Primeras consecuencias de la nueva reforma judicial: Alertan del riesgo de que prescriban las condenas por delitos leves en Palma

Fuentes sindicales del CSIF han alertado del riesgo de que prescriban las condenas por delitos leves en los próximos meses en Palma. La reciente transformación de los juzgados en el Tribunal de Instancia de Palma, que se inició con la entrada del año nuevo, como establece la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia, ha supuesto que el personal dedicado a las ejecuciones de delitos leves se haya visto reducido a prácticamente la mitad de los funcionarios que lo hacían antes.

Si se tiene en cuenta que este tipo de delitos, que anteriormente se conocían como faltas, tienen un periodo de prescripción mucho más corto que los delitos ordinarios que se sitúa en los seis meses y que, además, la plantilla se ha visto aminorada por la última reforma en la Administración de Justicia, que ha supuesto un cambio radical en la organización de la oficina judicial, existe “un riesgo más evidente” de que se produzcan prescripciones, según indican desde el sindicato CSIF.

Por otro lado, el órgano que se encarga de la ejecución de delitos ordinarios está ya sobresaturado ante el volumen de expedientes que recibe. No es un hecho nuevo para el antiguo juzgado de lo penal número 8 de Palma, que históricamente ha arrastrado una gran carga de trabajo con muy poco personal a su servicio y que ha visto cómo caducaban determinados procedimientos.

En estos primeros meses de 2026 han entrado unos 1.200 asuntos, a los que hay que sumar los procedimientos anteriores del pasado año, por lo que resulta imposible ir al día ante este aluvión de expedientes debido la escasez de la plantilla. Hay una docena de plazas sin cubrir y esto se traduce en que están prescribiendo algunas condenas como por ejemplo las penas de trabajos comunitarios o de localización permanente o las que implican la retirada de carnés de conducir. De hecho, hay casos puntuales en los que se ha tenido que devolver los carnés de conducir a sus titulares porque las condenas ya han caducado.

“Se trata de un órgano muy grande y desde el pasado verano en ningún momento ha podido completar la plantilla. La semana pasada había quince mesas sin cubrir. Es una situación que puede dar lugar a que prescriban determinados procedimientos”, reconocen desde el sindicato CSIF.

Tiempo atrás también caducaban algunos asuntos en el antiguo juzgado de lo penal 8. No es una novedad. Y tampoco se tiene la sensación de que haya aumentado de forma significativa la prescripción de casos, según detallan algunos operadores jurídicos.

Fuentes sindicales del CSIF precisan que este problema no se debe a la reciente implantación del Tribunal de Instancia de Palma, sino que la principal causa del anormal funcionamiento en el órgano que se encarga de la ejecución de delitos ordinarios responde a que no se ha podido cubrir la plantilla.

Sin medios materiales

“No hay personal. Tampoco hay medios materiales, el sistema informático muchas veces falla. Es muy complicado incluso que te den hasta bolígrafos”, asegura un antiguo funcionario que conoce bien esas dependencias de Vía Alemania y que ya no trabaja allí. “El desánimo entre los funcionarios es muy grande porque aunque te mates a trabajar no puedes desatascar la situación”, añade. Este sentimiento de frustración es generalizado en gran parte de la plantilla de las sedes judiciales de Vía Alemania y sa Gerreria en Palma, que es consciente de que la actividad está en cierta manera paralizada y esto va a generar un tapón enorme.

Respecto a las ejecuciones penales, indican que no llevaban mucho retraso acumulado de meses atrás. Las demoras eran puntuales y localizadas, de pocos meses. “Hay compañeros que vienen a trabajar en fin de semana, los sábados, para poder sacar papel. Otros se llevan el ordenador portátil a casa para trabajar por la tarde”, explican.

El principal obstáculo es la escasez de la plantilla. Hay una docena de bajas, funcionarios que se han jubilado, cinco que se han marchado con el proceso de estabilización, otros que se han trasladado a la Audiencia Provincial y los refuerzos que se han incorporado no son suficientes. Algunas de estas incorporaciones también tienen que hacer las guardias en la sección de instrucción.

“Falta mucho personal y eso genera tensión porque la carga de trabajo es muy elevada. Hay un atasco. No se da abasto”, sentencia otro operador jurídico.

En cuanto a las prescripciones, las penas de prisión no prescriben porque son prioritarias. Si son condenas mínimas de dos o tres meses de cárcel, el plazo de prescripción es de un año. Y las penas superiores prescriben a los cinco años. Las multas tampoco suelen prescribir, salvo algún caso puntual. Y las responsabilidades civiles nunca caducan. Por tanto, los casos afectados serían los trabajos comunitarios, localizaciones permanentes o delitos leves.

Fuentes jurídicas confirman que las ejecuciones de delitos ordinarios no se pueden resolver y llevar al día, salvo un pequeño porcentaje, ya que no tienen capacidad por la falta de personal. No se puede tramitar todo lo que llega, ante el volumen de entrada tan elevado registrado, lo que va a generar un colapso difícil de solucionar con los medios actuales.

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