La Audiencia de Palma ordena reabrir el caso de la estafa con casas modulares en Mallorca

La Audiencia de Palma ha ordenado reabrir la causa de la presunta estafa con casas modulares que se gestó en Mallorca entre 2020 y 2022 y que el pasado año archivó un juzgado de Inca al concluir que no había delito.

La Sección Segunda ha estimado el recurso de apelación interpuesto por uno de los afectados, que interpuso una querella por un perjuicio económico de más de 50.000 euros, y ha revocado el auto de sobreseimiento provisional dictado el pasado 1 de abril de 2025 por un juzgado de Inca. Hace un año, se cerró el caso contra un constructor de la isla, su pareja y la empresa Design Modular Haus SLU al considerar el juez instructor que los hechos no revestían “caracteres de delito”.

Sin embargo, ahora el tribunal de la Audiencia Provincial de Baleares ha acordado reactivar el procedimiento y que se investigue si existía una “estrategia prediseñada con propósito engañoso” que se repitió con varios perjudicados en poco tiempo.

La Sala subraya que, de las indagaciones obrantes en la causa, se desprenden posibles conductas similares, “sino idénticas”, y desplegadas durante la misma época con diferentes afectados, quienes pagaron por adelantado por unas obras que, si bien se iniciaron, luego nunca finalizaron. De esta manera, las víctimas se quedaron sin su dinero y sin su nueva casa que iba a ser construida por la empresa investigada.

Los magistrados analizan el caso en su conjunto teniendo en cuenta las averiguaciones realizadas a instancia de la fiscalía y las declaraciones de diferentes testigos, en las que se relata “un comportamiento equiparable al descrito en la querella” inicial, especialmente en lo referente a desavenencias sobrevenidas junto con la solicitud de pagos por adelantado que no se traducían en ejecución efectiva de las obras.

“A ello se suma que la averiguación patrimonial llevada a cabo no presenta una situación de liquidez exigua, según demuestran los saldos bancarios correspondientes, pese a la tenencia de un único inmueble sin edificar”, resalta la Audiencia en un reciente auto.

“De tal conjunto indiciario sí que resulta sospecha de una posible conducta engañosa, derivada del sistemático acometimiento inicial de obras que, tras haber obtenido pagos por adelantado de cara a su continuación, resultaban invariablemente afectadas por desavenencias a partir de las cuales se aminoraba la ejecución hasta abandonarla por completo, sin rendir cuentas, ni devolver los importes percibidos de más”, concluye la Sección Segunda.

Decena de afectados

Una decena de perjudicados quiso sumarse a la querella inicial. Según su versión, el volumen del dinero estafado ascendería a cerca de un millón de euros. No obstante, el juzgado de Inca encargado de investigar el caso rechazó acumular otros casos similares de otros afectados a la causa inicial al no apreciar indicio delictivo alguno en el procedimiento original. Según indicó hace un año el magistrado instructor, la existencia de “múltiples incumplimientos contractuales no convierte en delictiva cada una de las conductas, si no se demuestra que en cada caso concurre el elemento esencial del tipo penal, que en el del delito de estafa es, como es sabido, el engaño bastante, idóneo y precedente al acto de disposición patrimonial”.

La Sala anima ahora a “descifrar” las causas de las desavenencias entre el constructor y los afectados por las que las obras de las viviendas no continuaron, a fin de poder descartar que “no formaban parte de una estrategia prediseñada con propósito engañoso y desenvuelto de modo sistemático en poco tiempo”.

El recurso de apelación interpuesto por el abogado de la acusación particular, Antoni Monserrat, señala que su representado pagó 63.410 euros en 2022, mientras que el valor de las obras ejecutadas ascendía a 13.193 euros por la excavación del solar y parte de la cimentación para construir una casa con piscina en Muro que debía costar unos 300.000 euros. En febrero de 2023, el constructor abandonó definitivamente la obra, después de varios retrasos y paralizaciones.

“De ello se deriva, en principio, un posible cobro superior al importe de lo realmente ejecutado, de por sí inepto para proporcionar alguna base de sospecha que apunte congruentemente a una decidida voluntad inicial de incumplir. Y hasta aquí, el razonamiento expresado en la resolución recurrida resulta impecable”, reconoce la Audiencia.

No obstante, el tribunal destaca las posibles conductas similares desplegadas en la misma época y enumera los casos de cinco afectados que sufrieron un incumplimiento parcial de sus obras. Este mismo modus operandi de la constructora sí que resulta sospechoso para la Sala.

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