Més señala al director general de Agricultura por la venta de s'Esplet: "Se benefició un conocidísimo empresario agrícola mallorquín"

El portavoz de Més per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha reclamado este martes a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que la Abogacía de la Comunidad investigue la venta de la participación pública en la empresa agroalimentaria s’Esplet, una operación que sitúa bajo sospecha y que atribuye al actual director general de Agricultura, Fernando Fernández. En agosto de 2023, el conseller Joan Simonet decidió mantener al exdirigente de Podemos, que iba de número seis en las listas al Parlament con la formación morada, después de estar dos años en el cargo.

Durante la sesión de control, Apesteguia cuestiona una decisión adoptada en los meses previos a las elecciones autonómicas de 2023, cuando el Govern decidió desprenderse de su participación, un 11,8 % del capital, en la empresa de sa Pobla. Según expone, la venta se formalizó por un importe muy inferior al valor estimado en los informes internos, lo que, a su juicio, generó un perjuicio para las arcas públicas.

"Los beneficiarios fueron el resto de accionistas, entre ellos un conocidísimo empresario agrícola mallorquín, vinculado al PP y líder de una de las patronales agrícolas donde precisamente trabajaba el señor Simonet", denuncia Apesteguia, en referencia a Joan Company, hasta ahora gerente de s'Esplet y actual presidente de Asaja Balears.

El portavoz ecosoberanista sostiene que la operación benefició al resto de accionistas privados y apunta a posibles vínculos políticos en el entorno empresarial implicado. Además, subraya que la liquidación posterior de la compañía ha dejado a 19 trabajadores sin cobrar, un desenlace que, en su opinión, agrava las consecuencias de aquella decisión.

Diferencia entre valor y precio de venta

Apesteguia detalla que la participación del Govern estaba valorada en más de 300.000 euros, pero finalmente se vendió por una cifra sensiblemente inferior, en torno a los 120.000 euros. A ello añade que, tras la reciente puesta en venta de activos de la empresa, como la nave industrial por unos cinco millones, la comunidad autónoma habría dejado de ingresar cerca de 470.000 euros al no mantener su participación. Con estos datos, el portavoz de Més plantea directamente a Prohens si avala las decisiones del actual director general de Agricultura y si asume la responsabilidad política de su continuidad en el cargo.

La presidenta rechaza las acusaciones y devuelve la crítica a la anterior etapa de gobierno, presidida por Francina Armengol. Prohens considera "insólito" que Més pida investigar decisiones adoptadas cuando formaba parte del Ejecutivo y recuerda que por encima de un director general estaban los consellers y la propia presidenta.

En su intervención, la dirigente autonómica ironiza con la posibilidad de revisar toda la gestión del anterior Govern y acusa a los socios de entonces de respaldar decisiones similares en otras operaciones empresariales del sector agroalimentario.

El Govern se defiende

Desde la Conselleria de Agricultura aseguran que la venta de la participación del Govern en S’Esplet se realizó "conforme a un procedimiento plenamente garantista, técnico y colegiado". Según detallan, se trató de una operación "ajustada a derecho, con todas las garantías administrativas y con un criterio económico orientado a proteger tanto el interés público como la estabilidad del propio sector".

"El criterio aplicado fue el de una valoración equilibrada y ajustada al contexto real de la empresa y del sector, que permitiera la continuidad de la estructura en aquel momento sin generar una carga económica excesiva para los productores. Se trata de una decisión colegiada y no individual, adoptada en el seno del consejo de administración del IRFAP, con la participación de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, servicios jurídicos, representantes de Hacienda y la propia Conselleria", concluyen.

Según el Ejecutivo autonómico, en este proceso existían tres escenarios de valoración posibles, "todos ellos legales y avalados jurídicamente", que contemplaban diferentes niveles de precio en función de las condiciones de la operación. Finalmente, se optó por una "solución intermedia" que incorporaba una reducción respecto al valor máximo, "con el objetivo de garantizar el equilibrio entre la defensa del interés público y la capacidad real de los socios para asumir la operación".

Suscríbete para seguir leyendo