El decreto para paliar los efectos de la guerra de Irán enfrenta al Govern y la oposición: "No parece serio pedir consenso sin haberlo trabajado"

El decreto de medidas para hacer frente al impacto económico de la guerra en Irán abre una nueva brecha política en el Parlament a dos días de que el Govern lo apruebe en un Consell de Govern extraordinario. Los grupos coinciden en el diagnóstico y en la necesidad de actuar ante la escalada de precios, pero discrepan en las formas, los tiempos y el alcance de la respuesta por la "falta de diálogo".

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, verbaliza el malestar con mayor contundencia. Denuncia que el Ejecutivo pide apoyo sin haber facilitado un borrador del decreto, pese a que en la reunión previa con los partidos se acordó que estos presentarían sus propuestas antes de redactar el texto definitivo. "No parece serio pedir consenso sin haberlo trabajado", resume.

En este mismo eje crítico se sitúa Més per Mallorca, aunque elevando el tono político de fondo. Su portavoz, Lluís Apesteguia, sostiene que el Govern ha retrasado deliberadamente las medidas hasta el regreso de la presidenta, Marga Prohens, para poder escenificar su presentación. "Han postergado las medidas hasta que Prohens ha vuelto del Caribe y ha podido hacer una puesta en escena", afirma.

Más allá del calendario, Apesteguia cuestiona el procedimiento seguido por el Ejecutivo y recuerda que, en la reunión mantenida la semana pasada, el Govern se comprometió a remitir un borrador a los grupos antes de aprobar el decreto, algo que, denuncia, no ha sucedido. La decisión de llevar el paquete directamente al Consell de Govern deja, a su juicio, a los partidos sin margen real de participación.

A falta de conocer el detalle completo de las medidas, Més lamenta la ausencia de un escudo social y advierte de que algunas de las iniciativas anunciadas, especialmente en el sector primario, podrían tener un alcance muy limitado. Según explica, muchos potenciales beneficiarios ya han agotado el tope de ayudas "de minimis" fijado por la Unión Europea, lo que reduce significativamente su efectividad. Frente a ello, Apesteguia apunta a dónde debería dirigirse la respuesta pública: ayudas directas a las personas vulnerables y a una clase media que, en sus palabras, no llega a final de mes. Un enfoque que introduce una divergencia clara con el planteamiento del Govern y anticipa que el consenso no solo se jugará en las formas, sino también en la orientación de las políticas.

Frente a este bloque crítico, el Partido Popular defiende el proceso y trata de proyectar una imagen de control y anticipación. Su portavoz parlamentario, Sebastià Sagreras, confía en que el decreto logre un apoyo "si no unánime, lo más amplio posible" y subraya que las medidas "son las que se hablaron con los grupos parlamentarios y se explicaron a los agentes económicos". A su juicio, el margen que queda hasta la aprobación definitiva debería servir para ensanchar ese consenso.

El relato del PP pivota sobre la idea de rapidez. Sagreras reivindica que Baleares ha sido de las primeras comunidades en reaccionar al impacto del conflicto y destaca que, "en poco más de un mes desde el inicio, el Govern ya ha aprobado un paquete propio de medidas para proteger la economía". Frente a las acusaciones de improvisación, insiste en que el decreto nace de la "escucha activa" a sectores económicos, autónomos y empresas que ya están sufriendo el aumento de costes.

El contenido del paquete, según esta versión, combina ayudas directas, facilidades de financiación y medidas de agilización administrativa. Un enfoque pragmático, sostiene el PP, pensado para una economía especialmente expuesta por su condición insular, la dependencia del transporte y el peso de sectores sensibles a las tensiones internacionales. "En momentos excepcionales, lo peor que puede hacer un gobierno es llegar tarde", advierte Sagreras.

En una posición intermedia se sitúa el PSIB-PSOE. Su portavoz, Iago Negueruela, reconoce que el bloque económico del decreto incorpora algunas de las propuestas socialistas, pero mantiene la presión sobre el Govern por dos flancos: el calendario y el contenido. Por un lado, lamenta que las medidas lleguen tarde. Por otro, insiste en que falta una pata social, especialmente en ámbitos como la vivienda.

Negueruela introduce además un elemento político: el liderazgo. Considera que la presidenta del Govern debería haber encabezado personalmente las negociaciones en un contexto de impacto económico creciente. Con todo, da por hecho que comparecerá en el pleno para explicar la respuesta del Ejecutivo.

El cruce de posiciones dibuja un escenario en que hay acuerdo en la necesidad de actuar, pero con una disputa abierta sobre quién marca el ritmo y cómo se construye el consenso. Y en esa disputa previa a su aprobación se condensan dos lecturas opuestas: la del Govern, que se presenta como rápido y resolutivo, y la de la oposición, que ve improvisación, falta de diálogo y una respuesta incompleta ante una crisis que ya se deja sentir en los precios y en la economía doméstica de las islas.

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