El Consell de Mallorca da luz verde a 12,6 millones del escudo social mientras la oposición critica que "no son medidas nuevas"

El Consell de Mallorca ha aprobado en el pleno de este jueves una partida de 12,6 millones de euros destinada al denominado escudo social para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Irán, una medida que ha salido adelante gracias a los votos de PP, Vox y Coalició per Mallorca, pero entre duras críticas de la izquierda, que la considera insuficiente y fruto de la "improvisación", además de cuestionar que no se trate de nuevas políticas sino de partidas ya previstas.

La aprobación forma parte de una modificación de crédito más amplia de 25,5 millones de euros procedentes de remanentes, enmarcada en la primera fase del Pla Malorca Protegeix, con el que el equipo de gobierno pretende movilizar hasta 84 millones. Sin embargo, el debate político ha eclipsado el contenido económico del acuerdo, con reproches cruzados sobre la gestión del escudo social y su alcance real. La discusión, además, venía marcada por la polémica del día anterior, cuando el Consell retiró ‘in extremis’ una partida de 17,5 millones de euros que incluía ayudas para familias vulnerables y que exigía acreditar un mínimo de tres años de residencia en Mallorca. La oposición denunció el "tufo racista" de ese requisito, mientras que el equipo de gobierno alegó "cuestiones técnicas" para justificar la retirada y aseguró que las medidas se retomarán lo antes posible. Sin emargo, fuentes próximas al procedimiento señalaron que la partida fue retirada debido a las dudas internas que el requisito residencial generó entre técnicos y funcionarios.

El conseller de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, ha defendido que se trata de un "primer paso" dentro de un paquete más amplio y aseguró que el Consell "continuará haciendo aportaciones para reforzar el escudo social". Además, ha avanzado que "próximamente se aprobará" la polémica incorporación de 17,5 millones de euros para proteger a familias, empresas y sectores productivos.

Frente a ello, la oposición ha cuestionado tanto el contenido como los tiempos de las ayudas. La portavoz socialista, Catalina Cladera, ha acusado al equipo de gobierno de actuar con retraso y sin planificación: "Hace dos meses que tenemos 130 millones en los cajones y que una guerra empezó hace 40 días, y que el Consell no haya podido aprobar el escudo social es una vergüenza". A su juicio, lo aprobado "no son medidas nuevas", sino actuaciones ya previstas, y ha calificado el paquete como un "anuncio vacío".

Desde el PSIB también han reclamado abrir una negociación entre todas las fuerzas políticas para consensuar un verdadero escudo social. "Le pido que convoque a todos los grupos políticos y le ayudaremos a aprobar un escudo social como necesita Mallorca", ha pedido Cladera, quien ha criticado además las condiciones planteadas en propuestas anteriores. En la misma línea, Més per Mallorca, aunque no ha intervenido durante la aprobación de la partida de 12,6 millones, también se ha sumado a las críticas, considerando que el anuncio carece de contenido real, mientras que desde Coalició per Mallorca se ha pedido "consenso y diálogo" y un "escudo social permanente para los mallorquines". Por su parte, Vox se ha alineado con sus socios del Partido Popular y ha celebrado las cuentas y las modificaciones de crédito como "buenas noticias" que responden a las necesidades de la sociedad.

En su réplica, Bosch ha defendido la gestión del ejecutivo insular y ha rechazado las acusaciones de improvisación, asegurando que este tipo de medidas "son habituales" ante circunstancias externas que afectan a la economía. También ha insistido, al igual que hizo ayer, en que el Consell trabaja para agilizar las ayudas y que estas puedan ser efectivas en las próximas semanas.

Luz verde a la primera fase

La partida aprobada forma parte de una primera fase del paquete de medidas contra los efectos de la guerra en Irán y combina medidas de carácter social y económico. En el ámbito social, la mayor parte de los fondos se destina al Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) -9,1 millones-, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a personas con discapacidad, mejorar infraestructuras como la Llar d’Ancians de Palma y reforzar el acogimiento residencial de menores. También se incluyen ayudas a los ayuntamientos para organizar actividades de verano que favorezcan la conciliación familiar -800.000 euros-, así como recursos para mantener y ampliar programas de promoción sociocultural -80.000 euros-.

En el plano económico, al que destinan 56,1 millones de euros, el Consell ha previsto fondos para cubrir gastos derivados de nuevos contratos y prórrogas vinculados al mantenimiento de la red viaria de Mallorca, además de una pequeña partida para reforzar el sector audiovisual a través de la Mallorca Film Commission. Estas medidas se complementan con el compromiso de mantener la inversión en obra pública ya prevista en los presupuestos, con actuaciones destinadas a modernizar infraestructuras viarias y renovar instalaciones deportivas municipales. Asimismo, el equipo de gobierno ha anunciado que se agilizará la tramitación de las ayudas mediante el anticipo de hasta el 75% o incluso el 100% de las subvenciones, con el objetivo de que los recursos lleguen antes a los beneficiarios.

La intención de la institución insular sigue siendo añadir más de 40 millones de euros provenientes de los remanentes, de los cuales 30,5 millones se destinarán a hacer frente a las consecuencias de la guerra, mientras que otros 53,5 millones ya estaban incluidos en el presupuesto actual. Estos últimos se emplearán para asegurar la ejecución de obras públicas y contratos que se han visto afectados por el incremento de precios. El Consell ya tenía prevista desde febrero la incorporación ordinaria de 25,5 millones en remanentes efectuada este jueves, que a raíz del conflicto se había ampliado con una segunda partida de 17,5 millones, la cual tardará un poco más en salir adelante.

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