El Govern reúne a todos los partidos para consensuar rebajas fiscales y ayudas directas por la guerra de Irán

El Govern ha reunido este miércoles a los portavoces de los grupos parlamentarios con el objetivo de analizar las consecuencias económicas de la guerra en Irán y avanzar en la definición de un paquete de medidas que permita amortiguar su impacto en las islas. La cita, convocada por el vicepresidente y conseller de Economía, Antoni Costa, se inscribe en una estrategia más amplia que el Ejecutivo ha desplegado en los últimos días y que ya suma ocho reuniones con agentes sociales, sectores económicos y distintas administraciones.

El mensaje que traslada el Govern es que la crisis todavía no se manifiesta en toda su intensidad, pero los indicadores apuntan a un encarecimiento de los costes energéticos que acabará filtrándose al conjunto de la economía balear. En ese contexto, el Ejecutivo plantea un decreto de medidas urgentes que combina tres grandes ejes: ayudas directas a los sectores más expuestos, medidas fiscales para aliviar costes y un paquete social orientado a proteger a las familias ante el previsible aumento de precios y de las cuotas hipotecarias.

La reunión con los grupos parlamentarios busca, en este punto, algo más que un intercambio de impresiones. El Govern intenta construir una base de consenso político que facilite la aprobación de las medidas en un contexto de elevada incertidumbre. Y, al menos en esta primera toma de contacto, el tono acompaña: todos los grupos coinciden en la necesidad de actuar con rapidez.

Desde el PSIB, el portavoz Iago Negueruela valora positivamente tanto la convocatoria como el diagnóstico compartido con el Ejecutivo, aunque introduce un matiz político relevante: considera que, por la dimensión de la crisis, la reunión debería haber estado encabezada por la presidenta del Govern, Marga Prohens. Más allá de esa crítica, los socialistas aseguran que existe un amplio margen de acuerdo, especialmente en las medidas dirigidas al transporte, la distribución y el sector primario, ámbitos donde el impacto del encarecimiento de los combustibles se percibe de forma más inmediata.

El PSIB defiende además la incorporación de un bloque social más ambicioso. Entre sus propuestas figuran deducciones vinculadas a las hipotecas variables, ayudas a autónomos y refuerzos al sector primario. También pone sobre la mesa la necesidad de abordar el problema del alquiler en un contexto en el que la inflación puede agravar la presión sobre las familias.

Desde el PP, la portavoz Marga Durán defiende la hoja de ruta del Govern y pone el acento en el trabajo previo realizado con los sectores económicos. Según explica, el Ejecutivo prepara un "paquete potente" de medidas que incluye ayudas directas, actuaciones fiscales y mecanismos de apoyo a las familias ante la subida de precios y de los tipos de interés. Durán insiste en la voluntad de alcanzar el máximo consenso posible y no descarta una nueva reunión antes de cerrar el decreto.

Vox, por su parte, respalda la orientación general del Govern y subraya la urgencia de aprobar el decreto en un plazo breve, que sitúa entre una y dos semanas. La formación insiste en que la respuesta debe construirse desde la unidad política y sin "sesgos ideológicos", ante una crisis que, según advierte, impacta de lleno en sectores clave y en las economías domésticas. No obstante, introduce un elemento de diferenciación al reclamar que las ayudas sociales se dirijan prioritariamente a las familias residentes en las islas.

Més per Mallorca, en cambio, introduce un enfoque más condicionado. Su portavoz, Lluís Apesteguia, advierte de que las ayudas económicas deben ir acompañadas de decisiones políticas que garanticen su eficacia real, especialmente ante las limitaciones que puede imponer la normativa europea. La formación también reclama reforzar el componente social y anticiparse al impacto del encarecimiento de la energía sobre la cesta de la compra.

Aún sin decreto

El Govern, por ahora, se mueve en un terreno todavía preliminar. Traslada a los grupos una propuesta en fase de elaboración, estructurada en tres bloques: fiscalidad, ayudas directas y modificaciones normativas. Además, el Ejecutivo se compromete a remitir en los próximos días un documento más detallado para continuar la negociación. No concreta ni la cuantía global ni el calendario exacto de aprobación, aunque sí avanza que el decreto no se aprobará en el Consell de Govern de este próximo viernes.

El trasfondo de la reunión es un diagnóstico compartido: la economía balear es especialmente vulnerable a los shocks energéticos por su dependencia del transporte y del exterior. El encarecimiento del combustible no solo afecta a los costes de producción, sino que se traslada rápidamente a la cadena de valor, desde el transporte de mercancías hasta los precios finales.

En este escenario, el Govern intenta anticiparse a una segunda fase de la crisis: el impacto directo en las familias. De ahí el énfasis en las medidas sociales, todavía menos definidas, pero que apuntan a amortiguar el golpe de la inflación en los hogares. El equilibrio, sin embargo, no es sencillo: la respuesta debe ser rápida, pero también políticamente sostenible. La reunión deja una primera conclusión: existe un terreno común sobre el diagnóstico y parte de las soluciones. La incógnita es si ese consenso inicial resistirá cuando las medidas se concreten en cifras, prioridades y destinatarios. Es ahí, en la letra pequeña del decreto, donde se decidirá el alcance real de la respuesta.

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