Educación investigará al centro de FP Pere de Son Gall por posible acoso laboral

Nuevo episodio de conflictos entre docentes y equipo directivo en un centro público de Baleares. La Conselleria de Educación y Universidades ha decidido tomar cartas en el asunto ante la problemática situación de convivencia que atraviesa el CIFP Pere de Son Gall, en Llucmajor. Según han confirmado desde la administración autonómica -y como refleja la notificación a la que ha tenido acceso este diario-, Inspección Educativa llevará a cabo una «evaluación de riesgos psicosociales integral a lo largo del tercer trimestre». Esta medida técnica buscaría radiografiar el clima laboral tras la acumulación de quejas y, sobre todo, tras la ratificación oficial de que al menos un docente presenta un cuadro de ansiedad derivado estrictamente de causas laborales.

La decisión administrativa llega tras, al menos, dos cursos de tensiones sostenidas. El detonante principal ha sido un informe del servicio de riesgos laborales que vincula la patología de un profesor con el entorno de trabajo. Este dictamen obliga ahora a la Conselleria de Antoni Vera a investigar si existen responsabilidades disciplinarias dentro del equipo directivo o de otros docentes implicados en las presuntas irregularidades denunciadas.

Sin embargo, la notificación oficial recibida el pasado 1 de abril ha generado críticas por parte del profesorado afectado debido a las «formas empleadas». El problema principal, según sostienen, es que la notificación se haya hecho bajo un «formato informe» que, a su juicio, no cumple con los requisitos técnicos ni procedimentales de tal documento. Además, denuncian que la normativa de referencia citada por Inspección —que incluye la Ley de atención a la infancia o decretos sobre derechos y deberes de los alumnos— no guarda una relación jurídica directa con la evaluación de riesgos laborales y psicosociales del personal docente.

‘Marcaje’ al profesorado

Uno de los puntos más críticos trasladados a la Conselleria tiene que ver con la propia organización jerárquica del instituto y los intereses personales que presuntamente subyacen en la gestión del personal. Según sostienen los denunciantes, las relaciones sentimentales entre miembros del equipo directivo habrían creado una red de endogamia que funciona como un mecanismo de exclusión. Los testimonios apuntan a que este vínculo jerárquico se utiliza para, presuntamente, «acosar» a otros docentes con el objetivo de «forzar su salida del centro», evitando así que ocupen plazas definitivas que el entorno directivo preferiría controlar o destinar a sus propios familiares.

La Conselleria ratifica que la ansiedad de un docente tiene su origen en causas laborales

Los testimonios ponen nombre y apellidos a esta operativa de presión. Hay quienes relatan un calvario de fiscalización arbitraria que comenzó por discrepancias académicas. «La jefa de estudios accedió a mi aula virtual de Classroom, no para supervisar la continuidad pedagógica, sino para cuestionar mis criterios de calificación»- explica uno de ellos- que apunta que el conflicto estalló cuando la dirección le recriminó la ayuda prestada a un estudiante, alegando que el joven «no tenía ninguna posibilidad de sacarse el ciclo» y que el aprobado la dejaba en evidencia, puesto que -según dicen que manifestó- ya había comunicado a la familia el fracaso inminente de la alumna.

Este episodio -relatan- derivó en una «encerrona» en el despacho, donde la alumna fue interrogada a solas y el profesor cuestionado. Pero la presión -añaden- fue a más, pues- según cuentan- se introdujo a la pareja sentimental de la jefa de estudios en las clases de uno de los afectados bajo el pretexto de un «refuerzo». «En realidad, lo que hacían era una observación encubierta de aula, instando a los alumnos a que apuntasen qué se hacía mal», denuncian.

Son críticos al señalar que tras «forzar» la salida de este docente en cuestión —que finalmente decidió participar en el concurso de traslados y estar el curso que viene en otro centro para huir de la situación—, la plaza ha sido ocupada «precisamente por la pareja sentimental de la jefa de estudios».

Control y uso de alumnos

Los testimonios describen un escenario de «espionaje» y «presión constante». Se relatan episodios donde se habría instado a estudiantes, especialmente perfiles vulnerables de Formación Profesional Básica, a «informar» sobre sus profesores para buscar motivos de sanción o descrédito profesional.

La evaluación psicosocial que se llevará a cabo a final de curso analizará esta realidad mediante cuestionarios y entrevistas anónimas. Este procedimiento es el paso previo necesario para que la Conselleria pueda intervenir de forma contundente -en caso de resultar necesario-.

La situación detectada en el CIFP Pere de Son Gall no es un hecho aislado en el mapa educativo de Mallorca, sino que se suma a otros conflictos recientes que han puesto en jaque a la Conselleria, como la crisis en el Centro de Tecnificación Deportiva de Balears (CTEIB), donde -según Educación- las informaciones reservadas sobre presuntas irregularidades aún no se han resuelto; o la dimisión precipitada del director del IES Josep Maria Llompart tras meses de denuncias por ocultar informes de riesgos psicosociales. Asimismo, casos como el del IES Santanyí, marcado por acusaciones de arbitrariedad y miedo entre el profesorado, confirman una tendencia de degradación de la convivencia en varios centros de la isla.

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