El Estado infravalora en 300 millones la recaudación fiscal en vivienda en Baleares

Un análisis del centro de estudios económicos FEDEA sobre el sistema de financiación autonómica detecta un problema relevante en el cálculo de la capacidad fiscal de Baleares. Según el informe, la estimación oficial del sistema infravalora en más de 300 millones de euros la recaudación real del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP-AJD) en el archipiélago.

El estudio señala que esta discrepancia se debe a una medición imperfecta de la recaudación «a igual esfuerzo fiscal» de algunos tributos gestionados por las comunidades, especialmente el ITP, que grava principalmente la compraventa de viviendas de segunda mano. Baleares aparece como el caso más claro de esta distorsión.

El sistema de financiación autonómica no utiliza la recaudación efectiva de cada territorio para calcular su capacidad fiscal, sino una estimación denominada recaudación normativa, que intenta medir cuánto debería ingresar cada comunidad si todas aplicaran el mismo esfuerzo fiscal. Este indicador es clave porque sirve para comparar la capacidad de ingresos entre territorios y determinar posteriormente los mecanismos de redistribución.

Mercado inmobiliario

Sin embargo, FEDEA advierte de que ese cálculo no está captando correctamente la intensidad del mercado inmobiliario balear, uno de los más dinámicos y con mayor valor medio de las operaciones en España. Como consecuencia, el modelo estaría estimando una recaudación potencial significativamente inferior a la que realmente genera el impuesto en las islas.

En el caso de Baleares, el ajuste en la capacidad fiscal derivado del ITP es uno de los factores que más influyen en los resultados. Tras introducir esa corrección, el informe estima que la financiación efectiva de Baleares alcanzaría un índice de 110 respecto a la media nacional, situada en 100.

Ese resultado implica que, según los cálculos del estudio, Baleares dispondría de aproximadamente un 10% más de financiación por habitante ajustado que la media del sistema, una vez incorporados los ajustes metodológicos aplicados por FEDEA.

El estudio también analiza el principio de ordinalidad, uno de los criterios que varios economistas consideran esenciales para garantizar la equidad del sistema. Este principio establece que la redistribución entre territorios puede reducir las diferencias iniciales de capacidad fiscal, pero no debería alterar el orden relativo entre comunidades. Es decir, las regiones con mayor capacidad fiscal pueden transferir recursos a las que tienen menos, pero el sistema no debería acabar situándolas en peor posición relativa una vez completada la redistribución.

En ese marco, los autores sugieren que eliminar algunos mecanismos específicos, como el Fondo Climático o el denominado IVA Pymes, y revisar determinadas compensaciones heredadas del statu quo permitiría reducir la arbitrariedad del sistema, evitar reordenaciones entre territorios y disminuir las desigualdades en la financiación.

Más allá de las propuestas de reforma, el informe introduce una advertencia metodológica que afecta directamente a Baleares: los indicadores oficiales utilizados para medir la capacidad fiscal pueden estar subestimando algunos de los principales motores de recaudación de determinadas comunidades.

En el caso del archipiélago, el mercado inmobiliario, marcado por una fuerte presión de demanda y elevados precios de la vivienda, se ha convertido en uno de los principales generadores de ingresos tributarios autonómicos.

Si esa realidad no se refleja correctamente en los cálculos del sistema, concluye el estudio, la comparación entre comunidades y el reparto de recursos pueden basarse en estimaciones incompletas.

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