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Análisis

«Una extraordinaria y urgente» torpeza del Govern

El Constitucional deshace por diez a uno la voluntad del Consolat de «enmendar» arbitrariamente las votaciones del Parlament

Marga Prohens, durante una intervención en el Parlament.

Marga Prohens, durante una intervención en el Parlament. / CAIB

Matías Vallés

Matías Vallés

El PP se equivocó 31 veces por sí solo y sin ayuda de otros en diciembre de 2024 en el Parlament. Se trata sin duda del récord mundial de desprecio al funcionamiento de la cámara, y de ignorancia sobre la actividad legislativa. Una vez demostrado que sus diputados no saben lo que votan, los populares no pidieron jamás disculpas por el «error público y notorio» que han debido reconocer ante el Constitucional. Ni siquiera se preocuparon de encontrarle a Marga Duran, artífice de un desastre sin precedentes, una ocupación más adecuada a sus aptitudes si las hubiere.

En lo que el Tribunal Constitucional considera una cacicada aunque no emplea esa palabra, el Govern del PP decidió dos días después que cancelaba todas las votaciones parlamentarias, para revertir arbitrariamente a las decisiones aprobadas. El Consolat recurrió al formato de un Decreto-ley. La «extraordinaria y urgente necesidad» esgrimida ha sido condenada como una torpeza de idénticas y mayúsculas proporciones.

El Constitucional se siente tan escandalizado, por la voluntad del Govern de anular votaciones del legislativo a voluntad, que ni siquiera se ha escindido en magistrados progresistas y conservadores. Acuerda la nulidad por un abrumador diez a uno, inusual en asuntos de configuración partidista.

El Govern decidió por su cuenta que las votaciones de una cámara democrático no reflejaban «la verdadera voluntad de la mayoría parlamentaria», un claro ejemplo del nulo respeto que le merece la actividad legislativa. El Constitucional ha tenido que recordarle con cierto sonrojo que «enmendar» a los representantes de los ciudadanos no se cuenta entre sus atribuciones, porque esa facultad usurpada alegremente supondría la anulación de la división de poderes. El supuesto error del diputado popular Alberto Casero no alteró en el Congreso la trascendente aprobación de la reforma laboral.

Más extraña resulta la alegría ante la sentencia de PSOE y Més, que fueron cómplices burlados por Prohens tras resolverle los 31 errores, mientras Vox/PP corregían la Memoria Democrática en Memoria Franquista. El Constitucional les comunica a las izquierdas recurrentes que sus pretensiones esenciales decaen ante un procedimiento viciado de raíz.

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