Baleares apunta a un "efecto llamada" tras la aprobación de la regularización de inmigrantes y prevé un "colapso" en Extranjería

La consellera de Trabajo del Govern balear, Catalina Cabrer, ha cargado contra el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes impulsado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, aprobado hoy por el Consejo de Ministros, al considerar que puede provocar un "colapso" administrativo y fomentar un "efecto llamada" en Baleares. Cabrer ha defendido la necesidad de un empleo "digno" y ha advertido de que el sistema no está preparado para asumir el volumen de expedientes previsto.

Según ha explicado, la regularización se afrontará en Baleares con una estructura muy limitada. "En junio habrá tres personas para tramitar 10.800 expedientes", ha señalado, en referencia a la pérdida de plantilla en las oficinas de Extranjería. A su juicio, esta situación hará inviable una gestión eficaz del proceso y generará un cuello de botella administrativo.

La consellera ha insistido en que su departamento apuesta por "un mercado laboral digno" y por la contratación regular de trabajadores, y ha puesto como ejemplo medidas como el "cheque canguro", diseñado para aflorar empleo sumergido en el ámbito doméstico: "Queremos sacar del mercado negro a trabajadoras como las empleadas del hogar para que puedan tener contrato y cotizar".

En contraste, Cabrer ha criticado el enfoque del Gobierno central, al considerar que la regularización extraordinaria puede desincentivar vías legales ya existentes: "Los constructores me cuentan que ya no quieren hacer ni el arraigo por formación porque saben que tendrán los papeles igualmente". En su opinión, esto puede derivar en una mayor precariedad: "Tendremos personas aquí sin formación, malviviendo y haciendo trabajos que no sean dignos".

Aprobación en el Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros aprueba hoy el real decreto que permitirá regularizar a cerca de medio millón de migrantes en España. El proceso arrancará de forma telemática el jueves 16 de abril y de manera presencial el día 20, según ha avanzado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Entre las principales novedades del texto definitivo figura la eliminación de la posibilidad de acreditar la ausencia de antecedentes penales mediante una declaración responsable, una opción que sí contemplaban borradores anteriores pero que ha sido descartada tras el dictamen del Consejo de Estado. El órgano consultivo consideró esta fórmula "inadecuada" para un proceso masivo, al entender que podía relajar los controles y abrir la puerta a prácticas irregulares.

El nuevo decreto mantiene, no obstante, la opción de que la Administración española recabe directamente la información del país de origen cuando el solicitante demuestre que no ha obtenido respuesta en el plazo establecido. Asimismo, se permitirá iniciar los trámites con pasaportes caducados. El proceso está dirigido a personas en situación irregular que se encontraran en España antes del 1 de enero de 2026 y que acrediten una permanencia continuada de al menos cinco meses. También podrán acogerse los solicitantes de asilo que hayan registrado su petición hasta el 31 de diciembre de 2025.

Por otro lado, el texto excluye expresamente a las personas apátridas, entre ellas los saharauis, al considerar que no se encuentran en situación irregular y evitar así solapamientos administrativos. Según ha defendido Saiz, el procedimiento contará con equipos "reforzados" y canales adicionales, como oficinas de Correos y entidades colaboradoras, para garantizar una tramitación "eficaz". Cabrer, sin embargo, mantiene sus dudas sobre la capacidad real del sistema.

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