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Vivienda

El Govern iniciará en pocos días los controles contra el fraude en la vivienda balear

Los agentes de la propiedad inmobiliaria han detectado ya 3.000 deficiencias en materia energética, 20 casos de fraudes e incluso alquiler turístico ilegal

El Govern y los API buscan dar un impulso a la vigilancia de los fraudes inmobiliarios.

FOTO: G. Bosch | VÍDEO: Redacción Digital

Fernando Guijarro

Fernando Guijarro

Palma

El Govern balear está a punto de poner en marcha la anunciada campaña de controles para frenar los fraudes que se están registrando en el mercado inmobiliario balear, según se ha confirmado desde la conselleria de Vivienda, hasta el punto de que su presentación estaba inicialmente prevista para el pasado día 12 aunque finalmente se pospuso por problemas de agenda. En esta iniciativa, como uno de sus principales impulsores, va a participar el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de las islas, desde el que se anuncia que tiene ya sobre la mesa alrededor de 3.000 casos de comercialización de viviendas sin aportar el necesario certificado de eficiencia energética, en torno a una veintena de casos de mala praxis por parte de profesionales del sector, e incluso alguno relacionado con el alquiler turístico ilegal, lo que supone que además del departamento de Vivienda que lidera José Luis Mateo van a tener que implicarse las conselleries de Empresa y Energía de Alejandro Sáenz de San Pedro y de Turismo de Jaume Bauzá.

Esta iniciativa nace de una propuesta presentada por el citado Colegio que preside José Miguel Artieda, y lo que busca es hacer frente al aumento de los casos de fraude que ha acompañado a un sector inmobiliario en el que los precios y las tensiones no han dejado de incrementarse durante los últimos años. Para ello, este organismo se ha comprometido a aportar al Govern todos los datos sobre las irregularidades que los API detecten o que les sean comunicadas.

José Luis Mateo, conseller de Vivienda

José Luis Mateo, conseller de Vivienda / B. Ramón

Casos detectados

Artieda ya anunció hace más de un mes que el Colegio tenía en cartera más de mil denuncias para presentar al Ejecutivo autonómico vinculadas a la carencia del certificado de eficiencia energética, necesario desde 2013 en el caso de compraventas y alquiler. Pues bien, la cifra que se ha comunicado a la Dirección General de Industria que se le va a remitir se sitúa ya en torno a los 3.000 casos.

Además, desde el Colegio se destaca que cuando apenas se ha iniciado el rastreo, este organismo tiene contabilizados ya una veintena de irregularidades relacionada con la actividad de ‘profesionales’ del sector, como es la publicidad engañosa, alquileres a los que se incorporan cláusulas que son nulas legalmente, entrega de reservas económicas para la adquisición de un inmueble o problemas en la devolución de las fianzas, por citar algunos ejemplos.

Alquiler turístico

Se destaca que también se va a poner la lupa sobre el alquiler turístico ilegal, con un caso ya detectado en relación con este punto, extendiendo el campo de actuación en la vigilancia de los agentes de la propiedad también a estas situaciones.

José Miguel Artieda, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares

José Miguel Artieda, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares / B. Ramón

Pero además de las situaciones señaladas hasta el momento, ya se avanzó hace algunos meses que la vigilancia se va a llevar a cabo igualmente sobre las denominadas ‘infraviviendas’ (como las que no alcanzan una superficie de 25 metros cuadrados), o frente a casos apuntados por la propia conselleria de Vivienda con la transformación de zonas comunes de los pisos, como el salón, en habitaciones para ofrecerlas en alquiler, una actuación que se ha extendido durante los últimos años pese a ser ilegal.

Desde el colegio de los API se ha insistido en que su vigilancia va a ser especialmente intensa en el caso de los fraudes cometidos por empresas y autónomos que se dedican profesionalmente a la actividad inmobiliaria, a la vista del crecimiento que ha registrado este sector y ante el fallido intento de crear un registro obligatorio de personas que se dedican a esta actividad.

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