "da alas a las mafias" y consolida la idea de que entrar de forma irregular "tiene recompensa".

Por ello, el PP reclama reforzar las oficinas de Extranjería, aumentar los efectivos policiales y adaptar las políticas migratorias a la capacidad real del territorio, al tiempo que respalda la decisión del Govern de recurrir el decreto ante la justicia.

PSOE: una medida "razonable y humanitaria"

Desde el PSIB-PSOE, Iago Negueruela defiende la regularización como una "posición razonable y humanitaria" que responde a una realidad ya existente. Subraya que miles de personas viven y trabajan en las islas sin derechos laborales reconocidos, en algunos casos en condiciones cercanas a la explotación.

Negueruela denuncia un alineaminto del PP con Vox en materia migratoria y sostiene que el Govern "prefiere el discurso ultra" en lugar de afrontar la realidad del territorio. Además, recuerda que patronales, sindicatos, la Iglesia y entidades sociales apoyan la medida, al considerarla positiva tanto para los trabajadores como para las empresas que necesitan mano de obra. El socialista advierte de que recurrir el decreto "perjudica a las personas, a las empresas y a las entidades que colaboran", y defiende que la política migratoria debería abordarse como una cuestión de Estado.

En el extremo más duro del debate se sitúa Vox, que a través de su portavoz, Manuela Cañadas, vincula directamente la inmigración irregular con la inseguridad. La diputada acusa al Gobierno de impulsar la regularización "sin consenso y por la puerta de atrás" con un objetivo político: "Primero los regularizan y luego los nacionalizan para que sean futuros votantes".

Cañadas carga también contra PP y PSOE por su actuación en Europa y denuncia lo que considera un doble discurso de los populares. Sostiene que "las viviendas no matan, no violan, no cometen atentados terroristas: estas son las personas que está trayendo este gobierno", en una de las afirmaciones más controvertidas del debate, después de que Més per Menorca comparara la regularización con la amnistía urbanística al entender que en ambos casos se están perdonando irregularidades.

Vox alerta de un escenario de "miedo y poco control" y defiende que la solidaridad debe centrarse en "los de aquí", al tiempo que critica que la inmigración irregular presiona a la baja los salarios y genera una mano de obra barata, lo que, a su juicio, contribuye a "empobrecer a los ciudadanos".

Desde la izquierda soberanista, Més per Mallorca y Més per Menorca coinciden en la necesidad de abordar la regularización como una cuestión de derechos y de coherencia legal. El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, plantea una pregunta directa al Govern: "¿Cuál es la alternativa?".

Apesteguia subraya que se trata de personas que ya viven, trabajan, tienen hijos escolarizados y forman parte de la comunidad, por lo que la regularización supone reconocer derechos inherentes como personas. A su juicio, mantenerlas sin papeles implica sostener una bolsa de trabajadores sin derechos laborales. Además, advierte de que la situación actual responde a un sistema administrativo "ineficiente" que impide vías legales de migración y acaba fomentando la irregularidad, en muchos casos en beneficio de intereses económicos que se aprovechan de mano de obra sin derechos. "Si vienen es porque hay trabajo", resume, en referencia al "efecto llamada" vinculado al mercado laboral.

En una línea similar, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, recuerda que muchos migrantes llegan con visado turístico y se quedan al encontrar empleo, lo que evidencia, a su juicio, la necesidad de adaptar la normativa. Castells denuncia la "incoherencia" de rechazar una regularización de personas mientras se toleran amnistías urbanísticas, y defiende que dejar a estas personas en un limbo legal "atenta contra los derechos humanos". Ambas formaciones coinciden en reclamar más empatía y en señalar que la regularización también pone sobre la mesa un debate de fondo: un modelo económico basado en el crecimiento constante de población y en la dependencia de mano de obra vulnerable.

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