Familias del CIFP Pere de Son Gall denuncian «maltrato institucional» a menores vulnerables

El conflicto en el CIFP Pere de Son Gall, en Llucmajor, suma un frente que trasciende el ámbito laboral para situarse en la protección del menor. Familias de un grupo íntegro de Formación Profesional Básica elevaron una denuncia formal ante la Inspección Educativa, en 2024, al considerar que sus hijas habían sido víctimas de un presunto «trato vejatorio» y «una estrategia de expulsión sistemática». Según los testimonios recabados, el centro habría convertido un perfil de alumnado especialmente vulnerable en el objetivo de una gestión basada en el «castigo y la mofa», llegando a provocar crisis de salud mental en menores con necesidades especiales.

Las familias denuncian que, lejos de actuar como un entorno de acogida para adolescentes que provienen de contextos de exclusión, violencia de género o trastornos de salud mental, el equipo directivo ha ejercido presuntamente una «presión asfixiante». El relato de los denunciantes coincide en un dato: de una ratio inicial de dieciséis alumnas en el primer curso, la cifra se desplomó hasta un total de cinco tras un proceso de abandono que las familias califican de «inducido» por el «hostigamiento constante» de la cúpula del instituto.

El caso más paradigmático es el de una menor con discapacidad reconocida y trastornos de regulación emocional. Sus progenitores relatan cómo, presuntamente, el equipo directivo ignoró los protocolos de adaptación curricular para centrarse en una «estrategia de amonestaciones masivas». Según la denuncian, se habrían producido episodios donde la jefatura de estudios «ridiculizaba» a alumnas con dificultades de aprendizaje, como dislexia, obligándolas a leer en público para mofarse de ellas.

Las familias sostienen que el centro utiliza el régimen disciplinario de forma «arbitraria y cruel». Describen reuniones de presión —denominadas «encerronas»— donde varios miembros de la dirección increpaban simultáneamente a las menores, provocando en ellas crisis de ansiedad y autolesiones. En uno de los episodios denunciados, la dirección habría expulsado de oficio a una alumna a pocas semanas de terminar el curso, sin comunicación previa y desatendiendo las advertencias sobre su frágil salud mental, una medida que tuvo que ser revertida tras la movilización desesperada de la familia ante organismos superiores.

Denuncia y «represalias»

Ante la gravedad de los hechos, los progenitores decidieron acudir a la Inspección Educativa en diciembre de ese mismo año para presentar un informe detallado de lo ocurrido. En el escrito, denuncian que el centro ignora los mecanismos de mediación y convivencia para aplicar exclusivamente medidas punitivas con el fin de «quitarse de encima» a los alumnos más complejos de gestionar.

Sin embargo, la respuesta del centro tras la visita a Inspección fue, presuntamente, la ejecución de «represalias inmediatas». Según las familias, tras las vacaciones de Navidad, las hijas de los denunciantes fueron expulsadas bajo argumentos que consideran «fabricados». «Fue una venganza directa por haber osado quejarnos», afirman. Esta situación -dicen- les forzó a recurrir a, por entre otros, Convivèxit y direcciones generales de Igualdad y Discapacidad ante lo que consideraron una «violencia institucional» insostenible.

Las familias también apuntan a la existencia de un presunto entramado de vínculos personales dentro del organigrama que anularía cualquier garantía de imparcialidad. Denuncian que figuras clave como la coordinación de convivencia o el personal de orientación están vinculadas por lazos familiares o sentimentales con la dirección, lo que genera un muro de silencio. «Si intentas pedir ayuda a la orientadora o a la educadora, te encuentras con las parejas de quienes te están acosando», lamentan.

Incluso se relatan episodios de gravedad donde el centro, presuntamente, habría iniciado protocolos contra las propias familias ante servicios de menores como represalia por sus quejas. Las familias describen al equipo directivo con términos de «prepotencia y misoginia», asegurando que el trato hacia las madres fue de desprecio absoluto. Pese a lo sucedido, reconocen que la denuncia ante Inspección surtió efecto, que, tras la intervención, especialmente de Convivèxit, el centro finalmente permitió que las alumnas pudieran titular y completar su FP.

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