Psicólogos sin especialidad en la sanidad pública: "Es un parche del Govern balear que acabará perjudicando a los pacientes"

La falta de psicólogos clínicos en la sanidad pública es un problema desde hace años en Baleares y en toda España. Pero la solución que ha empezado a aplicar el Govern, contratar a psicólogos sin la especialidad clínica PIR en Atención Primaria, ha abierto un conflicto cada vez mayor entre administraciones y profesionales.

La polémica estalló a finales del año pasado, cuando la Sociedad Española de Psicología Clínica (SEPC) denunció públicamente que el Ib-Salut había incorporado a 16 psicólogos en centros de salud sin el título de especialista en Psicología Clínica, la formación sanitaria reglada que se obtiene a través del PIR y la que exige la ley para ejercer funciones asistenciales de salud mental en el sistema público.

El Govern no rectificó. Defendió que otras comunidades también lo estaban haciendo y lo presentó como una respuesta urgente a la falta de profesionales. Pero desde entonces la controversia no ha dejado de crecer. En enero, 70 psicólogos clínicos de Baleares reclamaron formalmente al Ib-Salut que deje de contratar a no especialistas en Atención Primaria. Y, mientras aquí sigue pendiente la vía administrativa, en comunidades como Navarra ya llegan las primeras condenas judiciales por esta práctica.

Un examen muy exigente y cuatro años de residencia

Para entender el conflicto hay que saber separar a un psicólogo general sanitario de un psicólogo clínico vía PIR. No es solo una cuestión burocrática: "La formación del PIR y la del máster general sanitario son totalmente diferentes", resume en palabras a este diario el psiquiatra Kazuhiro Tajima, fundador de APIR, una de las academias de referencia en la preparación del examen en Balears y en toda España.

La vía PIR funciona como el MIR en Medicina: primero hay que superar un examen nacional muy competitivo y, después, realizar una residencia de cuatro años en hospitales y dispositivos públicos de salud mental. Durante ese tiempo, el psicólogo rota por diferentes áreas y trabaja con profesionales diferentes, como psiquiatras, enfermeras, terapeutas ocupacionales o trabajadores sociales y ve desde cuadros leves hasta trastornos mentales graves. Frente a eso, explica Tajima, el máster en Psicología General Sanitaria dura habitualmente dos años y habilita para ejercer en el ámbito privado. "No se puede comparar una formación de seis o siete meses de prácticas con otra de cuatro años", apunta.

Para Rodrigo Renedo, un psicólogo mallorquín de 35 años que acaba de aprobar el examen PIR, esta medida "es un parche": "No han sabido estar a la altura ofreciendo las plazas que tocaban y ahora intentan cubrirlo de esta manera, que puede acabar perjudicando a los pacientes", explica.

En que faltan profesionales hay consenso, nadie lo discute. El propio Tajima recuerda que cada año se presentan en España alrededor de 4.000 personas al examen PIR y solo se ofertan en torno a 250 plazas. Es decir, la gran mayoría se queda fuera. Ese cuello de botella es el origen del problema, comenta el psiquiatra, pero para buena parte del sector no justifica que se rebaje el requisito formativo dentro del sistema público.

"La solución no viene dada porque los psicólogos que no tengan el PIR puedan tener acceso a trabajar en la red de salud pública, sino por aumentar las plazas PIR", sostiene Tajima. A su juicio, el déficit no se arregla sustituyendo especialistas por perfiles con menos formación clínica, sino ampliando la capacidad del sistema. Renedo coincide: "No quise pagar un dineral por el máster. Preparé directamente el PIR y he aprobado este año, empiezo la residencia en junio", comenta. Y observa con inquietud cómo, justo cuando él va a iniciar esos cuatro años de formación obligatoria para ser especialista, las administraciones empiezan a abrir la puerta a contratar a otros profesionales sin ese recorrido: "Pasar el filtro del examen PIR es muy difícil, la gente tarda años en aprobarlo. Y ahora empiezan a contratar a personas que tienen el máster como si fueran psicólogos clínicos, pero no lo son", lamenta.

Ambos insisten en que no se trata de desmerecer esa formación; el problema, dicen, aparece cuando se usa para cubrir funciones que no le corresponden en la red pública de salud mental. "Hay muy buenos psicólogos generales sanitarios", matiza Tajima. Pero añade que, por su formación y por el ámbito en el que trabajan, "habitualmente atienden patologías menos graves". Ese es uno de los puntos más delicados del debate: desde el ámbito profesional se insiste en que no se trata de cuestionar la valía de los psicólogos generales sanitarios, sino de delimitar correctamente su ámbito de actuación. Por su formación, explican, estos perfiles pueden orientarse más a problemas emocionales o cuadros leves, pero eso no implica que deban asumir funciones asistenciales dentro del sistema público, donde la ley reserva la atención clínica a especialistas con formación PIR.

"Al final son dos formaciones distintas", explica Renedo: "El máster habilita para trabajar en la privada, para tener tu consulta o atender determinados casos, pero en la pública la exigencia es otra. Para eso está la formación sanitaria especializada", resume. En esa línea, advierte que la atención en salud mental no es un ámbito en el que se pueda rebajar el nivel de exigencia: "Lo que se aprende en el máster de dos años no tiene nada que ver con estar cuatro años formándote dentro del sistema sanitario, viendo todo tipo de casos y trabajando con otros profesionales", insiste.

El riesgo de convertir la excepción en norma

Además, la discusión ya ha pasado de una cuestión profesional a jurídica, desde que ya hay condenas. En La Rioja se publicó una convocatoria para psicólogos no clínicos, la SEPC recurró y el juez les dio la razón. En Navarra, en un caso similar, un juzgado ha anulado la contratación de psicólogos no especialistas para trabajar en Atención Primaria del sistema público. La sentencia concluye que esas funciones están reservadas legalmente a especialistas en Psicología Clínica, un fallo que refuerza el argumento de quienes en Baleares creen que el Ib-Salut está bordeando la legalidad. En enero, 70 psicólogos clínicos de las islas presentaron una reclamación administrativa para exigir que se anulen las contrataciones de 16 psicólogos sin especialidad clínica en Atención Primaria: nueve en Mallorca, tres en Menorca y cuatro en Ibiza.

En el fondo, lo que preocupa a los psicólogos críticos con esta política es que la excepción se convierta en costumbre: "El problema es que empiecen contratando a 16, luego a 100, y que con el tiempo la figura del PIR acabe desapareciendo", apunta Renedo. Tajima también avisa de que el problema no es solo a quién se contrata en los centro de salud, sino "qué modelo se consolida a medio plazo". Si la administración cubre los huecos con perfiles no especialistas, la presión para ampliar plazas PIR puede disminuir y el sistema puede acabar debilitando su propia formación sanitaria especializada, advierte. Baleares, en ese sentido, se ha convertido en un ejemplo muy claro de un debate que ya recorre toda España: cómo reforzar la atención psicológica pública sin vaciar de contenido la figura del especialista. Porque todos coinciden en que faltan psicólogos en la pública, lo que divide es cómo resolverlo.

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