El conseller Vera no aclara si limitará el poder de las direcciones de los centros de Mallorca ante el serial de conflictos: "Los protocolos que tenemos funcionan"

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, se va por los cerros de Úbeda. Tras las revelaciones publicadas por este diario sobre el presunto entramado de «abuso de poder» y «acoso laboral» en el CIFP Pere de Son Gall, de Llucmajor, ha esquivado, este miércoles, pronunciarse sobre la necesidad de imponer medidas de control más estrictas a los equipos directivos, a pesar de la acumulación de casos similares en otros centros de la isla como el de Tecnificación Deportiva de Baleares (CTEIB) —antes conocido como Polideportivo Príncipes de España y que actualmente también integra el IES CTEIB, en Palma— , el IES Santanyí o el IES Josep Maria Llompart.

Preguntado directamente sobre si la administración considera que los directivos gozan de una «manga ancha» excesiva que facilita este tipo de situaciones de arbitrariedad, el conseller ha optado por una respuesta técnica y procedimental, evitando entrar en el fondo del debate sobre el modelo de gobernanza de los centros. Vera ha defendido la validez de las herramientas vigentes asegurando que «los protocolos que tenemos funcionan. Está Inspección Educativa y está el servicio de prevención de Riesgos Laborales y funcionan», ha enfatizado.

Respecto a la situación específica del centro de Llucmajor, donde Educación ya ha confirmado que la ansiedad de un docente tiene su origen en causas laborales, el conseller ha condicionado cualquier intervención futura a los resultados de las pruebas técnicas. «En estos momentos, si se tiene que hacer un informe psicosocial en todo el centro, se hará y veremos el resultado y se dirá si hemos de actuar o no», ha manifestado de forma escueta.

Defensa de Inspección

A pesar de que el profesorado afectado ha criticado duramente las «formas» de la Conselleria —denunciando que la notificación de la investigación carece de rigor técnico y mezcla normativas de infancia con riesgos laborales—, Vera ha insistido en su confianza ciega en los organismos de control. El titular de Educación ha recalcado que mantendrá el «máximo respeto a dos departamentos como prevención de Riesgos Laborales e Inspección Educativa».

El conseller ha reiterado que su departamento no tomará decisiones políticas de calado para frenar la discrecionalidad directiva, sino que se limitará a seguir el cauce administrativo habitual. «En casos concretos, si nos llega un informe que nos dice que se tiene que hacer una investigación, se hará, y tras las valoraciones se verá si se tienen que llevar a cabo más medidas o no», ha concluido, dejando en el aire si habrá consecuencias disciplinarias para la cúpula del Pere de Son Gall.

La crisis en el instituto de Llucmajor no solo afecta al profesorado, que denuncia un «marcaje» asfixiante y la existencia de una red de endogamia basada en relaciones sentimentales entre directivos para forzar la salida de docentes. También las familias han alzado la voz al denunciar un «maltrato institucional» hacia alumnos vulnerables de FP Básica, quienes habrían sufrido, presuntamente, mofas y «encerronas» por parte de la dirección.

Con su respuesta de este miércoles, Antoni Vera evita abrir el melón de la reforma de las competencias directivas, un tema que preocupa cada vez más a los profesores, ante el goteo constante de denuncias por persecución profesional, bajas laborales por este motivo y degradación de la convivencia en los institutos públicos de Mallorca. Mientras tanto, el tercer trimestre será clave para determinar si la evaluación psicosocial confirma el clima de «pánico» que describen los afectados.

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