El PP acusa a Armengol de "eludir sus responsabilidades" ante el Supremo por el caso mascarillas

El PP de Baleares carga contra la presidenta del Congreso y expresidenta del Govern, Francina Armengol, tras su declaración ante el Tribunal Supremo por el caso mascarillas, al considerar que trató de esquivar su responsabilidad política en la gestión de los contratos durante la pandemia.

El portavoz de los populares en el Parlament, Sebastià Sagreras, sostiene que Armengol "ha intentado eludir sus responsabilidades" y critica que haya optado por presentarse como ajena a las decisiones adoptadas en su propio Ejecutivo. En este sentido, señala que la exjefa del Govern "ha acabado reconociendo, aunque con la boca pequeña, sus contactos con Koldo García", en referencia a los mensajes conocidos públicamente en los que se le trasladaba información sobre las gestiones realizadas.

Sagreras lamenta que Armengol haya derivado la responsabilidad hacia la Conselleria de Salut y el Servei de Salut, señalando directamente a antiguos cargos como Patricia Gómez, Juli Fuster y Manuel Palomino. A su juicio, esta estrategia supone "señalar a terceros" pese a que algunos de ellos ya comparecieron en comisiones parlamentarias para dar explicaciones.

El dirigente popular va más allá al acusar a la expresidenta de "hacerse la ignorante" y de trasladar la imagen de que los implicados en la trama, Koldo García y el exministro José Luis Ábalos, actuaban "como si fueran una ONG que la engañó".

Desde el PP sostienen que, más allá de las responsabilidades penales que puedan derivarse, existe ya una responsabilidad política clara. En este sentido, Sagreras afirma que Armengol "abrió la puerta de Baleares a la trama corrupta", permitiendo "por acción u omisión" una estafa de 3,7 millones de euros en mascarillas inservibles que aún permanecen almacenadas.

No obstante, el portavoz popular recuerda que Armengol no se encuentra imputada en este momento, aunque subraya que la investigación sigue abierta. Según explica, el Tribunal Supremo analiza únicamente la parte del caso que afecta a personas aforadas, mientras que la investigación principal continúa en la Audiencia Nacional, incluyendo la vertiente balear. En este contexto, Sagreras advierte de que el proceso judicial todavía puede tener recorrido, ya que se están examinando "las decisiones adoptadas, el grado de conocimiento y el control político ejercido durante la pandemia", elementos que podrían determinar eventuales responsabilidades en el futuro.

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