Rebaja de 530.000 a 82.000 euros de una multa por alquiler turístico irregular en Formentera

La Junta de Gobierno del Consell de Formentera celebrada el pasado 13 de febrero aprobó interponer una multa de 82.000 euros por una infracción muy grave en materia turística tras revisar a la baja una propuesta sancionadora que, en un primer momento, ascendía a 530.000 euros entre dos expedientes separados abiertos a una misma comercializadora. La reducción se apoya en un cambio de criterio de la propia Administración, que finalmente ha optado por unir los procedimientos y calcular la sanción solo a partir de los cobros que considera probados durante la inspección.

Así, el acuerdo aprobado unifica los procedimientos PS 7/2024 y PS 2/2025, abiertos a raíz de una inspección realizada el 5 de septiembre de 2024 a dos establecimientos turísticos explotados por las mercantiles Formentera Mar, S.A. y Salinera Española, S.A. situados en la Savina. Ambos casos derivan de una misma explotación turística en una misma parcela y bajo una misma denominación comercial, Cas Saliners, por lo que el Consell aceptó en su momento y tras estudiar una alegación de la empresa implicada, que existía una conexión directa entre los hechos y que procedía resolverlos de forma conjunta.

Sin título habilitante

En el primero de los expedientes, la Administración situaba los hechos en la edificación conocida como Cas Carabiners, un conjunto de apartamentos turísticos donde se apreciaba la comercialización de un número de unidades y plazas superior al autorizado, sin título habilitante suficiente. El segundo procedimiento sancionador hace referencia a la comercialización turística sin título habilitante del establecimiento denominado Casa Gran, compuesto por nueve unidades y con una capacidad de 35 plazas.

Inicialmente, la propuesta era sancionar a Formentera Mar con 480.000 euros en el caso de Casa Gran y con 50.000 euros en el de Cas Carabiners por dos infracciones tipificadas como muy graves. Sin embargo, tras las alegaciones presentadas por la mercantil, los servicios jurídicos del Consell aceptaron la petición de la empresa de acumulación de los procedimientos y, además, concluyeron que la valoración inicial resultaba excesiva en lo relativo a la cuantía.

El informe presentado a la Junta de Gobierno para su aprobación sostiene que, por razones de proporcionalidad, no debía tomarse como referencia el conjunto de las nueve unidades atribuidas a Casa Gran, sino únicamente «los ingresos acreditados en el momento de la inspección».

En concreto, el expediente cita tres unidades ocupadas cuando se produjo la inspección y cuyo pago se pudo comprobar: una con un importe de 2.350 euros, otra con 4.231,30 euros y una tercera con 600 euros. A partir de esos importes, y manteniendo la calificación de infracción muy grave, la propuesta fue rebajada hasta los 82.000 euros, cantidad que la Junta de Gobierno ha terminado aprobando.

Durante el proceso, la Administración insular rechazó el resto de las alegaciones formuladas por la empresa, dando por válidas las actuaciones del inspector de Turismo al recordar que las actas levantadas por funcionario público en el ejercicio de sus funciones cuentan con «presunción de veracidad». También considera que no se vulneró el derecho de defensa y que la comercializadora pudo formular alegaciones durante la tramitación del procedimiento.

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