PP y Vox recuperarán las enmiendas a la ley Ómnibus pese al aviso de los letrados y las amenazas de recurso al Constitucional

La tramitación del proyecto de ley de aceleración de proyectos estratégicos ha derivado en un pulso político y jurídico en el Parlament balear que amenaza con trascender el ámbito autonómico. A las discrepancias sobre el contenido de la norma se suma ahora una disputa de fondo sobre el procedimiento, con advertencias cruzadas de acudir al Tribunal Constitucional si se vulneran los límites del reglamento.

El detonante está en las enmiendas rechazadas en comisión y que PP y Vox intentan recuperar mediante escritos dirigidos a la Mesa, entre las que destacan la eliminación del requisito de catalán en docentes de difícil cobertura y en otras plazas en función pública; bajar la nota necesaria para obtener el certificado de catalán en la educación y que los alumnos que cursen un año en el extranjero puedan obtenerlo también cuando vuelvan; la eliminación de la RESOGA y la renta de emancipación a personas con menos de tres años de residencia, o la limitación del acceso a la sanidad para los inmigrantes. También se incluyen rebajas fiscales para los jóvenes que compren una vivienda, dejar blindada la legalización de viviendas en rústico o permitir la externalización de la tramitación de estas legalizaciones para que lo hagan entidades privadas en lugar de la Administración.

Més per Mallorca anuncia que no solicitará la reincorporación de las enmiendas presentadas al decreto ley de proyectos estratégicos por "coherencia política" y exige al resto de grupos parlamentarios que hagan lo mismo si no quieren que el texto legislativo resultante acabe en el Tribunal Constitucional por vulnerar los derechos de los diputados y de la ciudadanía.

El portavoz de la formación en el Parlament, Lluís Apesteguia, recuerda que los letrados de la Cámara, por unanimidad, han respaldado el escrito de su grupo para que no se califiquen las enmiendas que no guardan relación con el título del proyecto, tal y como establece el reglamento. En este sentido, subraya que el 70% de las enmiendas presentadas no tienen ninguna conexión con el texto legislativo en tramitación y que, de hecho, algunas suponen prácticamente una nueva ley que "entra por la puerta de atrás y sobre la que no podemos hacer aportaciones como grupos parlamentarios".

En paralelo, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha registrado una solicitud de reconsideración en la que cuestiona la inadmisión acordada por la Mesa de la comisión. El núcleo de su argumento es que el criterio aplicado no ha sido homogéneo: según sostiene, se han admitido enmiendas de otros grupos con una conexión material similar o incluso menor que las rechazadas.

Vox considera que esta diferencia de trato vulnera los principios de igualdad y pluralismo político, y sitúa el debate en el terreno constitucional. En su escrito, sostiene que la interpretación del reglamento no puede ser restrictiva ni selectiva y que impedir la tramitación de sus propuestas limita el derecho de los diputados a ejercer plenamente su función representativa. Además, el partido argumenta que sus propuestas encajan dentro del marco normativo del proyecto y que su exclusión responde a una aplicación arbitraria del reglamento.

Desde el PSIB-PSOE, el portavoz Iago Negueruela se alinea parcialmente con las críticas sobre el procedimiento, aunque desde un enfoque distinto. Habla de "mala praxis" y advierte de que este tipo de maniobras ya han provocado correcciones por parte del Tribunal Constitucional. A su juicio, se está intentando introducir reformas legales de calado a través de enmiendas que, en la práctica, actúan como modificaciones encubiertas, sin el debate parlamentario exigible.

El posicionamiento del PP se sitúa en el extremo opuesto. Su portavoz, Sebastià Sagreras, defiende que las enmiendas son susceptibles de ser tramitadas y relativiza las críticas al recordar que otros grupos también han presentado propuestas que exceden el contenido inicial del proyecto. Además, subraya que la propia naturaleza del decreto amplio y transversal justifica un margen mayor en la incorporación de cambios.

Para la oposición, se está forzando el reglamento para introducir modificaciones sin control. Para PP y Vox, se trata de un uso legítimo de los instrumentos parlamentarios en una ley de alcance amplio. En ese cruce de interpretaciones, la ley de aceleración, concebida para agilizar proyectos estratégicos, ha pasado a un segundo plano. El verdadero debate se desplaza ahora al terreno institucional: hasta dónde puede llegar la mayoría en la tramitación legislativa y dónde empieza la vulneración de las reglas que ordenan el juego parlamentario. La amenaza de judicialización, con el Tribunal Constitucional en el horizonte, anticipa que la batalla no se limitará al hemiciclo.

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