El GOB reclama más vigilancia en Cabrera, un sistema para medir la presión humana y rechaza la posibilidad de permitir la pesca con palangre

El nuevo Plan de Gestión del Parque Nacional de Cabrera (PRUG), que entrará en vigor el año que viene, y cuyo periodo de exposición pública finalizó el 17 de marzo, ha recibido 200 alegaciones de 35 entidades y personas, informaron ayer fuentes de la conselleria Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern balear.

Empieza ahora el análisis de las propuestas presentadas, al que seguirá la redacción del documento, su paso por el Patronato de Cabrera, el órgano consultivo, por el Consejo de la Red de Parques Nacionales y finalmente su aprobación mediante decreto en el Consell de Govern, un proceso que las mismas fuentes estiman que todavía durará un año.

El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Cabrera, que ahora está en fase de renovación y cuyo último documento data del año 2006, es la normativa principal que regula las actividades, protección y ordenación de este espacio protegido de Baleares. Y establece las normas para el uso público (turismo), pesca artesanal autorizada y conservación de los ecosistemas.

Una de las principales aportaciones del nuevo PRUG será la creación de una área de protección estricta que abarca la mayor parte de la zona marina ampliada en 2019, de hasta casi 60.000 hectáreas, con el objetivo de reforzar la preservación de los ecosistemas marinos sensibles, favorecer la recuperación de especies vulnerables y consolidar Cabrera como un referente en la conservación en el Mediterráneo.

Además, como explicó a este diario la directora Maria Valens,  será el primer plan de gestión del parque nacional que introduce el cambio climático como criterio transversal, el vertido cero de aguas depuradas al mar, el objetivo deconseguir un parque cada vez más sostenible, el apoyo a las investigaciones, avanzar hacia una gestión adaptativa, prevenir la entrada de especies invasoras, impulsar proyectos de restauración activa e introducir medidas de prevención de incendios, uno de los grandes riesgos por el crecimiento de la superficie boscosa.

Las alegaciones del GOB

El grupo ecologista GOB, en sus alegaciones, valora la incorporación de una zona de uso limitado en el escarpe de Émile Baudot, una medida que supone un avance significativo en la consolidación de áreas de alta protección, ya que implica eliminar cualquier actividad extractiva en más de 56.000 nuevas hectáreas.

Aun así, considera que esta protección debería extenderse también a la zona del Fort d’en Moreu, como también ha reclamado la Fundació Marilles, un sector cercano con importantes valores ecológicos, caracterizado por la presencia de hábitats profundos vulnerables como el coralígeno y comunidades de gorgonias. "Integrar este ámbito dentro de la misma zona protegida permitiría reforzar la conectividad ecológica y mejorar la eficacia global de la zona de máxima protección".

"Planteamos también mejoras en la regulación de las zonas de reserva alrededor de los islotes, ya que las distancias actualmente previstas resultan insuficientes para evitar molestias a las colonias de cría y nidos de diversas especies de aves amenazadas. Especies como la pardela cenicienta (Calonectris diomedea), la pardela balear (Puffinus mauretanicus), el cormorán moñudo (Gulosus aristotelis) o los halcones de Eleonor (Falco eleonorae) y peregrino (Falco peregrinus) son especialmente sensibles a la proximidad de embarcaciones durante el periodo reproductor", considera el GOB.

En la misma línea, alertan sobre el impacto que puede tener la actual configuración de la zona de fondeo diurno de es Burrí sobre una de las parejas de águila pescadora (Pandion haliaetus) que nidifican en el parque. En años pasados se han confirmado problemas en la reproducción de esta pareja de águilas a causa de la instalación del campo de boyas de fondeo. Y proponen reordenar el campo de boyas para garantizar una distancia mínima de seguridad alrededor del nido y favorecer el éxito reproductor de esta especie emblemática.

En cuanto al uso público, el GOB echa en falta un sistema integral de capacidad de carga que permita evaluar de manera realista la presión humana sobre el parque. "Así, el PRUG se limita a establecer límites parciales, sin integrar todos los usos existentes ni definir indicadores y umbrales que permitan aplicar una gestión adaptativa. Esta carencia es especialmente relevante si se tiene en cuenta que el parque ya dispone de estudios recientes de capacidad de carga que apuntan a posibles situaciones de saturación, especialmente vinculadas al turismo náutico", subraya.

Otro de los aspectos que se consideran insuficientemente desarrollados es la vigilancia, añade el grupo ecologista". El PRUG no concreta los medios ni la organización necesarios para garantizar un control efectivo del cumplimiento de la normativa, y queremos remarcar que la dependencia excesiva de sistemas tecnológicos no puede sustituir la presencia real sobre el territorio. En este sentido, reclamamos un dispositivo de vigilancia operativo durante las 24 horas, capaz de hacer frente a problemáticas como el furtivismo".

Finalmente, en relación con la actividad pesquera, el GOB insta a mantener el modelo de pesca artesanal tradicional establecido por la normativa de creación del parque y evitar la consolidación de artes de pesca industriales como el palangre, que consideran incompatible con los objetivos de conservación. "Queremos recordar que la legislación de parques nacionales establece que cualquier actividad debe quedar supeditada a la conservación de los valores naturales".

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