El Govern cuela en la ley ómnibus la categoría de psicólogo general sanitario para blindar sus contratos

El Govern balear da un paso más en su intento de blindar la contratación de psicólogos sin la especialidad clínica (es decir, sin la formación PIR) en la sanidad pública. El PP registró a finales de marzo una enmienda dentro de la conocida como ley ómnibus de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos con la que pretende crear la categoría profesional de Psicólogo General Sanitario en el Ib-Salut, una maniobra con la que el Ejecutivo autonómico busca curarse en salud y darse amparo legal ante la polémica y el previsible frente judicial.

La iniciativa llega en pleno conflicto con el sector y en un momento en el que ya existen pronunciamientos judiciales en otras comunidades que cuestionan este modelo. Y lo hace, además, mediante una enmienda en una ley que no tiene nada que ver con la materia y cuya urgencia no está justificada. La intención del PP, según la enmienda, es crear esta categoría profesional como personal estatutario sanitario con funciones en Atención Primaria. En concreto, el texto establece que estos profesionales asumirán funciones recogidas en la Ley General de Salud Pública "cuando estas no estén incluidas en la cartera de servicios comunes de atención a la salud mental".

Sin embargo, esas funciones (evaluación, diagnóstico e intervención psicológica) sí están incluidas en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y, por ley, corresponden a los especialistas en Psicología Clínica (vía PIR). Es decir, la redacción abre la puerta a una interpretación ambigua sobre qué pueden o no pueden hacer estos nuevos perfiles.

Más allá del contenido, el problema también es la forma, porque se ha introducido en una ley de medidas urgentes centrada en la transformación económica, por lo que no guarda ninguna relación con la materia. Aunque ahora la ley está ahora bloqueada por los partidos de la oposición, el Govern ya ha manifestado su intención de desbloquearla y seguir adelante con su tramitación parlamentaria. Así, con esta enmienda, el Ejecutivo busca dotar de amparo legal a unas contrataciones que están en cuestión y que podrían acabar en los tribunales. Cabe recordar que un grupo de 70 psicólogos han reclamado al Ib-Salut que deje de contratar a profesionales sin el título de especialista clínico, un trámite que precede a una posible y probable demanda judicial.

Hace meses que el Ib-Salut incorporó a 16 psicólogos sin la especialidad clínica en Atención Primaria para paliar la falta de profesionales. La medida ha generado un conflicto que ha ido escalando. En este escenario, la creación de la nueva categoría supondría, en la práctica, intentar encajar jurídicamente un modelo ya en marcha.

Por su parte, la Sociedad Española de Psicología Clínica (SEPC-ANPIR) ha reaccionado con dureza y ha advertido en un comunicado del riesgo que supone esta iniciativa. La entidad considera que introducir esta medida en una ley urgente y sin relación con la materia "puede generar inseguridad jurídica" al no garantizar un "debate técnico" adecuado. Además, subraya que, aunque las comunidades autónomas pueden crear nuevas categorías, estas deben respetar las funciones ya atribuidas a los especialistas.

En este caso, recuerdan, la legislación vigente reserva la atención psicológica en el sistema público a los psicólogos clínicos: "El solapamiento de competencias supondría un riesgo para la claridad de la organización asistencial y para la garantía de una atención especializada de calidad", advierten. Por eso piden que la medida se tramite por el "cauce regulatorio adecuado" y con participación de los profesionales, y no a través de una enmienda en una ley de carácter económico.

En todo caso, la inclusión de esta enmienda se enmarca en una ley que ya ha sido objeto de críticas por intentar modificar decenas de normas a la vez. La oposición ha denunciado que el Govern está utilizando esta vía para introducir cambios "por la puerta de atrás" y ha amenazado con impugnarla si no se retira. En este contexto, la creación de la categoría de psicólogo general sanitario se suma a una lista de medidas que poco tienen que ver con el objetivo inicial de la norma.

Igualmente, no es la primera vez que se intenta una maniobra parecida. En la anterior legislatura ya se introdujo en un decreto urgente vinculado al covid una disposición para blindar la situación de psicólogos no especialistas que llevaban años contratados en puestos teóricamente de gestión. Ahora, con esta nueva enmienda, el Govern vuelve a mover ficha en la misma dirección para consolidar por la vía normativa un modelo cuestionado por el sector profesional y cada vez más expuesto a acabar en los tribunales.

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