La fiscal mantiene su petición de multa y 15 años de inhabilitación para la jueza de Palma acusada de prevaricación
El ministerio público critica que sus resoluciones “no tienen fundamentación jurídica” y son “manifiestamente injustas”
La defensa reclama la libre absolución de la magistrada de lo mercantil al alegar que su actuación es penalmente atípica
La magistrada acusada Margarita Poveda (derecha) con traje negro, entra ayer en el Palacio de Justicia. / MANU MIELNIEZUK / DMA
La fiscalía mantuvo ayer tarde su petición de condena de 18 meses de multa a razón de diez euros diarios y 15 años de inhabilitación para la magistrada de lo mercantil Margarita Poveda Bernal por un delito doloso de prevaricación al destacar que las providencias que dictó a mediados de 2023 en el procedimiento concursal de un hotel de s’Arenal fueron “manifiestamente injustas”.
De forma alternativa, el ministerio público interesó cinco años de inhabilitación en el caso de que la Sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) considere que los hechos constituyen una prevaricación por ignorancia o negligencia inexcusable.
“Ha quedado acreditada la prevaricación culposa. Lo hizo a sabiendas. No se le podía haber pasado por encima por su experiencia y los años que lleva en los juzgados de lo mercantil. Ha habido dolo”, indicó la fiscal en sus informes. “El auto de cese del administrador concursal tendría que ser ejecutivo en el plazo de cinco días. Dejó sin efecto el auto. Pasaron diez meses hasta que tomó posesión el nuevo administrador concursal. No sabemos la razón por la que no quería cesar al primer administrador”, añadió.
Sin cobertura jurídica
El ministerio público criticó que sus resoluciones “no tienen fundamentación jurídica”. Abundó: “No dio ni un solo razonamiento”. La acusación particular coincidió en que se privó a los recurrentes de llegar a la Audiencia: “Ninguna de las resoluciones tiene cobertura jurídica”.
Por último, la defensa reclamó la libre absolución de la jueza al alegar que su actuación es penalmente atípica. Según su versión, se trata de una guerra cruzada en la que el daño colateral es la magistrada Poveda. La abogada indicó que sus providencias no afectaron desfavorablemente a nadie, como manifestó la acusada. Según detalló, la clave del caso es el acuerdo que suscribió el primer administrador concursal con la propiedad del hotel Torre Azul el 1 de agosto de 2023, por el cual se resolvió el contrato de explotación del establecimiento y se dejó a la concursada sin su principal activo. El caso quedó visto para sentencia ayer tarde.
Suscríbete para seguir leyendo
- Baleares pedirá como mínimo que los pisos de hasta 1.200 euros puedan optar a las ayudas al alquiler
- Koldo pide la suspensión 'urgente' del juicio o una nueva declaración de Armengol tras el informe UCO sobre Baleares
- El Opus Dei pugna en la Audiencia de Palma por una herencia por la que dos hermanas están acusadas de estafa
- El profesor condenado por acoso Miquel Roldán se reincorpora a un colegio de Palma
- Guillem Martorell Bonnín presenta su primer libro con 11 años: un diario ilustrado con mucho humor
- Los adolescentes sin móvil podrán llamar desde los comercios de Binissalem
- Sumar, PP y PSOE instan en Madrid al Ministerio de Cultura a permitir la restauración del castillo de Alaró
- La gran cita del ciclismo vuelve a la isla: estas son las carreteras afectadas por la Mallorca 312
