El Parlament debate hoy que los condenados por acoso a menores no puedan ser docentes tras la polémica del caso de Miquel Roldán

El Parlament debate hoy si admite a trámite la proposición de ley presentada por el PP en el Parlament para endurecer los requisitos de acceso a profesiones con contacto habitual con menores, con el objetivo de impedir que personas condenadas por determinados delitos puedan ejercer como docentes. La iniciativa se presentó en noviembre de 2025 tras el debate social generado por el caso del profesor Miquel Roldán en el CEIP Maria Antònia Salvà de Son Sardina.

La propuesta plantea modificar el artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021 para ampliar los supuestos de inhabilitación. En concreto, el PP ha propuesto que queden automáticamente excluidas de estas profesiones las personas condenadas por acoso a menores, incluido el ciberacoso, así como por delitos de odio o por violencia doméstica o de género. El objetivo es reforzar la protección de la infancia ante nuevas formas de violencia que, según los populares, no están suficientemente cubiertas por la normativa actual.

El detonante de la iniciativa fue la situación vivida en el centro de Son Sardina, donde la posible reincorporación de un docente condenado provocó una fuerte reacción de las familias. Los padres del CEIP Maria Antònia Salvà llegaron a convocar una huelga de asistencia al inicio del curso escolar ante la falta de herramientas legales para impedir su regreso a las aulas mientras el caso seguía en revisión judicial.

Ese episodio evidenció, según el PP, una "laguna legal" que deja margen a que personas con condenas puedan seguir trabajando con menores si no existe una inhabilitación expresa en la sentencia. La consecuencia, sostienen, ha sido que tanto la Conselleria de Educación como los propios centros educativos han quedado "con las manos atadas" en situaciones de alta sensibilidad social.

La iniciativa ha recogido además las demandas trasladadas en los últimos meses por asociaciones de familias y por la propia administración educativa. Entidades como FAPA Baleares han reclamado cambios normativos para evitar que se repitan episodios similares, mientras que la Conselleria ha pedido revisar los criterios de acceso cuando existan condenas o procedimientos judiciales relacionados con menores.

Abanico de delitos más amplio

En la actualidad, la legislación estatal obliga a no tener antecedentes por delitos sexuales o de trata de seres humanos para trabajar con menores. La propuesta del PP ha ampliado este marco incorporando tres nuevos bloques de delitos: acoso a menores, tanto físico como digital; delitos de odio o discriminación por motivos ideológicos, raciales o de orientación sexual; y violencia doméstica o de género, incluyendo amenazas o coacciones.

El texto también establece que cualquier persona que aspire a un puesto con contacto habitual con menores deberá presentar un certificado negativo actualizado del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata, que deberá incorporar estos nuevos supuestos. De este modo, la inhabilitación pasaría a ser automática en caso de condena, eliminando la dependencia de decisiones judiciales específicas en cada caso. Además, la proposición de ley plantea la derogación del artículo 9 de la Ley 9/2019 de Baleares para evitar contradicciones entre la normativa autonómica y estatal, y prevé que el nuevo marco entre en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.

Postura del PP

La portavoz adjunta del PP, Marga Durán, explica que se trata de "una iniciativa clara y necesaria que nace con un único objetivo: garantizar al máximo la protección de nuestros menores". En este sentido, remarca que "no puede haber ninguna duda ni ninguna laguna cuando hablamos de la seguridad de los niños, y por eso proponemos reforzar el marco legal actual".

La portavoz señala que el PP considera que "existe una laguna en la legislación estatal que, lamentablemente, ya ha tenido consecuencias reales en Balears, como se vio al inicio del curso escolar en Son Sardina", por lo que insiste en que "situaciones como esa no pueden volver a repetirse". Además, Durán explica que la normativa vigente permite que, en algunos casos, aun existiendo una condena por acoso a menores, no se haya establecido una inhabilitación expresa para ejercer la profesión, lo que deja a la Conselleria de Educación y a los centros educativos "con las manos atadas y sin capacidad de actuar con la contundencia que la situación requiere". Durán subraya que esta propuesta también responde a una demanda clara de la comunidad educativa. "Familias, docentes y equipos directivos llevan meses reclamando más garantías y más protección".

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