La magistrada de Palma acusada de prevaricación, en el juicio ante el TSJB: “Yo no he paralizado nada”

“Yo no he paralizado nada”. La magistrada de lo mercantil Margarita Poveda Bernal, acusada de prevaricación por presuntamente dictar varias resoluciones injustas durante el proceso concursal de una empresa que explotaba el hotel Torre Azul en s’Arenal de Llucmajor, fue muy clara ayer al ser juzgada ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB).

La jueza, que está suspendida en funciones desde finales de 2025, negó en rotundo los cargos. Declaró en último lugar y se negó a responder a la acusación particular. “Tramito miles de concursos, este concurso de la sociedad Grupo 4 Islas Baleares SL era uno más”, se defendió. “No tenía ningún interés personal, no conozco a los letrados, no conozco a la propiedad del hotel”, subrayó.

La magistrada declaró en 2022 el concurso voluntario de acreedores de esta empresa, que tenía como principal activo el hotel Torre Azul en s’Arenal y era responsable de su explotación, y nombró a un administrador concursal. “Yo no tenía ningún interés por mantener a ese administrador concursal. Tengo buena relación profesional y buen criterio de ambos. Incluso tengo más relación con el segundo que con el primero”, reconoció.

El 30 de junio de 2023 una jueza sustituta cesó al primer administrador concursal y nombró a otro. Esta resolución fue recurrida en reposición y cuando la magistrada Poveda volvió al juzgado admitió el recurso en un auto de 12 de septiembre de 2023. Luego, se apeló ante la Audiencia Provincial, que finalmente confirmó el cese del primer administrador el 26 de febrero de 2024. Transcurrido algo más de un mes, el 3 de abril de 2024 el nuevo administrador concursal tomó posesión de su cargo.

La encausada dictó dos providencias supuestamente prevaricadoras el 11 de julio de 2023, en respuesta a un escrito presentado en el juzgado por parte de la empresa concursada, que pedía que se hiciera efectivo el cese, y otro escrito por parte del primer administrador concursal, que solicitaba auxilio judicial por un grave incidente ocurrido días antes en el hotel. La magistrada contestó a la concursada que no había lugar y que no había posibilidad de recurrir. Y en la otra providencia ordenaba que se requiriese a la concursada para que colaborara con la administración concursal cualquiera que fuese su composición y señalaba que el cese no tendría plenos efectos hasta que fuera firme la resolución.

La entidad concursada recurrió en reposición esta providencia, pero la jueza Poveda el 28 de julio de 2023 no admitió el recurso en otra providencia en la que indicó que tampoco podía ser impugnada. Sin embargo, la empresa trató de apelar, pero el 19 de octubre de 2023 la magistrada de nuevo lo inadmitió en otra providencia. La fiscalía y la acusación particular sostienen que estas dos últimas resoluciones también son “manifiestamente injustas”. Por ello, el ministerio público solicitó ayer una multa y 15 años de inhabilitación para la magistrada de lo mercantil.

Descarga en la letrada

La acusada aseguró que no tuvo conocimiento del auto de cese del primer administrador concursal hasta el 10 de julio cuando este se lo dijo, le indicó que iba a recurrir y también le comunicó unos graves incidentes en el hotel Torre Azul. “Yo no firmé ese auto. No hubo traspaso de poderes. El funcionario no me lo dijo. La ejecución de ese auto no me corresponde, no es competencia mía, eso es competencia de la letrada de la administración de justicia”, manifestó, descargando la responsabilidad en la secretaria judicial.

La letrada de la administración de justicia explicó que acababa de llegar a ese juzgado y que no supo nada del concurso. “Nadie me informó. Yo doy fe de la resolución, no del contenido. El funcionario luego me dijo que él lo trataba directamente con la magistrada”, detalló la testigo. Por su parte, el funcionario confirmó que la jueza Poveda conocía el auto de cese del administrador concursal: “Ella lo sabía, me dijo que todavía no se cesara porque había un recurso de reposición. Yo le daba cuenta de todo. Ella resolvía, ella dictaba las resoluciones. Su criterio era que no cabía recurso de reposición y entonces se inadmitía”.

La encausada recordó que en sus providencias dictaminó que no cabía recurso “por automatismo judicial; yo interpreto que no cabe recurso”. Según recalcó, “a mí me era indiferente quién fuera el administrador concursal; no era mi intención reponer o no al administrador; yo solo pensaba en el auxilio judicial tras el asalto al hotel”. Por último la magistrada remarcó que no se agotaron todas las vías: “Podían haber presentado un incidente de nulidad”.

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