Juicio a un casero por acoso inmobiliario a un inquilino que no pudo entrar en su piso en Palma tras sus vacaciones

Un casero será juzgado próximamente en Palma por acoso inmobiliario a un inquilino, que no pudo entrar en la habitación que tenía alquilada desde hacía cuatro años al volver de un largo viaje de vacaciones, ya que le cambiaron la cerradura y el cuarto había vuelto a ser arrendado a otra persona a finales de 2023.

El perjudicado, que no pudo entrar en el que había sido su domicilio desde antes de enero de 2020, ubicado en una travesía de la calle Aragón de Palma, cerca del parque de ses Estacions, no pudo recuperar 800 euros en efectivo ni tampoco otros efectos personales valorados en más de 400 euros que guardaba en el dormitorio arrendado. Solo logró recobrar una bandolera, algunas prendas de ropa y un antiguo televisor.

La fiscalía solicita para el casero encausado, español de 76 años de edad, una pena de dos años y tres meses de prisión por un delito de coacciones. En concepto de responsabilidad civil, reclama una indemnización de 1.219 euros a favor del inquilino afectado por el dinero y los enseres que no pudo recuperar.

Mientras, la acusación particular, que representa al perjudicado, un ciudadano de origen senegalés, pide una condena de cinco años y cinco meses de cárcel para el sospechoso por un delito de coacciones y otro de apropiación indebida. Respecto a la responsabilidad civil, interesa que su cliente sea resarcido con cerca de 1.400 euros.

El acusado compareció hace unos días en la sede judicial de Vía Alemania, en Palma, donde se celebró una vista previa. Las partes personadas en el procedimiento no alcanzaron un acuerdo y el juicio se pospuso para dentro de unos meses.

El septuagenario encausado, que carece de antecedentes penales, se dedicaba a alquilar habitaciones a inquilinos en una vivienda situada muy cerca de la calle Aragón de Palma y en las proximidades también del parque de ses Estacions.

Según la versión de la fiscalía, en fecha no determinada pero en todo caso anterior a enero de 2020, el casero arrendó uno de los cuartos al afectado por la cantidad de 200 euros mensuales.

Cuatro años más tarde, el 12 de diciembre de 2023, este inquilino se marchó de viaje durante varios meses a su país de origen, Senegal, dejando en el interior de su habitación la gran mayoría de sus pertenencias personales. Según la acusación particular, el arrendatario partió de vacaciones a su tierra mientras seguía teniendo alquilado el dormitorio.

Cambió los candados

En esas fechas, entre el 12 y el 15 de diciembre de 2023, el casero, con el único propósito de impedir al perjudicado el acceso a su domicilio, según el ministerio público, cambió la cerradura de acceso a la vivienda, así como los candados de la habitación personal del afectado y la arrendó de nuevo a otra persona, a otro inquilino, sin restituir los efectos personales que aún quedaban dentro del cuarto, que eran propiedad de la víctima.

Transcurridos poco más de tres meses, el 20 de marzo de 2024, el perjudicado regresó a Mallorca. Entonces, se percató de que no podía entrar en la que había sido su casa en los últimos cuatro años ni tampoco pudo recuperar la mayoría de sus enseres que guardaba en su habitación, a excepción de algunas prendas de vestir, un antiguo televisor y una bandolera.

En concreto, el inquilino afectado no pudo recobrar un calefactor valorado en 24 euros, una manta valorada en 30 euros, un tapiz de rezo valorado en diez euros, tres pares de zapatos por valor de 95, 60 y 75 euros, respectivamente, un chándal de 65 euros, una chaqueta de 60 euros, además de 800 euros en metálico, según la versión de la fiscalía.

La víctima finalmente renunció a ser restituida en la posesión de la habitación que tenía alquilada. Según la acusación particular, también guardaba en el cuarto en el que residía documentos personales, informes médicos, un ventilador valorado en 25 euros, además de muy diversa ropa personal y de cama, que debido a su uso se ha fijado su valor en 150 euros. Por eso, reclama una indemnización ligeramente superior a la que solicita el ministerio público.

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