El Consell de Mallorca retira 'in extremis' las ayudas sociales por la guerra en Irán para las que exigía tres años de residencia legal

El Consell de Mallorca ha retirado esta mañana, por sorpresa e 'in extremis', las ayudas sociales para familias vulnerables incluidas en el paquete de medidas económicas contra el impacto de la guerra en Irán para las que se exigía a los solicitantes acreditar un mínimo de tres años de residencia en la isla. Desde el Consell argumentan que las ayudas, anunciadas la semana pasada por el presidente Llorenç Galmés, no se aprobarán en el pleno de mañana "por cuestiones técnicas", aunque otras fuentes apuntan a las dudas de algunos funcionarios con el contenido del paquete de medidas y a posibles presiones del tercer sector por la exigencia residencial como origen de la caída temporal del denominado Escudo Social. La institución insular tampoco ha aclarado, de momento, si mantendrá el requisito residencial una vez salgan adelante las ayudas.

La institución insular ha informado durante la Comisión Informativa previa al pleno de que finalmente se retiraría del orden del día la aprobación de una partida de 17,5 millones de euros parte del paquete de medidas contra la guerra, en la que se incluía la dotación económica para las ayudas, aludiendo a "cuestiones técnicas" relacionadas con la convocatoria de las mismas y su tramitación y asegurando que dicha partida se aprobaría "lo antes posible". De este modo, también queda suspendida la rueda de prensa que el Consell tenía prevista para esta semana, en la que iba a ofrecer todos los detalles del paquete, denominado Pla Mallorca Protegeix.

El conseller insular de Hacienda y Función Pública, Rafel Bosch, ha considerado pertinente la retirada de esta medida ante la posibilidad de "estudiar mejor algunos expedientes" que se habían elaborado "con cierta premura" debido a que las festividades de Semana Santa "inhabilita una serie de días para trabajar". "Hemos consultados a entidades que nos han hecho ver que podríamos mejorar estos expedientes, y como estamos a tiempo hemos considerado que es mejor ser prudente para después por hacer resoluciones que lleguen más rápido a la gente y no dejar las cosas más ambiguas. Lo hemos hecho con un criterio de prudencia", ha explicado.

Sin embargo, algunas fuentes señalan como causa de la retirada de partida que contenía las ayudas las dudas que podrían tener algunos trabajadores y técnicos del Consell con el contenido general del paquete, pues considerarían que presenta medidas y partidas poco relacionadas con paliar los efectos económicos del conflicto. Por el contrario, otras fuentes apuntan al requisito residencial en las ayudas sociales como motivo de tensión y presiones entre la institución insular y entidades del tercer sector. Cabe recordar que el Govern de Marga Prohens también anunció hace unas semanas que exigirían tres años de residencia legal en Baleares para poder acceder a las ayudas sociales de la comunidad autónoma.

De este modo, el Consell retrasa la aprobación de la modificación de crédito de 17,5 millones de euros destinados a paliar los efectos del conflicto, en la que se incluían 9 millones que iban a inyectarse en el Institut Mallorquí d'Afers Socials para reforzar las ayudas sociales a colectivos vulnerables. Esta cantidad salía del remanente presupuestario del año pasado, del cual el Consell sí que podrá aprobar mañana una aportación extraordinaria de 25,5 millones de euros, que incluye 13 millones destinados al paquete de medidas contra la guerra.

La intención de la institución insular sigue siendo añadir más de 40 millones de euros provenientes de los remanentes, de los cuales 30,5 millones se destinarán a hacer frente a las consecuencias de la guerra, mientras que otros 53,5 millones ya estaban incluidos en el presupuesto actual. Estos últimos se emplearán para asegurar la ejecución de obras públicas y contratos que se han visto afectados por el incremento de precios. El Consell ya tenía prevista desde febrero una incorporación ordinaria de 25,5 millones en remanentes, que a raíz del conflicto se había ampliado con una segunda partida de 17,5 millones, la cual tardará un poco más en salir adelante.

En este contexto, la vicepresidenta del Institut Mallorquí d’Afers Socials, Malen García, ha participado en una reunión organizada este jueves por el Govern en la que la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha tratado junto a representantes de los consells insulares, el Ayuntamiento de Palma y la Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares (FELIB), la coordinación de las posibles medidas de carácter social ante los efectos económicos derivados del conflicto en Irán.

La oposición critica la "improvisación" del Consell

La decisión ha generado recelos entre los principales partidos de la oposición, que han considerado que el hecho de tener que retirar una de las modificaciones de crédito responde a la improvisación del equipo de gobierno insular a la hora de hacer sus anuncios.

"Ha sido una sorpresa, porque esta mañana teníamos una comisión informativa y nos han anunciado que retiraban este punto del orden del día porque tenían que acabar una serie de memorias... las prisas", ha señalado la portavoz de MÉS per Mallorca, Catalina Inés Perelló. La ecosoberanista ha sostenido que estos 17,5 millones de euros tardarán más en llegar porque o "no estaban bien justificados" o el equipo de gobierno "no tiene nada hecho" todavía.

La portavoz del PSIB, Catalina Cladera, ha lamentado que se haya retirado la citada modificación de crédito "de manera improvisada" y ha considerado que responde a la "falta de planificación y sensibilidad" del equipo de Galmés, a quien ha pedido una nueva propuesta de escudo social que sea "real, completa e inclusiva".

Los socialistas, en un comunicado, han alertado de que de los 84 millones de euros comprometidos durante el Debate de Política General de la semana pasada, el 60% eran promesas de inversión en municipios que ya figuran en las cuentas de este 2026. Del resto, solo los 17,5 millones de euros retirados se detallaron en medidas concretas, una cifra "totalmente insuficiente para afrontar la situación social".

Una de las cuestiones que estaban contempladas en la memoria justificativa de la modificación de crédito que finalmente ha sido retirada del orden del día era la exigencia de que los beneficiarios de las ayudas acreditaran tres años de residencia legal. Por el momento, según han indicado las fuentes del Consell de Mallorca, se desconoce si este requisito se mantendrá o se ajustará durante la revisión de las cuestiones técnicas a subsanar.

Cladera ha criticado esta medida al considerar que "apesta a racismo" al excluir de las ayudas a "parte de la población más vulnerable". "Había ayudas por valor de nueve millones de euros que dejaban fuera a personas por el simple hecho de no cumplir con un mínimo de tres años de residencia, una medida que tiene un claro tufo discriminatorio", ha incidido Cladera.

La socialista ha atribuido esta medida a la "influencia" de Vox en el equipo de gobierno, del que forma parte, y ha considerado que la "presión" de las entidades sociales ha sido "clave" para que se retirara la modificación del orden del día.

Perelló ha ido en la misma línea y ha especulado con la posibilidad de que la retirada de estos 17,5 millones esté vinculada con este requisito que se pretendía establecer.

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