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Los auxiliares técnicos de Baleares dan un ultimátum al Govern: movilizaciones inminentes ante una precariedad "insostenible"

CCOO denuncia la falta de respuesta del Ejecutivo balear tras la entrega de 7.000 firmas que exigen contratos de doce meses y condiciones dignas

La situación en el Colegio de Educación Espacial Son Ferriol, sin grúas ni equipamiento básico, actúa como detonante de un malestar que amenaza con paralizar el servicio de apoyo educativo

Una auxiliar atiende a uno de sus estudiantes en un aula.

Una auxiliar atiende a uno de sus estudiantes en un aula. / FREEPIK

Nair Cuéllar

Nair Cuéllar

Palma

La paciencia se ha agotado para los Auxiliares Técnicos Educativos (ATE) de Baleares, que denuncian el "abandono sistemático" por parte de la Administración. Lina Trias, delegada de personal laboral de Comisiones Obreras (CCOO) y voz veterana del sector, es tajante al advertir que, si no hay una respuesta satisfactoria por parte del Govern, las movilizaciones serán inevitables. El colectivo, compuesto mayoritariamente por mujeres, exige que se cumplan los compromisos adquiridos y se ponga fin a un modelo de contratación que tildan de "mercantilista".

La indignación actual emana de un compromiso que parece haberse quedado en papel mojado. El año pasado -según relatan- el sindicato logró movilizar a la sociedad balear, recabando casi 7.000 firmas en apoyo a las ATE. Fue una campaña a pie de calle, en rincones emblemáticos como la calle Olmos en Palma, donde explicaron a padres, docentes y ciudadanos anónimos la realidad de su día a día. Aquella movilización consiguió arrancar un compromiso de los responsables de Función Pública y Educación del anterior Ejecutivo, quienes se mostraron "favorables" -explica Trias- a la instauración de los contratos de doce meses.

Sin embargo, el cambio de gobierno y el paso de los meses han devuelto al colectivo a la casilla de salida. Trias relata con frustración que están a la espera de una respuesta definitiva por parte de los nuevos responsables. La urgencia es máxima, ya que la precariedad no solo afecta a sus nóminas, sino a la propia estructura del sistema educativo inclusivo. Para las delegadas de CCOO, la negativa a estandarizar los contratos anuales no es una cuestión de imposibilidad presupuestaria, sino "de falta de voluntad política" hacia un colectivo que "no es numéricamente inabarcable para las arcas públicas".

Contratos

Uno de los puntos clave de la denuncia es la deriva que han tomado los nuevos contratos. Según explica Trias, la Administración ha pasado de los contratos interinos tradicionales a lo que denominan "contratos por exceso de producción". Esta terminología "supone tratar a los alumnos con necesidades especiales como si fueran un mero producto", valora la delegada del sindicato. Ahonda en que estos contratos expiran a principios de junio, dejando a los niños sin apoyo antes de que termine el calendario escolar y enviando a las trabajadoras al paro durante los meses estivales.

La Administración ha pasado de los contratos interinos tradicionales a lo que denominan "contratos por exceso de producción"

Esta discontinuidad laboral es -dice- especialmente dolorosa en un sector "profundamente feminizado", donde "muchas de las profesionales son mujeres separadas o familias monoparentales que dependen de esa estabilidad para subsistir". La delegada de CCOO insiste en que la lucha por los doce meses es una cuestión de justicia social básica.

Riesgo físico

Según detalla, la situación de precariedad laboral se ve agravada por unas condiciones de trabajo que, en algunos puntos de las islas, rozan la insalubridad y el riesgo físico. Lina Trías describe conmovida su reciente visita al Colegio de Educación Especial Son Ferriol, el único de su categoría en Baleares, que -matiza- "debería ser un referente de excelencia" y que, sin embargo, presenta carencias sumamente importantes. La falta de grúas para la movilización de alumnos con gran discapacidad física es una de las denuncias más graves, obligando a las auxiliares a realizar grandes esfuerzos que comprometen su salud.

Además, critica que las instalaciones de este centro específico "no están a la altura de las necesidades del servicio". Trias menciona deficiencias en las zonas de duchas y la falta de vestuario adecuado para el personal. Cuenta que en invierno, las trabajadoras terminan empapadas al asistir a los alumnos en su higiene personal, sin contar con el equipamiento necesario para protegerse del frío o la humedad. A esto se suma la finalización del contrato del fisioterapeuta este mismo domingo, dejando un vacío asistencial que las ATE no pueden suplir pero que terminan absorbiendo por pura responsabilidad vocacional.

El factor vocacional es, precisamente, el "aval moral" que mantiene en pie el sistema, considera Trias. Y es que la mayoría de estas profesionales son integradoras sociales o educadoras infantiles que realizan tareas que van mucho más allá de lo que estipula su contrato. Sin embargo, sienten que la Conselleria abusa de ese compromiso. Denuncian que "el nivel de exigencia en las aulas ha cambiado drásticamente en los últimos años", con casos cada vez más complejos que requieren una especialización que la Administración no reconoce, manteniendo el graduado escolar como único requisito de acceso en el bolsín de trabajo.

Oposiciones

El malestar también se extiende al ámbito de las oposiciones, un proceso que las trabajadoras califican de "caótico" y poco transparente. Trias recuerda con nostalgia que hace años los exámenes eran más coherentes con la labor que se desempeña. Hoy -dice- se encuentran con tribunales que consideran poco especializados y procesos que obligan a las auxiliares a presentarse a nuevas pruebas sin conocer siquiera los resultados de las anteriores, generando "un estrés innecesario" en un colectivo que "ya soporta una carga emocional y física muy elevada en su jornada diaria".

La falta de un plus de peligrosidad es otra de las espinas clavadas en el sector. Al estar en primera línea de atención al alumnado con trastornos de conducta o discapacidades graves, las agresiones —mordeduras, tirones de pelo o golpes— son una realidad cotidiana. El hecho de que la Administración no reconozca este riesgo mediante un complemento salarial es visto como "una falta de respeto" a su integridad.

Ante este escenario, el mensaje de Trias y del resto de delegadas de CCOO es unívoco: no habrá más esperas. La entrega de las 7.000 firmas fue un aviso que el Ejecutivo aún no ha resuelto. La comunidad educativa, incluyendo a profesores y padres que también plasmaron su rúbrica en aquellos documentos, observa con atención los próximos pasos del sindicato. El otoño caliente que se preveía se ha trasladado a una primavera de indignación que podría culminar en paros y protestas.

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