La ley para impedir que los condenados por acoso puedan ejercer como profesores da un paso adelante en Baleares

La proposición de ley presentada por el PP para impedir que los condenados por acoso a menores puedan ejercer como profesores da un paso adelante en Baleares después de que el pleno del Parlament haya aprobado esta mañana su toma en consideración. Una iniciativa que ha contado con 50 votos favorables de todos los grupos y tres abstenciones de Vox. Cabe recordar que la propuesta se presentó en noviembre de 2025 tras el debate social generado por el caso del profesor Miquel Roldán en el CEIP Maria Antònia Salvà de Son Sardina.

Así, la proposición de ley plantea modificar el artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021 para ampliar los supuestos de inhabilitación. En concreto, el PP ha propuesto que queden automáticamente excluidas de estas profesiones las personas condenadas por acoso a menores, incluido el ciberacoso, así como por delitos de odio o por violencia doméstica o de género. El objetivo es reforzar la protección de la infancia ante nuevas formas de violencia que, según los populares, no están suficientemente cubiertas por la normativa actual.

"Entornos seguros"

La portavoz adjunta del PP en el Parlament Marga Durán, ha valorado positivamente el respaldo de la Cámara a la iniciativa y ha destacado que "hoy el Parlament ha enviado un mensaje claro: la protección de los menores está por encima de cualquier diferencia política"

“Queremos garantizar entornos plenamente seguros para nuestros hijos y dar respuesta a una demanda legítima de las familias y de la comunidad educativa”, ha señalado Durán, quien ha insistido en que el objetivo es "anticiparse a los riesgos y acabar con las lagunas legales existentes”.

La portavoz del PP ha subrayado que la aprobación de la toma en consideración supone "un avance importante para reforzar la confianza de las familias en las instituciones y en los entornos educativos", y ha asegurado que el PP seguirá trabajando para que la normativa estatal garantice la máxima protección a los menores en todos los ámbitos.

Apoyo de la oposición

Por su parte, los partidos de la oposición han dado apoyo a la iniciativa presentada por los populares. La diputada del PSIB-PSOE, Amanda Fernández, ha coincidido en que existe un vacío legal que "es importante subsanar apara dar seguridad a los menores y a sus familias".

Desde Més per Mallorca han apoyado también la necesidad de introducir este cambio legislativo. Para la ecosoberanista Maria Ramon, "es bueno y necesario" ampliar a los delitos de odio y agresiones a los requisitos para impedir el ejercicio de profesiones con niños.

El único grupo que no ha apoyado la toma en consideración ha sido Vox, que se ha abstenido al considerar que la ampliación de los delitos se tendría que hacer "mediante un enfoque completo" y no de forma "parcial", que es lo que, a su entender, sucede con esta propuesta. Así, la diputada de Vox Manuela Cañadas ha cuestionado por qué se dejan fuera determinados delitos, como los relacionados con el terrorismo.

Polémica del caso de Son Sardina

El detonante de la iniciativa fue la situación vivida en el centro de Son Sardina, donde la posible reincorporación de un docente condenado provocó una fuerte reacción de las familias. Los padres del CEIP Maria Antònia Salvà llegaron a convocar una huelga de asistencia al inicio del curso escolar ante la falta de herramientas legales para impedir su regreso a las aulas mientras el caso seguía en revisión judicial.

Ese episodio evidenció, según el PP, una "laguna legal" que deja margen a que personas con condenas puedan seguir trabajando con menores si no existe una inhabilitación expresa en la sentencia. La consecuencia, sostienen, ha sido que tanto la Conselleria de Educación como los propios centros educativos han quedado "con las manos atadas" en situaciones de alta sensibilidad social.

La iniciativa ha recogido además las demandas trasladadas en los últimos meses por asociaciones de familias y por la propia administración educativa. Entidades como FAPA Baleares han reclamado cambios normativos para evitar que se repitan episodios similares, mientras que la Conselleria ha pedido revisar los criterios de acceso cuando existan condenas o procedimientos judiciales relacionados con menores.

Abanico de delitos más amplio

En la actualidad, la legislación estatal obliga a no tener antecedentes por delitos sexuales o de trata de seres humanos para trabajar con menores. La propuesta del PP ha ampliado este marco incorporando tres nuevos bloques de delitos: acoso a menores, tanto físico como digital; delitos de odio o discriminación por motivos ideológicos, raciales o de orientación sexual; y violencia doméstica o de género, incluyendo amenazas o coacciones.

El texto también establece que cualquier persona que aspire a un puesto con contacto habitual con menores deberá presentar un certificado negativo actualizado del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata, que deberá incorporar estos nuevos supuestos. De este modo, la inhabilitación pasaría a ser automática en caso de condena, eliminando la dependencia de decisiones judiciales específicas en cada caso. Además, la proposición de ley plantea la derogación del artículo 9 de la Ley 9/2019 de Baleares para evitar contradicciones entre la normativa autonómica y estatal, y prevé que el nuevo marco entre en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.

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