El Govern defiende la venta de s’Esplet: asegura que fue una decisión "ajustada a derecho" y avalada por la Abogacía

El Govern balear sale al paso de las críticas sobre la venta de su participación en la empresa agroalimentaria s’Esplet y defiende que la operación se realizó con todas las garantías jurídicas y administrativas. Desde la Conselleria de Agricultura insisten en que el proceso fue "plenamente garantista, técnico y colegiado" y que se adoptó siguiendo criterios económicos orientados a preservar tanto el interés público como la estabilidad del sector primario.

El Ejecutivo autonómico explica que la comunidad mantenía una participación minoritaria, en torno al 10% a través del IRFAP, y que su salida del accionariado se enmarca en una estrategia general de desinversión. Según detallan, la operación se ejecutó "conforme a derecho" y contó con el aval de los servicios jurídicos durante todo el procedimiento.

Desde Agricultura precisan que, antes de formalizar la venta, se analizaron tres posibles escenarios de valoración, todos ellos considerados legales y respaldados por informes jurídicos. Cada uno contemplaba un rango distinto de precio en función de las condiciones de la operación. Finalmente, se optó por una fórmula intermedia, con un valor inferior al máximo teórico. El Govern justifica esta decisión en la necesidad de equilibrar la defensa del interés público con la capacidad real de los socios para asumir la compra.

En este sentido, la Conselleria subraya que los compradores eran los propios integrantes de la sociedad agraria de transformación, lo que condicionaba el margen de maniobra. "Fijar un precio máximo habría tensionado económicamente a los productores e incluso comprometido la viabilidad de la entidad", sostienen fuentes del departamento.

Rechazo a las acusaciones

El Govern también rebate las críticas sobre una posible infravaloración de las acciones y recalca que tampoco se optó por el escenario más bajo, precisamente para evitar un perjuicio a las arcas públicas. "El criterio aplicado fue el de una valoración equilibrada y ajustada al contexto real de la empresa y del sector", defienden.

Además, desde Agricultura rechazan que la decisión pueda atribuirse a una única persona y remarcan que se trató de un acuerdo colegiado adoptado en el seno del consejo de administración del IRFAP. En el proceso, añaden, participaron la Abogacía de la Comunidad Autónoma, los servicios jurídicos, representantes de Hacienda y la propia Conselleria.

En esta línea, el Ejecutivo cuestiona las peticiones de investigación formuladas desde la oposición y recuerda que los órganos jurídicos de la comunidad estuvieron presentes durante todo el procedimiento. También subrayan que el director general de Agricultura no ejerció ningún voto individual en la operación. Con esta defensa, el Govern intenta cerrar el frente político abierto en el Parlament en torno a s’Esplet, reivindicando la legalidad del proceso y situando la decisión en el marco de una estrategia económica más amplia vinculada al sector agrario balear.

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