Crece el peligro de que Baleares tengan que devolver a Madrid dinero para la formación de parados

La posibilidad de que el Govern se vea obligado a devolver al Ejecutivo estatal parte del dinero que este último ha concedido a Baleares para la formación de personas en paro se está viendo notablemente incrementada y es señalada tanto desde la oposición como desde la conselleria de Trabajo, con la diferencia de que mientras que desde el PSIB se responsabiliza a este último departamento autonómico por dejar cada año un elevado porcentaje de los fondos asignados sin gastar, la responsable del mismo, Catalina Cabrer, señala que el peligro nace de la decisión unilateral de Madrid de recortar el plazo que inicialmente se había asignado para justificar el uso de las citadas cantidades, e insiste en que se trata de un problema que no va a afectar solo a las islas, sino al conjunto de las comunidades autónomas.

El diputado socialista Llorenç Pou pone sobre la mesa las cantidades recibidas por el servicio balear de empleo (SOIB) que durante 2024 y 2025 no ha sido capaz de gastar, correspondientes en su mayoría a la financiación de la formación de personas en situación de desempleo, y que se cifran en torno a los 60 millones de euros en cada uno de esos ejercicios. Con el agravante, según subraya el portavoz del PSIB, de que uno de los problemas del mercado laboral de del archipiélago es en la actualidad la falta de personas cualificadas para cubrir las necesidades de las empresas.

Dinero sin gastar

Los datos que el propio Govern ha facilitado al Parlament a preguntas de Pou apuntan a que de los 147,1 millones de euros que el SOIB tenía asignados en los presupuestos autonómicos de 2024, se han quedado sin gastar 59,9 millones, es decir, un 40,7%. En el caso de 2025, de 138,4 millones de euros, 61,1 millones se han quedado sin consumir, lo que supone un 44,1%. Eso implica que en esos dos ejercicios siguen sin utilizarse 120 millones de euros.

Un aspecto sobre el que el diputado socialista hace hincapié es en que 47,4 millones de 2024 y 46,5 millones de 2025 son fondos asignados a las políticas de formación para mejorar la cualificación de los desempleados procedentes de la Administración central que no se han usado, a los que suma 6,6 millones del primero de esos ejercicios y seis millones del segundo para políticas de orientación e intermediación que buscan ayudar a los parados a encontrar un nuevo puesto de trabajo.

Con estos datos, considera que el Govern está demostrando su incapacidad para gestionar y aprovechar los recursos de los que el servicio balear de empleo dispone, y lo considera un reflejo de la escasa importancia que el Gabinete de la presidenta Marga Prohens da a esta materia.

Para sustentar esta afirmación aporta dos datos adicionales. Uno es que tras años de crecimiento del presupuesto del SOIB con el anterior Govern del Pacto, con el del PP esa partida no ha dejado de disminuir. Y el segundo es que este hecho explica también por qué el citado servicio ha tenido cuatro directores generales en menos de tres años, además de tres personas distintas como coordinadores generales.

Pero además, y aunque en primera instancia esta situación no implique tener que devolver ese dinero, sí afirma que de mantenerse en el tiempo desde el Ejecutivo estatal puede optarse por rebajar los fondos que asigna a las islas para las citadas materias.

«Nos hace daño»

La visión de la consellera de Trabajo, Catalina Cabrer, es bien diferente. Porque aunque admite que las islas pueden verse abocadas a perder una parte de los fondos que han llegado de Madrid, responsabiliza de este hecho al propio Gobierno de Pedro Sánchez.

Ante las acusaciones de Llorenç Pou, Cabrer pone de relieve que los fondos que todavía no se han gastado en buena medida están comprometidos en convocatorias de ayudas que ya se han puesto en marcha, y recuerda que además el Govern todavía está a tiempo de utilizarlos, dado que no se ha agotado el plazo asignado para ello.

Pero es en relación con este último punto donde la consellera pone el origen del problema. Según Cabrer, las comunidades autónomas tenían la posibilidad de justificar el uso de los fondos de 2025 con la fecha límite del 31 de diciembre de este año, pero en la conferencia intersectorial, en la que participan todas las autonomías, desde la Administración central se decidió rebajar ese plazo hasta el 30 de junio del presente ejercicio, perjudicando así al conjunto de las comunidades, lo que ha generado la protesta de todas ellas.

Cabrer afirma que este cambio de las reglas de juego «nos hace daño», pero insiste en que el perjuicio no es solo para las islas, sino para el conjunto de las autonomías.

Es este problema el que puede conllevar que finalmente se pierdan parte de las partidas que se habían recibido desde Madrid, porque según la consellera la planificación que se había hecho permitía consumir la inmensa mayoría de ese dinero antes del próximo mes de diciembre.

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