PP y Vox cuelan exenciones al catalán, privatización de trámites administrativos y bonificaciones fiscales en la ley Ómnibus del Govern

El Partido Popular y Vox aprovecharán la tramitación de la ley de aceleración de proyectos estratégicos, la conocida ley ómnibus del Govern, para introducir un paquete amplio de reformas que van mucho más allá del objetivo inicial de la norma. Entre las medidas que previsiblemente saldrán adelante figuran cambios en política lingüística, fiscalidad, vivienda y administración pública, en un movimiento que la oposición considera una transformación "por la puerta de atrás".

Uno de los bloques más sensibles afecta al catalán. Las enmiendas plantean eliminar el requisito lingüístico en plazas docentes de muy difícil cobertura y en diversas categorías básicas de la función pública. Además, rebajan las exigencias para obtener certificados de nivel B2 y C1 en el sistema educativo e incorporan la posibilidad de obtenerlos tras cursar un año en el extranjero.

En paralelo, Vox impulsa la creación definitiva de la Oficina Antiocupación y la introducción de un requisito de al menos tres años de residencia legal ininterrumpida para acceder a la renta social garantizada, lo que en la práctica excluiría a los recién llegados de esta prestación. También se incluye la reserva del 20% de plazas de policías locales para exmilitares.

El bloque económico y fiscal constituye otro de los ejes de la reforma. El Govern plantea bonificaciones para propietarios que no incrementen los alquileres por encima del IPC, así como nuevas rebajas fiscales dirigidas a jóvenes para facilitar la compra de vivienda. A ello se suma la creación de un registro oficial de agentes inmobiliarios y el blindaje de la prohibición de ampliar las licencias de alquiler turístico en pisos plurifamiliares.

Pero el cambio más estructural se concentra en la Administración. El Ejecutivo pretende extender de forma masiva la figura de la declaración responsable para agilizar trámites y, al mismo tiempo, abrir la puerta a que empresas privadas gestionen procedimientos administrativos que hasta ahora realizaban funcionarios. El modelo replicaría el funcionamiento de las Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECU): el ciudadano o promotor pagaría a una entidad privada para tramitar licencias u otros expedientes, manteniéndose formalmente la supervisión pública.

Muchas de estas medidas formaban parte de enmiendas que fueron inicialmente rechazadas en comisión por no guardar relación directa con la ley, pero que ahora PP y Vox prevén recuperar en el pleno gracias a su mayoría en el Parlament balear. Entre ellas, destacan precisamente las exenciones lingüísticas, las rebajas fiscales y el endurecimiento de los requisitos de acceso a ayudas sociales.

El movimiento ha desatado una fuerte controversia política y jurídica. La oposición denuncia que se está utilizando la ley ómnibus como un "contenedor" para introducir reformas de gran calado sin el debate específico que requerirían, mientras que la mayoría defiende que se trata de un uso legítimo de las herramientas parlamentarias en una norma de carácter transversal.

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