Condenado un guardia civil por no preparar un coche para un mando

La justicia militar ha confirmado la sanción impuesta para un guardia civil de la comandancia de Palma por cometer una falta muy grave. Se trata del encargado del parque móvil, que no pudo facilitar un vehículo oficial a un comandante, que tenía que asistir a una reunión oficial a una Conselleria. La sanción que impuso la directora general de la Guardia Civil, ratificada ahora por los tribunales, es de un mes y quince días de suspensión de empleo y sueldo. Los tribunales confirman la gravedad del comportamiento de este agente.

Los hechos ocurrieron en el mes de julio del año 2024. El funcionario sancionado es el responsable del parque móvil de la Comandancia de la Guardia Civil. Recibió un aviso de que se precisaba un vehículo oficial para trasladar a un comandante a una reunión. En el momento de la salida se le manifestó al mando que no disponía de ningún conductor que pudiera cubrir el servicio. La razón era que el chófer de guardia se había tenido que trasladar a un servicio por la llegada de una patera a la costa de Mallorca, excusa que en realidad respondía a una mentira, como se comprobó con posterioridad.

Aunque inicialmente puso esta excusa, según la sentencia, después intentó rectificarla, al comprobar que el chófer de guardia no se encontraba cumpliéndola en las instalaciones de la Guardia Civil. Realizaba la guardia en su propio domicilio, a la espera de que en cualquier momento pudiera recibir una llamada reclamando sus servicios. Pero en realidad esta llamada nunca se realizó y permaneció en su domicilio.

La sentencia detalla que el responsable de los vehículos oficiales, al día siguiente de este incidente con el comandante, intentó anular la orden que había trasladado con anterioridad al conductor de guardia.

La investigación de los hechos dejó poco margen de defensa al funcionario acusado, que tuvo que alegar deficiencias en el procedimiento judicial para anular la sanción. Así, por ejemplo, intentó recusar, aunque sin ningún tipo de éxito, al mando de la Benemérita nombrado como instructor del expediente. Después denunció que había sufrido un proceso judicial ilegal porque se le habían denegado una serie de pruebas, que en ningún momento llegó a proponer. También intentó denunciar que los documentos aportados en el expediente no se podían considerar como pruebas válidas.

Toda esta estrategia ha sido desmontada por el tribunal, que coincide en calificar el comportamiento del acusado como una falta muy grave.

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