Tribunales
Piden 2,5 años de cárcel al administrador de una empresa por falsificar la firma del finiquito de un trabajador
Los documentos fueron aportados en el juzgado de lo social que examinaba la demanda por despido improdecente
El sospechoso niega la autoría de la falsificación en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Palma
El acusado, hoy durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Palma. / M.O.I.
La Fiscalía solicita una condena de dos años de medio de cárcel para el administrador de una empresa de Campos por falsear la firma de un trabajador en los documentos de su despido. El sospechoso supuestamente aportó los documentos fraudulentos, en los que figuraban varias cantidades abonadas al obrero que este dice no haber recibido, en el juzgado de lo social que examinaba la demanda por despido improcedente. El ministerio público y la acusación particular imputan al acusado delitos de estafa procesal en grado de tentativa y falsedad en documento mercantil. El encausado ha negado hoy, en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Palma, haber falseado la rúbrica del trabajador.
En su declaración, el hombre ha explicado que no tenía participaciones en la empresa en cuestión, sino que era el administrador a través de la asesoría que regenta. Ha señalado que "nunca" conoció al trabajador y que la documentación que presentó en el procedimiento social era la que le facilitó una administrativa de la empresa. "Nunca tuve conciencia de que estuviera falseada", ha afirmado. Al ser preguntado sobre si los pagos supuestamente efectuados al trabajador están reflejados en la contabilidad, ha admitido que no lo ha comprobado.
El trabajador, por su parte, ha contado que fue despedido en 2021 tras sufrir un accidente laboral por el que la empresa fue sancionada debido a varias irregularidades. El hombre ha afirmado que nunca firmó ningún contrato ni tampoco el finiquito. "No los firmé ni recibí el dinero", ha asegurado sobre la indemnización por despido que la empresa aseguraba haberle abonado.
La Fiscalía y la acusación particular sostienen que en marzo de 2022 el acusado aportó en el juzgado de lo social documentos "previamente confeccionados por él o por otra persona por encargo del mismo". Eran cuatro recibos y notificaciones con la firma del trabajador en los que figuraba que había cobrado 4.795 euros tras ser despedido. El perjudicado reclama una compensación de 6.200 euros. El juicio ha quedado visto para sentencia.
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