El Govern eximirá del requisito del catalán a quienes no trabajen de cara al público en plazas deficitarias y algunas categorías de personal laboral

El Govern modificará los criterios de acceso a determinados puestos de la administración autonómica para permitir que los aspirantes no tengan que acreditar conocimientos de catalán cuando se trate de plazas sin atención directa al público y haya escasez de candidatos, es decir, si son plazas deficitarias.

La medida busca facilitar la cobertura de vacantes en sectores donde resulta especialmente difícil encontrar personal, según ha explicado la consellera de Función Pública, Catalina Cabrer, esta mañana en el Parlament. El Govern explica que sí se eximirá el requisito en algunas categorías de personal laboral, como puede ser un cocinero, un jardinero o trabajadores de mantenimiento.

"Se exceptuará el requisito en aquellas convocatorias de plazas que sean deficitarias y donde no haya una atención directa con los ciudadanos. Además, se rebajará el nivel exigido o se exceptuará en las plazas o categorías donde, por su naturaleza, no haya ningún uso ni ejercicio de competencia lingüística, y no traten directamente con la ciudadanía", asegura la consellera.

Cabrer defiende que la rebaja del requisito lingüístico no afectará a los derechos de los ciudadanos porque, según asegura, el Ejecutivo mantiene como principio "irrenunciable" que cualquier persona pueda ser atendida tanto en catalán como en castellano en los servicios públicos, una garantía que seguirá "plenamente vigente", en palabaras de la consellera.

Según lo pactado, el Govern se encargará de "garantizar" que el catalán "no penalice" en el acceso a bolsas públicas de trabajo, analizando las categorías, cuerpos, escalas y puestos de trabajo que no tratan con la ciudadanía "para la rebaja o exención del nivel lingüístico exigido, y exceptuando aquellas plazas deficitarias o de difícil cobertura, donde la exigencia lingüística pueda dificultar la prestación del servicio a los ciudadanos, de manera que el catalán no suponga un impedimento para acceder a estas plazas".

La reforma se enmarca en el acuerdo alcanzado entre PP y Vox y se incorporará mediante enmiendas a la ley de proyectos estratégicos. Entre los cambios previstos figura la eliminación de la exigencia de catalán en determinados puestos base de la administración como auxiliares o personal de apoyo, siempre que no impliquen trato directo con la ciudadanía. El Govern sostiene que esta medida permitirá agilizar la cobertura de plazas vacantes y evitar disfunciones en la prestación de servicios.

En el ámbito educativo, donde el contacto con el alumnado es inherente al puesto, el Ejecutivo optará por una vía intermedia. Los docentes que accedan a plazas de difícil cobertura sin acreditar el nivel de catalán deberán adquirirlo en un plazo posterior y justificarlo formalmente, con el objetivo de garantizar la competencia lingüística sin bloquear la incorporación de profesionales.

La iniciativa ha generado un fuerte choque político en la Cámara. Desde el PSOE, la diputada Amanda Fernández acusa al Govern de asumir las tesis de Vox y de poner en riesgo la normalización lingüística. En su intervención, ha criticado que la medida responda más a una imposición que a una planificación propia del Ejecutivo y cuestiona el papel de la consellera en la negociación.

Cabrer rechaza estas críticas e insiste en que el Govern actúa con un criterio pragmático ante la falta de aspirantes en determinados ámbitos. Insite en que la prioridad es garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y recuerda que la exigencia lingüística se mantendrá en todos aquellos puestos donde exista relación directa con los ciudadanos.

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