Los docentes de Mallorca claman ante el Parlament contra "el exceso de burocracia" y el "incumplimiento" de la reducción de ratios
El profesorado denuncia que no se respeta la Ley de Educación y advierte de que la sobrecarga administrativa y el número de alumnos ponen en jaque la calidad del sistema público en las islas
El conseller Antoni Vera responde a la movilización vinculando la bajada de ratios a la mejora de unas infraestructuras que califica de "herencia recibida" tras ocho años de "inacción"

Nair Cuéllar

La paciencia del profesorado de Baleares parece haber llegado a su límite. Este martes una treintena de representantes sindicales ha trasladado su indignación a las puertas del Parlament en una concentración marcada por el ruido de los silbatos y la lectura de un manifiesto unitario en la que se ha denunciado lo que consideran un "abandono" de la enseñanza pública y un "incumplimiento sistemático" de los acuerdos de mejora firmados con la Conselleria de Educación y Universidades.
Desde diez minutos antes de la hora prevista, el sonido de los silbatos ya advertía de la intensidad de la protesta frente a la sede legislativa. Entre las pancartas principales se podían leer lemas como "la burocracia nos quema", "bajada de ratios ya" o "por una enseñanza pública de calidad". Los manifestantes han querido dejar claro que la sobrecarga administrativa y la excesiva cantidad de alumnos por aula están mermando la calidad del sistema educativo y la salud de sus profesionales. "Cuando todo sea privado, nos privarán de todo", advertían algunos de los carteles en referencia a la "deriva privatizadora" que denuncia la Junta de Personal Docent de Mallorca.
Catalina Bibiloni, en representación de la misma, ha sido la encargada de leer un manifiesto que ha puesto el foco en el agotamiento de las plantillas. Según el texto, la "reducción de la burocracia" sigue siendo una asignatura pendiente que "alarga las jornadas de trabajo de los docentes" sin una repercusión directa en el aprendizaje del alumnado. El manifiesto denuncia que la gestión administrativa "consume un tiempo precioso que debería dedicarse a la innovación pedagógica y a la atención personalizada".
Además de la carga de papeles, los sindicatos han denunciado el incumplimiento del Acuerdo de mejora de 2023. "Lo que ha pasado con la convocatoria de oposiciones es la gota que ha colmado el vaso, por la falta de negociación de la Conselleria y porque el conseller Antoni Vera no dijo la verdad en su comparecencia en el Parlament", recoge el documento. Entre las promesas incumplidas, mencionan la falta de regulación de los permisos retribuidos y la parálisis en la revisión de la función tutorial, cuestionando directamente: "¿Dónde están los 60 euros de complemento de tutoría que se debían percibir a partir de septiembre de 2025?".

Durante la protesta se han podido leer pancartas en las que denunciaba que "la burocracia nos quema". / Nair Cuéllar
Plan de infraestructuras
Otro de los grandes pilares de la protesta ha sido la exigencia de una "bajada de ratios ya". Los docentes han recordado que la Ley de Educación de las Illes Balears (LEIB) estipula que la administración debía elaborar un plan para reducir el número de alumnos por aula en al menos un 10%. "Un compromiso de la Administración que a día de hoy no se ha concretado en nada", han lamentado los manifestantes. Esta reducción es, para el colectivo, imposible sin un Plan de Infraestructuras educativas 2023-2027 que sea "real y ambicioso".
Asimismo, han criticado con dureza las condiciones de los centros ante la crisis climática, señalando que "la emergencia climática no puede esperar excusas técnicas de mal pagador" y exigiendo un plan de climatización urgente. La Junta también ha expresado su rechazo a la reducción de las zonas de escolarización en Palma, por considerar que "supondrán un aumento de la segregación escolar", defendiendo que la escuela pública "debe ser un elemento de cohesión social y no un sistema que camine hacia la privatización".
Antoni Vera
Mientras en la calle se sucedían los cánticos de "¡Escuela pública de calidad!", el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha valorado las reclamaciones desde los pasillos del Parlament. Sobre la exigencia de reducir el número de alumnos por aula, Vera ha coincidido en que "se han de desarrollar", pero ha condicionado cualquier avance a la mejora del parque escolar. "No podemos hablar de desarrollo real de ratios si no es en nuevas infraestructuras", ha afirmado tajantemente el conseller ante los medios.
Vera ha defendido que su departamento está trabajando "muy claramente en nuevas infraestructuras en las Islas Baleares como nunca se había hecho", aunque ha aprovechado para cargar contra la gestión del anterior Ejecutivo. "Venimos de ocho años de inacción total de centros apuntalados y esta es la herencia que hemos recibido", ha sentenciado el conseller, quien sostiene que el Plan de Infraestructuras 2024 es la herramienta clave para poder, eventualmente, cumplir con las demandas de bajada de ratios que hoy clamaba el profesorado.
Venimos de ocho años de inacción total de centros apuntalados y esta es la herencia que hemos recibido
El manifiesto leído por Bibiloni también ha puesto sobre la mesa una "grave discriminación salarial" respecto al resto de funcionarios de la Comunidad Autónoma. Según los datos de la Junta, un docente puede llegar a percibir "565.700 euros menos de retribuciones" al final de una carrera de 30 años en comparación con un trabajador del sector sanitario. "Es evidente que los docentes sufrimos una grave discriminación salarial respecto al resto de funcionarios", señala el texto unitario.
"Es el momento de rectificar y de situar la escuela pública, su profesorado y toda la comunidad educativa en el centro", ha concluido la lectura del texto entre aplausos y silbidos. La jornada ha finalizado con el compromiso de los sindicatos de seguir vigilantes ante las políticas del Partido Popular, exigiendo que la educación pública sea "realmente inclusiva" y que se retomen las propuestas del Consell Social para fomentar el uso del catalán, tal y como recogía el punto 30 del Acuerdo marco que consideran actualmente paralizado.
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