PP y Vox recuperan las enmiendas a la ley ómnibus pese a las críticas de la oposición

La mayoría de PP y Vox en la Mesa del Parlament ha recuperado para su tramitación las enmiendas a la ley de proyectos estratégicos, conocida como ley ómnibus, que habían sido descartadas en la Comisión de Economía y Hacienda por no ajustarse al objeto del texto. La decisión se adopta tras una doble reunión, celebrada antes y después de la Junta de Portavoces.

Con este movimiento, vuelven al circuito parlamentario las propuestas registradas por PP, Vox, Unidas Podemos y el diputado Agustín Buades. En cambio, quedan fuera todas las de Més per Menorca y parte de las presentadas por Més per Mallorca y el PSIB. En el caso de la izquierda, únicamente siguen adelante las enmiendas que ya habían superado el filtro de la comisión, centradas en medidas de carácter social, energético y en la regulación del taxi y las VTC.

La vicepresidenta segunda de la Cámara y diputada socialista, Mercedes Garrido, cuestiona el procedimiento al considerar que muchas de las enmiendas reincorporadas introducen modificaciones en ámbitos muy diversos como el Consejo Escolar, las ayudas sociales o la gestión de la recaudación sin que se haya acreditado de forma individual su vínculo con la norma, tal como exige el reglamento. Según ha señalado, el PSIB sí aplicó ese criterio a sus propias propuestas, descartando aquellas que no cumplían los requisitos.

Garrido defiende que la posición de su grupo busca salvaguardar "la correcta aplicación del reglamento" y los derechos de los diputados, al tiempo que recuerda las advertencias de los letrados del Parlament sobre el uso de leyes ómnibus para introducir cambios en múltiples normas sin el procedimiento garantista de iniciativas legislativas específicas.

Durante la Junta de Portavoces, los grupos de izquierda insistieron en esas reservas jurídicas y pusieron en duda que la apelación genérica a la economía balear justifique la inclusión de enmiendas de contenido heterogéneo. Més per Mallorca ya ha advertido de que, si el texto prospera en estos términos, acudirá al Tribunal Constitucional. En la misma línea, el PSIB alerta de las posibles consecuencias de admitir a trámite propuestas que, a su juicio, vulneran el derecho de representación.

Desde la mayoría, PP y Vox replican señalando la incoherencia del PSIB al no haber vetado anteriormente algunas enmiendas que tampoco guardaban relación directa con la ley. Los socialistas sostienen que en aquel momento se trataba de cuestiones urgentes, aunque han terminado retirando una decena de propuestas propias sobre materias como la vivienda.

Cruce de reproches entre PP y Vox

El portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, denuncia un supuesto entendimiento entre PP y PSIB para sacar adelante determinadas enmiendas rechazadas por su grupo, entre ellas medidas relativas a retribuciones de funcionarios, uso de remanentes sin presupuesto en vigor o la internalización de servicios de recaudación.

Rodríguez afirma que Vox había pactado con el PP trasladar parte de esas iniciativas a otros textos legislativos, pero que finalmente se incluyeron en la Mesa con el respaldo socialista. A su juicio, esta dinámica confirma "una pinza bipartidista" que refuerza la posición del PP en la recta final de la legislatura y pone en entredicho la relación entre ambos partidos.

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, responde recordando que Vox apoyó en su momento la tramitación sin distinción de todas las enmiendas, incluidas las de la oposición, y defiende que el procedimiento seguido ahora es coherente con ese criterio.

Denuncia de Més

Més per Mallorca denuncia que la Mesa no ha incluido en el orden del día la carta del partido en la que renunciaba a la reclasificación de las enmiendas que había presentado al decreto y solicitaba que se retiraran aquellas aceptadas de otros grupos parlamentarios y que no guardaran relación con el título del proyecto de ley. El portavoz del partido en la Cámara, Lluís Apesteguia, insiste en que interpondrán un recurso de inconstitucionalidad. El objetivo es "defender el buen trabajo de este Parlamento y evitar que una mayoría nos arrolle cuando le plazca, provocando desastres legislativos como los ya cometidos en el pasado". Además, insiste en que la forma de actuar de PP y Vox "vulnera los derechos de los diputados tal y como se recogen en el artículo 23 de la Constitución y en diversas sentencias".

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